La democracia en México no puede ir a procesos electivos simulados, con uso de recursos públicos dispersados de diversas formas digitales contra la voluntad del voto ciudadano como ocurrió el pasado 1 de junio, cuando nuevos juzgadores ganaron por la vía del llamado ‘acordeón’ que amerita una sanción por más de diez millones de pesos al ser parte de conductas fuera de la ley electoral.
Carla Humphrey, consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización, expuso que antes de llegar a este debate en el Consejo General del Instituto, los nuevos juzgadores que ya obtuvieron su constancia mayoría hicieron llegar a este instituto quejas contra un proyecto sancionatorio que, se presume, estaba en la confidencialidad.
Humphrey Jordan pidió que se abra una investigación contra estas filtraciones, y, en su caso, se den las vistas necesarias a las autoridades competentes con el fin de frenar estas conductas que atentan contra la integridad y legalidad del procedimiento sancionador electoral».
La consejera electoral detalló que la Unidad Técnica de Fiscalización realizó un trabajo exhaustivo respecto al comportamiento de los candidatos al Poder Judicial de la Federación y también de las entidades donde se celebraron estos comicios que cometieron faltas en la transparencia y clara rendición de cuentas para su promoción, sobre todo en plataformas digitales.
“Con base en éstas, y otras faltas, la UTF propone sancionar a nivel federal por un monto global de $10,364,410.04 millones de pesos, que se desagrega por cargo”, se expone además en los documentos a debate del Consejo General del INE.
“Estamos ante el cierre de la fiscalización del primer Proceso Electoral Judicial en la historia democrática de México. Fiscalizamos más de siete mil 700 candidaturas, analizamos más de siete mil 300 informes de campaña y auditamos un universo de casi 900 millones de pesos en ingresos y egresos; un esfuerzo sin precedente, con plazos inéditos y reglas de reciente creación.
“Del total de observaciones formuladas, hoy se propone la imposición de sanciones por más de 10 millones de pesos a nivel federal y ocho millones a nivel local”, detalló la funcionaria electoral.
Indicó que a nivel federal el 83 por ciento de estas sanciones se concentran en magistraturas de tribunales, colegiados de Circuito, en juezas y jueces de Distrito. A nivel local, Chihuahua y el Estado de México destacan peor la concentración del 35.9 por ciento del total sancionado.
Derivado de este procedimiento, el Consejo General aprobó este lunes sanciones económicas contra 118 personas juzgadoras que ganaron cargos judiciales, al acreditarse que “fueron beneficiadas por los llamados ‘acordeones’: listas impresas y digitales que promovían candidaturas específicas, lo cual constituye propaganda ilegal”, de acuerdo con el proyecto sancionador.
Las multas, equivalentes al 10 por ciento del tope de gasto de campaña según el cargo, oscilarán entre 22 mil y 146 mil pesos. No obstante, el monto final será ajustado con base en la capacidad económica de cada sancionado, conforme a información del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las sanciones serán dobles si los nombres de los candidatos aparecieron tanto en acordeones físicos como digitales.
Los consejeros se enfrentaron a una investeeigación de 61 tomos de diligencias en los que se acreditó que hubo 336 ‘acordeones’ físicos con al menos diez modelos distintos, así como sudifusión enpáginasco en cadenas de mensajero.
