*La desaparición de Jorge Antonio Tizapa fue seguida por un encubrimiento institucional encabezado por Eber Omar Betanzos Torres, exfiscal del caso Ayotzinapa, actual titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación.
Por Guadalupe Lizárraga….
SEGUNDA PARTE
El 8 de septiembre de 2016, dos años después de la desaparición de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, su teléfono celular fue entregado al Ministerio Público Federal. Durante todo ese tiempo había sido utilizado y activado, desde el 4 de octubre de 2014, por un policía estatal de Guerrero identificado con las iniciales S.P.D.
El hallazgo lo hizo «Pascal Bourne», seudónimo del grupo de inteligencia ciudadana que elaboró el Informe Pascal sobre el caso Ayotzinapa, y que constituye una de las evidencias más contundentes de la colusión entre autoridades estatales y federales para encubrir a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.
Según el II Informe del GIEI (p. 219), el 4 de octubre de 2014 la línea telefónica de Jorge Antonio Tizapa registró actividad en la antena de Margaritas, junto al Palacio de Justicia de Iguala, con varios envíos de mensajes de texto. Ese mismo registro mostró un cambio de IMEI, lo que el GIEI interpretó como un “cambio de aparato” celular. Sin embargo, esta lectura —de acuerdo con el Informe Pascal— resulta incompleta y engañosa: no era Tizapa quien usaba el chip, sino un policía estatal adscrito al Centro Regional de Adiestramiento Policial (CRAPOL) de Iguala.
El propio II Informe del GIEI (p. 219) señala:
“El día 04 de octubre de 2014, la línea telefónica registra activación de la Antena Margaritas Palacio de Justicia, en los horarios: 16:48:20 horas, 16:48:56 horas, 16:49:34 horas, 16:50:12 horas, 16:51:21 horas y 16:53:06 horas; esto se debe a que se envían mensajes de texto al número 127373 y 7373, como sucede en otros casos aquí descritos, se detecta un cambio de IMEI pasando del 011929004621390 al 359609054307130, es decir, se cambió el chip de aparato celular”.
No obstante, el Informe Pascal, entregado a Los Ángeles Press con observaciones precisas y pruebas documentales obtenidas de fuentes abiertas, desmiente al GIEI y califica como “deficiente investigación” lo realizado sobre el teléfono de Jorge Antonio Tizapa.
“La persona que utilizaba la línea telefónica —solo el chip— de Jorge Antonio Tizapa Legideño el 4 de octubre de 2014 no se encontraba en el Palacio de Justicia; en realidad, se trataba de un policía estatal que se encontraba permanentemente adscrito en el CRAPOL de Iguala”, precisa el informe. Y cuestiona: “¿Por qué la PGR no investigó como indiciado al policía estatal que entregó, el 8 de septiembre de 2016, al agente del Ministerio Público Federal el teléfono del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño, teléfono marca Sony Xperia ST23a, con número ICCIDPY7PM-0190, IC 4170B-PM190, IMEI 354388056397269?”.
El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia había detectado que esa línea seguía activa en poder del policía estatal. Sin embargo, en lugar de solicitar una orden judicial para intervenir sus comunicaciones, rastrear su ubicación y formar un grupo especial de la PGR —como lo exigían las circunstancias—, la Subprocuraduría a cargo de Eber Omar Betanzos Torres filtró la información al secretario de Seguridad Pública de Guerrero, quien alertó al policía. Así se preparó su coartada antes de declarar en Iguala.
El Informe Pascal lo resume de manera contundente:
“…En lugar de hacer eso, alguien desde la oficina del subprocurador Eber Betanzos filtró esta invaluable pista al secretario de Seguridad Pública de Guerrero, quien a su vez llamó a este policía estatal para prevenirlo y prepararle su declaración y una posible coartada, y todo lo que debía declarar en Iguala, el 8 de septiembre de 2016, ante el AMPF que mandó el Subprocurador Eber Omar Betanzos a Iguala”.
El policía declaró ese mismo 8 de septiembre de 2016, a las 10:20 horas, que había adquirido el teléfono por 700 pesos a su hermana, dueña de una fonda en el Mercado Municipal de Iguala. Ella, ese mismo día a las 13:10 horas, sostuvo que el aparato había sido “abandonado” por unos jóvenes a los que vendió comidas y bebidas alcohólicas, y que tres días después lo vendió a su hermano en 800 pesos.
