A casi un año del inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum la política de atención a la violencia y la inseguridad se mantiene militarizada y, pese a algunos algunos avances, presenta preocupantes retrocesos. En el marco de la entrega de su primer informe de gobierno, en MUCD analizamos cuáles de las acciones mencionadas en la agenda de seguridad y justicia representan avances y cuáles resultan problemáticas y preocupantes:
La presidenta Sheinbaum afirmó que la estrategia de seguridad que sigue su gobierno se basa en cuatro ejes fundamentales que son la atención a las causas del delito, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la coordinación de todos los órdenes de gobierno. En MUCD coincidimos en la importancia de atender las causas del delito y de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública. Por ello, saludamos que en el marco de la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública se haya dotado al Secretariado Ejecutivo (SESNSP) con facultades para desarrollar estándares de profesionalización policial, entre otros.
Sin embargo, no compartimos la incoherencia de querer atender las causas de la violencia manteniendo la militarización de la seguridad tanto a través del uso de la fuerza armada permanente como de la consolidación de la Guardia Nacional, que ya es una cuarta fuerza armada. Además, y pese a que sabemos que es necesario fortalecer la investigación y la inteligencia para perseguir y sancionar el delito, rechazamos las atribuciones otorgadas a varias instituciones que permitirán afectar los derechos a la privacidad de la población y fortalecer instrumentos estatales que pueden emplearse para perseguir a personas defensoras, periodistas, críticos del gobierno y vigilar a la población en general.
En términos de resultados, recalcamos la necesidad de hacer un manejo honesto y responsable de los datos, así como de fortalecer la calidad estadística y la transparencia de sus metodologías para informar correctamente a la población, facilitar la toma de decisión y monitorear los fenómenos delictivos que nos afectan. Esto nos parece particularmente importante ya que la presidenta presentó en su informe importantes disminuciones de delitos de alto impacto mezclando datos del SESNSP -que aún no están disponibles para agosto de 2025- y de los informes del gabinete de seguridad -cuya metodología no es pública- midiendo, además, dos momentos aislados y no el acumulado completo de su administración.
Así, por ejemplo, reportó una disminución del 25% en el homicidio doloso comparando el promedio diario de víctimas del mes de julio de 2025 contra el promedio diario de septiembre de 2024. Pese a que ese cálculo es correcto, si se mide la diferencia entre los primeros 10 meses de su gobierno contra los últimos 10 meses del gobierno anterior -porque no podemos medir 11 meses dado que los datos del SESNSP de agosto aún no son públicos-, dicha reducción es del 12%. Es decir, un poco menos de la mitad de lo reportado. Respecto a las disminuciones de homicidios en estados como Tabasco (-48%) y Guanajuato ( -60%), los datos provistos por la presidenta no corresponden con aquellos que arrojan los registros oficiales del SESNSP, pues para el conjunto de los 10 primeros meses de su gobierno, estas entidades presentaron aumentos del 8% y 5%, respectivamente.
Lo mismo sucede con el feminicidio, delito sobre el que la presidenta Sheinbaum aseguró haber logrado una disminución del 34%. Aquí de nuevo, si se compara solo el mes de septiembre 2024 contra el mes de julio de 2025 el resultado puede ser correcto. Sin embargo, si se compara todo el periodo de su gobierno para el que tenemos datos disponibles contra el mismo número de meses del último tramo del sexenio anterior, la disminución es de 17%. Además, en materia de reducción de la violencia letal, es necesario evitar triunfalismos considerando que el INEGI reportó este agosto, en su medición preliminar de homicidios dolosos ocurridos en 2024, que los asesinatos crecieron un 3.1% respecto a 2023, lo que supondría un rompimiento de la tendencia a la baja que se venía experimentando desde 2021.
En materia de justicia, lejos de presentar avances, este sexenio inició con un profundo retroceso marcado por la aprobación de la legislación secundaria de la reforma judicial y la celebración de la primera elección de jueces, magistrados y ministros. Así, la nueva era en el poder judicial implicará barreras al acceso a la justicia como el arribo de perfiles sin carrera judicial y la desprofesionalización de jueces en materias específicas como la justicia para adolescentes. Además, ralentizará procesos, retrasará o reiniciará juicios enteros, comprometerá la independencia judicial y dejará intactas las causas estructurales de la impunidad en México, como la casi nula judicialización de los pocos casos que se denuncian ante fiscalías.
Finalmente, en materia de institucionalidad y Estado de derecho, la presidenta destacó durante su informe el fortalecimiento de las Empresas de Participación Mayoritaria Estatal (particularmente aquellas que administra la Secretaría de la Defensa), la desaparición de los Organismos Autónomos Constitucionales, la inclusión de la extorsión como delito grave en la constitución y la prohibición de los vapeadores. Aspectos en realidad preocupantes, porque dar más poder económico y operativo a los militares, debilitar la transparencia y aumentar el enfoque punitivo y prohibicionista es antidemocrático y riesgoso para los derechos humanos.
Desde MUCD hacemos un llamado a que se fortalezca la conducción civil de la política de seguridad, así como su conectividad con la procuración y administración de justicia en un marco de apego irrestricto a los derechos humanos. Asimismo, urgimos al gobierno federal a limitar y reducir el empoderamiento económico de las fuerzas armadas con el objetivo de preservar su integridad y función original, que es la protección territorial del país contra amenazas extranjeras y no la administración de empresas ni la provisión de servicios públicos. Apostemos por el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y desarrollemos políticas de seguridad y justicia basadas en evidencia.
