*Luis Fernando Mendoza Castellanos, quien lleva tres décadas en el sistema penitenciario, hoy desde la alta dirección del Cefereso #1 ‘El Altiplano’ usa a una víctima de Isabel Miranda de Wallace para exigir a periodista que revele sus fuentes al interior del penal.
Por Guadalupe Lizárraga
Durante más de tres décadas años, Luis Fernando Mendoza Castellanos ha ocupado cargos clave en los centros federales de readaptación social (Ceferesos) en México. Su carrera como autoridad penitenciaria ha coincidido con periodos de alta presencia de grupos del crimen organizado en los penales federales. Sin embargo, su trayectoria ha sido cuestionada por múltiples testimonios y denuncias internas por la falta de garantías al Estado de derecho que lo vinculan con prácticas de corrupción, de colusión con grupos criminales y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Ayer por la noche, recibí varios mensajes de WhatsApp relacionados con Luis Fernando Mendoza Castellanos, actual director del Cefereso No. 1 ‘El Altiplano’. Según el contenido de estos mensajes, y a través de un interno bajo su custodia —César Freyre Morales, víctima del montaje judicial del caso Wallace—, se me exige revelar la fuente de información que dio pie a un reportaje sobre el control de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales (alias Z40 y Z42) dentro del sistema penitenciario federal. Si no lo hago, me advierte que Freyre será torturado por internos del Cártel del Noreste que operan en impunidad dentro del penal.
La amenaza no es un hecho aislado ni su autor es quien dice ser. Es parte de una estrategia sistemática de intimidación y violencia, respaldada por el aparato del Estado y ejecutada desde la dirección penitenciaria. Mendoza Castellanos visitó personalmente la celda de Freyre para presionarlo, según lo informado. Su intención no es sólo amedrentar a una periodista, sino utilizar a una víctima del Estado como herramienta de coacción.
César Freyre Morales fue sentenciado a 131 años de prisión por un delito que no cometió. Su condena se basó exclusivamente en la declaración de Juana Hilda González Lomelí, obtenida bajo tortura. Ella fue absuelta después de 19 años de cárcel. Freyre sigue en prisión y resistió al menos diez eventos de tortura antes de ser forzado a inculparse de las acusaciones promovidas por Isabel Miranda Torres, conocida por su papel en el caso Wallace. La madre y la hermana de Freyre también fueron encarceladas de manera injusta durante más de un año y medio para coaccionarlo a declararse culpable.
Por lo que esta amenaza no es un conflicto interno ni un pleito por filtraciones. Se trata de un acto criminal que encuadra en lo que organizaciones internacionales de derechos humanos han definido como terrorismo de Estado: el uso del aparato gubernamental para intimidar, reprimir o castigar de forma ilegal a ciudadanos, particularmente a quienes ejercen derechos fundamentales como la libertad de expresión o la defensa de derechos humanos. Y es ejecutado por un funcionario público que ha permanecido intocable durante décadas.
El origen de una red de impunidad
Luis Fernando Mendoza Castellanos integró el primer comité técnico del penal federal de Almoloya de Juárez en 1991, junto con Juan Pablo de Tavira y Noriega, Edgardo Aguilar y Celina Oseguera Parra (actualmente presa por facilitar la fuga de Joaquín Guzmán Loera). Desde entonces, Mendoza Castellanos ocupó puestos estratégicos en la seguridad penitenciaria, acompañado de figuras como Enrique R. Gándara Chacón.
Esa generación sentó las bases de un modelo de alta seguridad que en la siguiente década fue desplazado por una estructura de corrupción sistémica. Bajo el discurso de modernización, los Ceferesos se transformaron en centros de control criminal, donde prevalece la compraventa de privilegios y se vulnera la seguridad de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario.
En este esquema se consolidó un mercado negro institucionalizado: una botella de licor puede alcanzar los 30 mil pesos; un kilo de carne, 25 mil; una caja de cigarros, 7 mil. Armas, drogas, celulares y todo tipo de beneficios se comercializan con conocimiento y tolerancia de las autoridades penitenciarias, según testimonios internos en varios Ceferesos, Mendoza Castellanos ha tenido conocimiento y participación.
