*La revisión minuciosa del expediente muestra cómo las autoridades intentaron ligar el caso Iguala al narcotráfico con el nombre de Serafín Zambada, mientras ocultaban el carácter de crimen de Estado.
Por Guadalupe Lizárraga
Uno de los analistas del Grupo Pascal Bourne, consultado por Los Ángeles Press, confirmó que en la revisión de “cientos de miles de hojas” del expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso Iguala, sólo se encontraron dos referencias aisladas a Serafín Zambada Ortiz, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
Una de las menciones aparece en una consulta ministerial del 24 de diciembre de 2015, dentro de la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, cuando el agente del Ministerio Público Edgar Nieves Osornio, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad solicitó a la Policía Federal reportó antecedentes de “una persona de nombre Zambada Serafín”
La segunda se encuentra en el Tomo 160, folios 782 a 784, de la FGR, donde se solicitó a múltiples instancias de seguridad información sobre él, —entre ellas el CISEN, Plataforma México y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
Solicitud de antecedentes penales de Serafín Zambada
https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/09/16/solicitud-de-antecedentes-penales-de-serafin-zambada-2a0EKacWN.pdf&embedded=true
Respuesta a la solicitud de antecedentes de Serafín Zambada
https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/09/16/respuesta-de-los-antecedentes-de-serafin-zambada-lc4fPmlyM.pdf&embedded=true
Más allá de estas dos notas administrativas, no existe ninguna conexión con la investigación de la desaparición de los 42 estudiantes de Ayotzinapa y el militar infiltrado. “Lo de Serafín es todo lo que aparece en el expediente, nada tiene que ver con los estudiantes. No encontramos ninguna relación de ese Serafín con la investigación, pero como está mencionado en esas dos notas, teníamos que dejar constancia de ello. Repito: no hay ninguna relación y no imagino por qué está en el expediente”, señaló el analista del Grupo Pascal Bourne.
La narrativa oficial y policial
Desde 2014, las autoridades federales, encabezadas por la PGR y la Policía Federal, sostuvieron la hipótesis de que los normalistas habían sido confundidos con integrantes de Los Rojos, rivales de Guerreros Unidos. Bajo esa lógica, la desaparición era explicada como un ataque derivado de un conflicto entre cárteles.
En ese contexto, la incorporación del nombre de Serafín Zambada en el expediente por la Policía Federal se inscribe en un patrón de intentos por conectar el caso Iguala con estructuras mayores del narcotráfico, aunque no hubiera pruebas que lo sostuvieran.
El 26 de septiembre de 2014, el nombre de Serafín Zambada resonaba en los medios mexicanos y estadounidenses, porque se había declarado culpable de narcotráfico en San Diego, California, de donde es originario. Admitió haber traficado de México a Estados Unidos 100 kilos de cocaína y una tonelada de mariguana. Fue liberado de prisión cuatro años después, en septiembre de 2018.
El papel de Anabel Hernández en el relato
Esa misma narrativa fue amplificada en medios mexicanos por la periodista Anabel Hernández, quien insistió públicamente en la participación de cárteles de droga en la desaparición de los normalistas.
En su libro La verdadera noche de Iguala (2016), Hernández sostuvo que la desaparición de los normalistas estaba vinculada a una operación de narcotráfico. Argumentó que los estudiantes habrían tomado sin saberlo un autobús cargado con heroína de Guerreros Unidos con destino a Chicago, lo que habría detonado el ataque.
Esa tesis fue ampliamente criticada porque situaba la tragedia dentro de una disputa del narcotráfico, reforzando así la narrativa de la PGR que buscaba explicar el caso como un pleito entre cárteles y alejaba el foco del papel del Ejército y del Estado.
Aunque estas versiones se difundieron ampliamente y marcaron la percepción mediática del caso, el análisis documental demuestra que no existía sustento. En el expediente judicial, Serafín Zambada Ortiz aparece únicamente de forma tangencial, por la solicitud de información a la Policía Federal, pero sin relación alguna con los estudiantes ni con el ataque del 26 de septiembre de 2014.
Contraste con el Informe Pascal
Lo que el Informe Pascal demuestra es que, en el expediente de la FGR, no hay evidencia documental que vincule a los estudiantes con el narcotráfico ni a personajes como Serafín Zambada con la desaparición. No se trata de un hallazgo menor: confirma que el expediente de la FGR fue utilizado para sembrar menciones aisladas a narcotraficantes con el fin de sostener la narrativa de un conflicto criminal, cuando en realidad se trataba de un crimen de Estado.
El contraste entre la documentación oficial y el relato público revela un patrón de manipulación: mientras las autoridades y ciertos periodistas insistían en criminalizar a los estudiantes por supuestos vínculos con el narcotráfico, los tomos del expediente de la FGR muestran que esas conexiones eran inexistentes.