El Informe Pascal destaca las contradicciones en la versión de los hermanos. Por una parte, el artículo 31 del Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante de Iguala ordena a la administración impedir que se introduzca cerveza o cualquier bebida alcohólica al interior del inmueble. Por otra, el artículo 32 del mismo ordenamiento establece que en los locales del mercado está estrictamente prohibido consumir cerveza o bebidas alcohólicas, incluso en los predios exteriores de propiedad municipal. Solo podría autorizarse una licencia de manera excepcional para un local de alimentos.
Los reglamentos locales que prohíben el consumo o venta de bebidas alcohólicas en las fondas dentro del Mercado Municipal de Iguala datan de 2007 y siguen vigentes. De hecho, tanto el Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante como el Reglamento para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas se encuentran recopilados hasta 2025 en los listados normativos actualizados del Ayuntamiento. Esto refuerza el argumento de que la versión de la hermana del policía —sobre que se expendieron bebidas alcohólicas en su fonda— carece de validez legal y no corresponde con las regulaciones oficiales en vigor.
Por otra parte, las contradicciones en los montos (700 pesos según declaró el policía frente a los 800 pesos señalados por su hermana) y en la secuencia de hechos evidencian una declaración fabricada. Ambas versiones quedaron registradas en la Recomendación VG/015/2018 de la CNDH (apartado 22, evidencias 45 y 46).
El analista del Informe Pascal señala a Los Ángeles Press que «lo normal, hubiera sido detener al policía estatal y llevarlo en avión a la PGR a que declarara y que después de esto, se mandara localizar a la hermana para tomarle su declaración sin haberla prevenido. En lugar de eso, se les aviso con tiempo a ambas personas, se programó y escalonó la comparecencia de ambos, el mismo día a diferentes horas, esto permitió que ambos declarantes se pusieron de acuerdo, en su versión que es contradictoria.
Declaración del policía estatal S.P.D. el 8 de septiembre de 2016, a las 10:20 horas.
https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/08/25/policia-celular-23m8VyZQN.pdf&embedded=true
Declaración de la hermana del policía estatal, el 8 de septiembre de 2016, a las 13:10 horas.
https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/08/25/hermana-policia-celular-hAzHY4ecF.pdf&embedded=true
La pista desechada
De haberse investigado la línea telefónica del policía estatal, habría sido posible georreferenciar su presencia en los escenarios clave de la noche del 26 de septiembre de 2014: Juan N. Álvarez, el Palacio de Justicia y la posterior desaparición de los normalistas. Su plan fijo de Telcel, activo desde antes de los hechos, facilitaba la obtención de todo su historial.
Un mapa narrativo elaborado por Los Ángeles Press muestra la posición estratégica del Cuartel de la Región Norte del CRAPOL, ubicado en la colonia Ampliación San Isidro, en la esquina de las calles Emiliano Zapata y Benito Juárez. En la fecha en que el policía estatal rindió su declaración, esta base se encontraba bajo la dirección de Bladimir Guevara Santillán.
El análisis de distancias entre el CRAPOL y los escenarios donde ocurrieron los eventos clave confirma la capacidad de despliegue inmediato de la Policía Estatal la noche de los ataques. Desde la colonia San Isidro hasta la Terminal de Autobuses Estrella Blanca había apenas 2 kilómetros —unos cuatro minutos en vehículo—, mientras que el trayecto hasta el Palacio de Justicia era de 5.6 kilómetros, cubiertos en alrededor de once minutos. Estas cifras evidencian que la corporación policiaca podía movilizarse rápidamente desde su base hacia los puntos donde fueron interceptados los normalistas.
Lejos de ser un dato menor, esta proximidad refuerza la hipótesis de que la Policía Estatal no sólo tuvo conocimiento de lo ocurrido, sino que participó de manera directa en los operativos de detención y desaparición del 26 de septiembre de 2014. El hecho de que el policía en posesión del celular de Jorge Antonio Tizapa estuviera adscrito permanentemente a esa base lo vincula de forma inequívoca con las acciones desplegadas aquella noche. Con estas evidencias pudo haber sido detenido e imputado por el delito de desaparición forzada, de acuerdo con el Informe Pascal, pero fue protegido por la PGR y la Coordinación estatal de la Policía Federal, blindado además con las declaraciones falsas de su familiar.
El GIEI, en lugar de señalar con claridad esta irregularidad, se limitó a registrar la “actividad” y el “cambio de IMEI”. Así omitió uno de los indicios más contundentes: que un policía estatal llegó a utilizar el teléfono de un estudiante desaparecido durante dos años, con plena cobertura de autoridades locales y federales.
