La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, reculó y su partido, Morena, en el Senado dio marcha atrás a la propuesta de efectuar un Parlamento Abierto para discutir la iniciativa de reformas constitucionales.
Se analizará en comisiones y luego se llevará al pleno senatorial para su discusión, votación y, en su caso, aprobación, confirmaron la presidenta de la Mesa y el coordinador de Morena Laura Itzel Castillo y Adán Augusto López Hernández.
“Creo yo que la iniciativa está perfectamente condensada, adaptada a los nuevos tiempos del sistema judicial”, declaró el controvertido ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Tabasco involucrado con “La Barredora”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política adelantó que la iniciativa podría discutirse en comisiones la próxima semana y aprobarse entre la última semana de septiembre y la primera de octubre.
Adán Augusto fue más allá y dijo que sobre posibles modificaciones, primero se revisará dentro de Morena y, posteriormente, los demás partidos podrán presentar sus propuestas.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, consideró “gravísimo que quieran aprobar al vapor una reforma tan regresiva, tan dañina, tan nociva a los derechos de los ciudadanos”.
“Insistir en que esta reforma a la ley de amparo, disfrazada de que supuestamente va a ser más rápidos los trámites, en realidad lo que está haciendo es quitarles derechos a los ciudadanos.
Están estableciendo, primero, que los efectos de las suspensiones ya nunca van a ser generales. Aunque un juez determine que una ley o un artículo es inconstitucional, es violatorio de la Constitución, eso solamente le va a beneficiar a quien haya promovido el amparo.
¿A quién afecta eso? Pues a la gente con menos recursos, ¿a quién le beneficia? Pues a quienes pueden contratar y pagar los grandes despachos de abogados.
Lo que quieren es poder destruir el medio ambiente sin que un juez federal pueda detener sus obras faraónicas y por eso han establecido también en otro artículo de la nueva ley de amparo, que solamente van a poder pedir amparo los que sean perjudicados directos y de manera diferenciada a los demás.
Entonces, cuando la 4T esté destruyendo un manglar o la selva, pues no podrá una organización no gubernamental, un grupo de comuneros, un grupo de ejidatarios, un grupo de ambientalistas oponerse a esa obra aun cuando cause un daño ambiental enorme.
Abren la puerta en varios artículos de la ley a que la autoridad que está violando los derechos humanos no acate la sentencia alegando imposibilidad, dice la reforma, material o jurídica.
Entonces, ahora resulta que las autoridades de la 4T le van a poder responder a un juez federal, no acato tu sentencia de amparo, porque yo tengo una lectura distinta de la ley y por lo tanto considero tener una imposibilidad jurídica.
Es un absurdo total, pero es sobre todo ya un descaro del régimen de consolidar esta estructura autoritaria en el país.
