Por Victor Hugo Celaya Celaya…
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Cualquier país que aspire a consolidar su democracia y alcanzar un desarrollo pleno necesita un pilar fundamental: la seguridad. En México, la falta de esto se ha convertido en una realidad cotidiana y en la principal preocupación ciudadana, como lo confirman innumerables encuestas. Sin embargo, el debate público a menudo se queda en la superficie, centrándose en la seguridad pública, cuando el problema es mucho más profundo. La seguridad nacional no es solo el control de un territorio; es el cimiento sobre el que construimos nuestra vida diaria, nuestra economía y nuestro futuro.
Para entender la magnitud del reto, es crucial ir más allá de las cifras de delitos y analizar el impacto real que la inseguridad tiene en todos los sectores. Un país no puede aspirar a un desarrollo genuino si sus productores, sus comunidades y sus motores económicos viven bajo el yugo de la violencia y la extorsión. Es hora de reconocer esta agobiante realidad no como un problema aislado, sino como el principal freno estructural para nuestro progreso.
Del Control Territorial al Costo Económico
En los últimos años, hemos sido testigos de una peligrosa metamorfosis: los grupos criminales han pasado de disputarse territorios a convertirse en verdaderos actores económicos que controlan mercados, transporte, insumos y hasta la migración. Su objetivo ya no es solo el control geográfico, sino la extracción de rentas de la economía formal, imponiendo lo que yo llamo un “impuesto criminal” que distorsiona toda la cadena productiva.
El impacto en el campo mexicano es dramático. En estados de alta producción agrícola como Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, es un secreto a voces que grupos delictivos exigen a los productores un «cobro de piso» que puede ir del 5% al 20% del valor de la cosecha o su transporte. A esto se suma el robo de cosechas y ganado, obligando a los agricultores a contratar sus propios sistemas de seguridad y elevando aún más sus costos. En muchos casos, estos grupos llegan a fijar los precios de compra, aniquilando los márgenes de ganancia del productor original. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI, el costo total del delito para las unidades económicas del país en 2023 ascendió a $345.9 mil millones de pesos , siendo el sector agropecuario uno de los más vulnerables a la extorsión y el robo.
Este fenómeno no solo afecta el mercado interno. Nuestra competitividad internacional está en juego. Los sobrecostos generados por la inseguridad nos ponen en desventaja frente a otros países exportadores, dañando la marca “Hecho en México” y sembrando desconfianza en nuestros socios comerciales. Lo vimos con dolorosa claridad en junio de 2024, cuando Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones de aguacate y mango de Michoacán por agresiones contra sus inspectores; un síntoma de cómo la violencia local pone en jaque cadenas de valor globales. Esta incertidumbre, a su vez, frena la inversión nacional y extranjera en la agroindustria, restándole al sector capacidad de modernización. El resultado final es una tragedia económica: pequeños y medianos productores abandonan sus tierras al no ser rentables, y el país aumenta su dependencia de importaciones de granos básicos.
El Dilema: ¿Geografía o Garantía?
México cuenta con ventajas innegables: nuestra vecindad con Estados Unidos, el T-MEC, una fuerza laboral joven y un enorme mercado interno. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es: ¿podemos seguir atrayendo inversión apoyándonos solo en estos factores? La respuesta es no. La inseguridad manifestada en violencia, extorsión y debilidad institucional, se ha convertido en el principal inhibidor de la inversión, proyectando una imagen de incertidumbre que ninguna ventaja geográfica puede compensar por sí sola.
La solución no puede ser una reacción coyuntural, sino una visión de largo plazo. Necesitamos elevar la seguridad a una Política de Estado , donde la protección económica y jurídica de los productores y de todos los sectores se convierta en una prioridad nacional. Esto requiere un gran acuerdo entre gobierno, sector privado y sociedad para blindar nuestros corredores económicos estratégicos. Imaginemos zonas seguras de inversión, equipadas con infraestructura de primer nivel y sistemas de control digital y seguridad empresarial, que funcionan como polos de confianza para los inversores.
El reto del Estado mexicano es pasar de medir la seguridad solo en número de homicidios a medirla en términos de control y costo económico. Lo que el consumidor paga en el mercado ya no es solo el costo de producir y transportar, sino también el “impuesto criminal” que socava las bases de un comercio justo y libre para todos.
Para que nuestro país libere su verdadero potencial, ya no basta con los tratados comerciales o los bajos costos laborales. Hoy, la seguridad es la moneda de cambio para la confianza del inversionista y la garantía de un desarrollo sostenible . Si México logra convertir la seguridad económica y social en el eje de su proyecto de nación, podremos multiplicar la inversión y alcanzar los niveles de crecimiento y bienestar que todos anhelamos.
