*Un expediente interno de 2012 ordenaba a García Harfuch su baja de la Policía Federal, pero ascendió a puestos clave y hoy es uno de los mandos más blindados de la red de Genaro García Luna.
Por Guadalupe Lizárraga
Omar García Harfuch se incorporó tardíamente al círculo cercano de Genaro García Luna, pero ha tenido el mayor blindaje institucional, pese a evaluaciones reprobadas y antecedentes internacionales de derechos humanos. Su trayectoria encaja en el patrón de impunidad de la red de lealtades construida por García Luna desde el CISEN y la Agencia Federal de Investigación.
En ese círculo se ubican figuras como Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, Ramón Pequeño García y Maribel Cervantes, todos con antecedentes graves: tortura, corrupción, vínculos con el crimen organizado e incluso participación en operativos cuestionados como «Rápido y Furioso» o el encubrimiento en la fuga de El Chapo Guzmán. Todos ellos pasaron por el CISEN, el órgano de inteligencia civil, antes de saltar a posiciones clave en la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública. La única excepción fue Harfuch, que ingresó directamente a la Policía Federal en 2008, pero ascendió con la misma lógica de protección institucional que sus mentores.
La impunidad es la constante. Cárdenas Palomino, oficialmente preso en el Cefereso 1 por delitos de tortura, es señalado por víctimas que dudan de su verdadera reclusión. Facundo Rosas, detenido en 2022 por homicidio culposo, salió libre a los pocos meses. Pequeño García sigue prófugo desde 2021 con ficha roja de Interpol. Maribel Cervantes, pese a su cercanía operativa con García Luna, no enfrenta cargos y trabaja en la banca privada.
En 2009, un cable diplomático desclasificado liberado por WikiLeaks ya mencionaba a García Harfuch —entonces con apenas un año en la Policía Federal como suboficial en Cuernavaca, Morelos— entre los agentes con observaciones internacionales por violaciones a derechos humanos. Pese a ello, continuó en su cargo sin sanción hasta 2012. Ese año, un oficio interno de la Policía Federal, específicamente de la Unidad de Asuntos Internos, expediente UAI/DGII/5518/12, ordenó un procedimiento administrativo en su contra por no aprobar los exámenes de control de confianza.
La evaluación, obligatoria para todos los mandos y elementos de la Policía Federal, incluía pruebas psicométricas, toxicológicas, médicas, poligráficas y de entorno social. No aprobarla significaba, oficialmente, ser considerado no apto para continuar en la institución, lo que en teoría derivaba en la baja definitiva, de acuerdo con el artículo 19, fracción XVI del Reglamento de la Ley de la Policía Federal. El expediente, de 22 fojas, fue firmado por la comisaria general María de la Luz Núñez Camacho, hoy profesora de medio tiempo en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Sin embargo, la sanción nunca llegó. En enero de 2013, apenas meses después, la revista Proceso reveló su nombramiento como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero, uno de los estados más golpeados por la violencia del narcotráfico, con grupos como Guerreros Unidos y Los Rojos, y el surgimiento de policías comunitarias ante el fracaso de la seguridad pública que simpatizaban con los movimientos sociales.
En 2014, su nombre volvió a aparecer en observaciones nacionales e internacionales por el caso Ayotzinapa, con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en el que la Policía Federal tuvo participación documentada en el encubrimiento de evidencia y la manipulación de los hechos.
Una carrera marcada por la protección institucional
La permanencia de García Harfuch en puestos clave, pese a evaluaciones reprobadas y antecedentes internacionales, confirma la continuidad del modelo de impunidad. Su ascenso no fue un mérito aislado, sino el resultado de un blindaje institucional aplicado a todo el grupo de García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico, mientras la estructura que creó sigue activa.
Herederos de ese entramado, como García Harfuch, reproducen el mismo patrón de poder y encubrimiento: sin haber pasado por el CISEN, ha logrado articular operaciones de seguridad y control narrativo con la misma lógica de protección y lealtades que sostuvo a su mentor.
Mientras las víctimas de Ayotzinapa, víctimas de fabricación de culpables y de las redes de corrupción exigen justicia, García Harfuch se proyecta como una figura con aspiraciones políticas mayores. Su narrativa pública omite su historial documentado y lo presenta como un “policía incorruptible”, mientras los expedientes, las filtraciones y las observaciones internacionales cuentan otra historia: la de un operador formado en las sombras de García Luna, protegido por la misma red que ha mantenido intactos a torturadores, corruptos y fugitivos.
