La ejecución de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Veracruz, generó una ola de indignación entre dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes acusaron al gobierno federal de permitir el avance del crimen organizado y de abandonar a la ciudadanía.
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, sostuvo que el crimen de Hernández Cruz –quien fue ejecutada por negarse a pagar derecho de piso y grabada de rodillas, rodeada por hombres armados– es una muestra del control que los grupos criminales ejercen en diversas regiones del país.
“La asesinaron por no pagarle al crimen organizado. La grabaron de rodillas, rodeada de hombres armados, para mandar un mensaje de terror”, denunció el dirigente priista.
“Hoy está muerta porque en Veracruz manda el crimen, no la ley. El gobierno se ha rendido”, afirmó.
Moreno Cárdenas subrayó que lo ocurrido con Irma Hernández no puede tratarse como “una nota roja más”, sino como evidencia del “México desangrándose ante la mirada indiferente de quienes deberían defender al pueblo”.
Afirmó que el Estado mexicano está “rebasado” y que son los ciudadanos quienes terminan pagando con la vida “cuando el gobierno renuncia a su deber”.
Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, también se pronunció enérgicamente sobre el caso y criticó lo que calificó como “discurso hueco” por parte del Gabinete de Seguridad federal.
“El brutal asesinato de una maestra jubilada en Veracruz indigna y duele profundamente. Y el Gabinete de Seguridad repite lo mismo de siempre: ‘trabajamos en coordinación, no habrá impunidad…’”, escribió el legislador. “¡Basta! Ya no queremos más carpetas abiertas, queremos justicia y resultados”.
Ambos dirigentes exigieron al gobierno federal acciones contundentes para frenar la violencia y garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes, como Irma Hernández, trabajan todos los días para sostener a sus familias.