El Informe Pascal lo subraya:
“Este policía estatal emitió su declaración y entregó en esta fecha el teléfono que pertenecía al normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño —Evidencias de la CNDH, Recomendación VG 015/2018, Apartado 22, Evidencia 45—. Asombrosamente, el policía nunca ha sido relacionado con la desaparición forzada de los normalistas; en cualquier otra parte del mundo, este policía estatal hubiera sido detenido y juzgado por esta desaparición”.
La Evidencia 45, incluida en los anexos del Apartado 22 de la Recomendación 15VG/2018 de la CNDH, documenta cómo el policía estatal adscrito al CRAPOL entregó el celular de Jorge Antonio Tizapa Legideño. Este archivo está disponible en los documentos complementarios vinculados a la recomendación.
Uno de los analistas del grupo Pascal Bourne enfatizó a Los Ángeles Press la complicidad de las autoridades federales con las estatales en el caso Ayotzinapa:
“La PGR aceptó la versión de que este policía se encontraba en Chilpancingo la noche del 26 de septiembre de 2014, y que el teléfono de Jorge Antonio Tizapa Legideño lo había adquirido por medio de su hermana, quien se lo había vendido en 700 pesos, y que su hermana tiene una fonda en la parte de arriba del Mercado de Iguala. Y repetimos: en el Mercado Municipal de Iguala nadie expende bebidas embriagantes, menos en una fonda”.
El mismo analista concluyó:
“Es indiscutible que este policía estatal participó directamente en la detención de los normalistas en el escenario de Juan N. Álvarez, luego en el escenario del Palacio de Justicia y finalmente en la desaparición de los normalistas. Obtener su telefonía nos habría permitido precisar la georreferenciación de su participación en las escenas del crimen en los momentos clave de la noche del 26 de septiembre de 2014”.
Eber Betanzos y el blindaje institucional
Doctorado en derechos humanos, Eber Omar Betanzos Torres apareció en la escena pública el 16 de mayo de 2015, cuando la procuradora Arely Gómez lo nombró Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, en plena crisis por la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam. Desde ahí tuvo bajo su control las fiscalías de desapariciones y derechos humanos, además de la interlocución directa con el GIEI. Fue en su oficina, en 2016, donde se concentró la información sobre el celular de Jorge Antonio Tizapa en manos del policía estatal.
En lugar de procesarlo, Betanzos avaló la filtración que permitió al policía preparar su coartada junto con su hermana. El 8 de septiembre, el policía entregó el teléfono y repitió la versión fabricada de su hermana; la PGR la validó sin objeción. Un mes más tarde, en octubre de 2016, Betanzos tuvo que dejar la institución en medio de la ruptura con el GIEI y se refugió en la Secretaría de la Función Pública como subsecretario.
“El caso Iguala no se cerrará hasta que caiga el último responsable”: Eber Betanzos, fiscal del caso Ayotzinapa (El País, 27 abril 2016)
Hoy, lejos de rendir cuentas por aquella cadena de omisiones que blindó a un policía estatal vinculado con la desaparición de los normalistas, ocupa un cargo de alto rango en la Auditoría Superior de la Federación, desde donde supervisa el uso de los recursos públicos.
https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/08/25/tarjetapnt1756109149070-yNA9shROC.pdf&embedded=true
El caso de Jorge Antonio Tizapa demuestra que la investigación del GIEI fue deficiente y que la PGR, bajo el mando de Eber Omar Betanzos y en complicidad con la Policía Federal y autoridades de Guerrero, protegió a un policía estatal directamente vinculado con la desaparición de los normalistas pese a su extensa formación en ética pública y derechos humanos, según su curriculum.
Claves de la segunda entrega
En la primera parte de esta investigación quedó acreditado que Omar García Harfuch recibió blindaje institucional, mientras negaba su presencia en Guerrero y aseguraba estar en Michoacán, pese a que existen documentos oficiales que lo ubican en Acapulco dando órdenes de la emboscada contra los estudiantes. En esta segunda parte, el mismo patrón de protección se repite: un policía estatal en posesión del celular de Jorge Antonio Tizapa fue exonerado gracias a la intervención directa de la Subprocuraduría de Eber Omar Betanzos Torres, que filtró la información y validó una coartada fabricada.
Son dos piezas de la misma maquinaria de impunidad: Harfuch ascendió en la carrera política con el respaldo de la “verdad histórica”, y Betanzos ascendió en la Auditoría Superior de la Federación como garante del control fiscal. Ambos casos muestran cómo el Estado mexicano premió a quienes encubrieron a los perpetradores y consolidó un sistema donde la desaparición de los 43 no fue sólo un crimen de Estado, sino también un proyecto de encubrimiento institucional vigente hasta hoy.
