Por Victor Hugo Celaya Celaya…
El reinicio de las reuniones semanales entre Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y la presidenta Claudia Sheinbaum marca el inicio de la fase de definición estratégica para el último cuatrimestre del año, con implicaciones directas en la configuración del paquete económico 2026 y el desahogo de casi una decena de iniciativas pendientes. Estas reuniones, que se habían suspendido durante dos semanas, retoman su periodicidad habitual en un momento crucial donde la coordinación entre poderes se vuelve fundamental para garantizar la gobernabilidad y la continuidad de las políticas públicas prioritarias. La agenda incluye la revisión de la propuesta de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, tema que requiere consensos amplios y una estrategia de comunicación política sofisticada para su implementación exitosa.
La dimensión estratégica de estas reuniones radica en su capacidad para sincronizar las prioridades del Ejecutivo con el calendario legislativo del próximo período ordinario que inicia el 1 de septiembre, especialmente considerando que el desahogo del paquete económico 2026 en el primer período requiere una preparación técnica y política exhaustiva. La coordinación efectiva entre ambos poderes será crucial para mantener la estabilidad macroeconómica del país y enviar señales claras de gobernabilidad a los mercados financieros, especialmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre comercial y geopolítica. Además, la definición de prioridades legislativas influirá directamente en la capacidad del gobierno para responder a desafíos emergentes y aprovechar oportunidades de desarrollo económico y social, posicionando a México como un actor confiable y predecible en el escenario regional e internacional.
¿Cómo prepararnos?
- Identificar y priorizar iniciativas empresariales y sectoriales que puedan alinearse con la agenda legislativa definida en estas reuniones para maximizar oportunidades de incidencia
- Desarrollar estrategias de seguimiento legislativo que permitan anticipar cambios regulatorios y ajustar planes de negocio según las prioridades gubernamentales
- Establecer canales de comunicación con actores legislativos clave para participar constructivamente en el proceso de formulación de políticas públicas del próximo período
