Alejandro Moreno, presidente del PRI, informó que su partido denunció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al expresidente Andrés Manuel López Obrador; a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, a los gobernadores de Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Campeche; al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón y a Mario Delgado, secretario de Educación y Manuel Bartlett, ex director de la CFE, por presuntos vínculos con el crimen organizado, actos de corrupción y omisiones en materia de seguridad pública.
Durante una conferencia de prensa, el senador de Campeche, señaló que México enfrenta “la peor crisis de seguridad en su historia”, con más de 220 mil homicidios y 125 mil personas desaparecidas, lo cual refleja una “brutal violencia” y el “control absoluto” que el crimen organizado ejerce sobre los distintos niveles de gobierno, con la anuencia del actual régimen.
Entre los denunciados hizo hincapié en Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en la Cámara Alta y exsecretario de Gobernación, a quien acusó de mantener una relación de más de 30 años con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo La Barredora.
Moreno Cárdenas dijo contar con documentos, actas constitutivas y contratos que vinculan a López Hernández con empresas relacionadas con Bermúdez Requena y su familia, quienes habrían participado en operaciones ilícitas como contrabando de combustible, cobro de piso y presuntos negocios ligados al Tren Maya.
También señaló al actual senador de haber facilitado estos actos tanto durante su gestión como gobernador de Tabasco como en su paso por la Secretaría de Gobernación.
“Adán Augusto denigra al Senado de la República”, señaló, tras lo cual informó haber solicitado formalmente su renuncia como coordinador parlamentario de Morena y su separación de la Junta de Coordinación Política, por considerar que su permanencia daña la credibilidad de la institución legislativa.
“Hemos presentado el día de hoy una denuncia formalmente en la Fiscalía General de la República, (…) las denuncias tienen el señalamiento contundente de estos personajes vinculados, señalados de los presuntos nexos con el crimen organizado, y hoy aquí lo decimos, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, fue vinculado incluso con informes internacionales de proteger a los grupos criminales de la región.
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, mantiene hundido en la violencia el Estado de Sonora y está señalado de tener participación y vínculos con el crimen organizado. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con total impunidad opera y hay señalamientos de la protección y de los presuntos nexos con el crimen organizado. Rutilio Escandón, gobernador en su tiempo de Chiapas y Adán Augusto López Hernández, en su tiempo gobernador del estado de Tabasco, permitieron que reinara la impunidad y la participación del crimen organizado.
(…) Por eso hemos presentado denuncias formales y penales en la Fiscalía General de la República para que se investiguen, se esclarezcan estos hechos. Y en esas denuncias también hemos incluido al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por los señalamientos que hay aquí y a nivel internacional de la protección y los presuntos vínculos del crimen organizado”, declaró.
La denuncia también incluye a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y a Mario Delgado, secretario de Educación y ex presidente de Morena; Manuel Bartlett Díaz, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Marina del Pilar Ávila, gobernador de Baja California.
De forma específica, se denunció que informes de inteligencia militar revelan que La Barredora habría planeado suministrar más de 200 mil litros de diésel al Tren Maya, utilizando empresas y funcionarios relacionados con Bermúdez Requena, incluido un sobrino suyo que laboró en Fonatur.
También se señaló al hijo del expresidente, Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, por presuntamente encabezar una red dedicada al llamado “huachicol fiscal” y por participar en negocios ilegales relacionados con la venta de combustible hacia Estados Unidos.
“Alito” Moreno advirtió que no cederá ante intentos de amedrentamiento y que continuará documentando los vínculos entre el crimen organizado y miembros de Morena.
“Nos asiste la ley y el derecho de defender a este país”, declaró.
Finalmente, acusó que existe un patrón sistemático de encubrimiento en las entidades gobernadas por Morena, y que incluso gobernadores como Samuel García (Movimiento Ciudadano, Nuevo León) se han beneficiado de esta red, ya que se habrían cancelado carpetas de investigación en su contra por supuesta complicidad con el oficialismo.
También responsabilizaron a la administración federal de haber generado una crisis diplomática con Estados Unidos y Canadá debido a la creciente preocupación internacional por la infiltración del crimen organizado en la política mexicana.
