Es la mejor forma jurídica que tiene la sociedad para protegerse de inmediato ante cualquier exceso de autoridad.
Incluso, por la importancia que tiene el juicio de amparo para garantizar derechos fundamentales, debería ser muy sencillo solicitarlo, sin tener que pagar los servicios del abogado.
Hay que cuidar que no se trastoque ni revierta su sentido.
Por desgracia, muchos se han aprovechado de este instrumento para eludir la acción de la justicia o satisfacer intereses políticos. Es lo que seguramente ha llevado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a presentar una iniciativa que contribuya a perfeccionar la ley de amparo.
No se vale que los poderosos utilicen este instrumento para no pagar o retrasar el pago de impuestos.
Tampoco se vale que se frene una obra de beneficio colectivo, argumentando que afecta a la población, cuando en el fondo lo que se busca es entorpecer y bloquear los beneficios que promueve la autoridad.
El tema toca fibras sensibles y obliga a redoblar cuidados ante el propósito de reformar la ley.
Por eso hace bien el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, en subrayar la importancia de escuchar la voz de expertos. Si bien su bancada Morena ha dicho que no es partidaria de lo que se llama Parlamento Abierto, Corral está convencido de la necesidad de consultar a especialistas, para cuidar entre todos el instrumento jurídico.
Quitar resquicios de la ley que solo se han utilizado para fomentar vicios que se prestan a corrupción e impunidad y dejarle la esencia que protege derechos fundamentales del ciudadano.
Es lo que busca la iniciativa presidencial, hacer precisiones que impidan abusos de quienes pueden pagar a su abogado la elaboración de múltiples amparos solo con el fin de retrasar la impartición de justicia; práctica muy empleada por los que no les gusta pagar impuestos.
También ha sido evidente como organizaciones políticas que se presentan como organizaciones civiles se han aprovechado del concepto de “interés legítimo” establecido en la ley de amparo, para obstruir acciones de tipo social, sin importarles el daño que ocasionan a la misma sociedad.
Obviamente hay organizaciones serias y responsables, auténticas, que de verdad defienden intereses colectivos.
La iniciativa presidencial plantea agregar una definición al concepto de “interés legítimo” en los juicios de amparo, redactado en los siguientes términos:
“Tratándose de interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo”.
Sin duda, este es uno de los puntos que deberán de analizar con detalle los senadores.
Otro es el alcance que le pretende dar la iniciativa a la “suspensión”, para que ya no se deje en pausa el objeto que motiva el amparo, como sucede en la actualidad, en espera de que el juzgador emita su resolución definitiva.
Lo bueno de la iniciativa es que, de ser aprobada en sus términos, el juzgador tendría un plazo de 60 días, que empiezan a correr una vez desahogada la audiencia constitucional, para sacar su sentencia. En la ley vigente el juzgador no tiene tiempo límite para terminar su trabajo.
La iniciativa sería aprobada por el Senado a más tardar el próximo mes, con el tiempo suficiente para que la Cámara de Diputados haga lo propio durante el actual periodo ordinario de sesiones.
Como es ley secundaria, para aprobarla basta la mayoría simple.
