*El autor enfatiza a Monreal que el respeto institucional no es un acto simbólico ni circunstancial, sino un pilar fundamental para la convivencia democrática y la legitimidad del Estado.
Carta Pública
Señor Ricardo Monreal:
Con respeto, pero con absoluta claridad, le dirijo estas líneas para recordarle que el trato hacia el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un asunto menor ni puede reducirse a una “confusión” o “gesto amistoso”. Usted, como figura pública con larga trayectoria, debe saber que los símbolos pesan, y que la investidura de un ministro no se toma del brazo ni se arrastra ante las cámaras como si fuera un accesorio político.
Por más explicaciones que intente ofrecer, sus gestos revelan más que sus palabras. Un dirigente está para entender, no para que lo entiendan. La responsabilidad de quien representa al pueblo es actuar con congruencia, no justificar desplantes.
Y si hablamos de congruencia, permítame recordarle que, durante su paso por el PRI, especialmente en los años de los Diálogos de Paz en Chiapas, usted guardó silencio ante los excesos del gobierno de Ernesto Zedillo contra el EZLN. En aquel entonces, mientras usted buscaba quedar bien con el régimen para ser considerado como candidato a gobernador de Zacatecas, Hugo Aguilar Ortiz, hoy ministro presidente electo, se dedicaba —como asesor de la delegación zapatista— a construir una narrativa legislativa que atendiera las causas profundas que dieron origen al levantamiento armado en Chiapas.
Mientras usted apostaba por la conveniencia partidista, él apostaba por la dignidad de los pueblos. Mientras usted callaba ante la represión, él tejía puentes entre la ley y la justicia social.
Hoy, cuando México exige altura ética y respeto entre poderes, no basta con posar para la foto ni con justificar lo injustificable. Se requiere memoria, congruencia y humildad. Y sobre todo, se requiere entender que el respeto no se improvisa: se ejerce.
Atentamente,
Jaime Cleofás Martínez Veloz
Presidente de la Cocopa, firmante de los Acuerdos de Paz en San Andrés Larrainzar, entre el EZLN y el Gobierno Federal en materia de derechos y cultura indígena, el 16 de febrero de 1996.