Con la instauración de los nuevos Centros Penitenciarios de Servicios (CPS), desde 2008 y 2012, —en Hermosillo, Ocampo, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos y Michoacán— la red se amplificó. En lugar de mejorar las condiciones, estos centros se transformaron en nodos de control criminal, donde funcionarios y custodios operan bajo extorsión, amenaza o complicidad con grupos delictivos. En los últimos cinco años, mi trabajo periodístico ha dado cuenta de ello.
Los Zetas y el control carcelario
Uno de los primeros miembros de esta red fue Saúl Francisco García Rodríguez, director del Cefereso No. 12 en Guanajuato en 2012, designado tras un motín sangriento en las Islas Marías. En coordinación con Almar Meneses Rodríguez y Julio César Pérez Ramírez, establecieron vínculos con un político de alto nivel —entonces alcalde en San Luis Potosí— y concedieron un módulo exclusivo al grupo de Los Zetas liderado por Miguel Ángel Treviño Morales.
Este pacto derivó en una estrategia de control criminal dentro del sistema penitenciario federal, usando recursos públicos para fortalecer las estructuras del crimen. En 2015, en el Cefereso No. 13 de Miahuatlán, Oaxaca, Miguel Ángel Treviño ordenó el exterminio de líderes de cárteles rivales. La instrucción fue ejecutada por el “Comandante Mateo”, el “Comandante Puma” y el “Comandante Amarillo”. Contaron con apoyo económico y operativo para golpear, torturar y asesinar a sus objetivos, entre ellos Rubén Oseguera González, un líder de Los Tejas de Laredo y Chávez Araujo, capo de Guerrero.
La directora del penal, Jazmín Borbón Ochoa, no sólo toleró los actos, sino que los permitió abiertamente, y en estos actos también se torturó a George Khoury Layón, de acuerdo con un protocolo de Estambul con resultados positivos, otra de las víctimas de las falsas acusaciones de Isabel Miranda Torres y Eduardo Margolis Sobol. Sin embargo, la operación de Treviño Morales fue contenida en parte por un movimiento de resistencia penitenciaria llamado Poder Paisano 16 en Estados Unidos y su homólogo en México, PP116. Internos organizados lograron evitar las agresiones contra Oseguera y otros, integrándolos a sus filas como mecanismo de autoprotección.
A pesar de los fracasos parciales, Treviño Morales habría usado el sistema penitenciario como un aparato de ejecución, aprovechando las estructuras institucionales para eliminar a sus rivales. Con apoyo de autoridades judiciales en Tamaulipas, obtenía órdenes de aprehensión contra algunos de sus rivales. De acuerdo con fuentes penitenciarias, primero los apoyaba en su defensa judicial con el fin de lograr su traslado al penal de Nuevo Laredo, donde posteriormente eran asesinados. Los medios nacionales reportaron al menos una de sus víctimas: José Luis Carrizales Coronado, “El Tubi”, quien fue absuelto del delito de secuestro y liberado del penal de Puente Grande. Tras ser trasladado a Nuevo Laredo, fue asesinado a puñaladas.
Cárteles, pandillas y movimientos: el equilibrio de poder
Los penales federales no son controlados únicamente por cárteles. Operan en su interior pandillas como Sur 13, Sur 18, PRM, Doble AA, BB122 y movimientos de defensa como Poder Paisano 116. Estos grupos forman contrapesos internos que en ocasiones impiden masacres o abusos, al margen de las autoridades.
Aun así, la permanencia de funcionarios como Mendoza Castellanos garantiza la continuidad de estructuras de extorsión, represión y silencio. Hoy, el director del penal utiliza su cargo para intimidar a una periodista, amenazar a una víctima del Estado y proteger a una red criminal.
Denuncia pública
Como periodista, denuncio públicamente a Luis Fernando Mendoza Castellanos por utilizar su posición como director del Cefereso No. 1 para intimidarme y atentar contra la vida e integridad de César Freyre Morales. Lo responsabilizo directamente de cualquier daño físico, psicológico o represalia contra Freyre y su familia.
Solicito la intervención urgente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH y todas las organizaciones que aún defienden los principios democráticos.
El silencio institucional ha permitido que funcionarios con historial delictivo permanezcan en el poder durante décadas. Hoy, la amenaza directa de Mendoza Castellanos no sólo representa una agresión contra la libertad de expresión, sino una evidencia más del colapso ético y funcional del sistema penitenciario mexicano.
