La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que su gobierno llegará “hasta las últimas consecuencias” en el combate al huachicol fiscal, delito que implica el contrabando y manipulación ilegal de combustibles. En conferencia matutina, exigió a quienes han participado en estas prácticas que paguen los impuestos correspondientes y destacó que las investigaciones en curso están arrojando información clave.
“¡Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias!”, exclamó la mandataria, quien también celebró que el gobierno de Estados Unidos haya reconocido su implicación en esta red delictiva. A través de una publicación difundida en redes sociales, la embajada estadounidense en México aceptó que el huachicol fiscal involucra a refinerías de su país, lo que marca un giro en el reconocimiento del problema.
“Llama la atención porque muchas veces parece que todo está del lado de México, y en este caso, ellos mismos muestran la red, donde hay participación de refinerías en Estados Unidos”, subrayó Sheinbaum. Añadió que el video difundido por la embajada demuestra que existe una cooperación activa entre ambos gobiernos para combatir este delito grave.
La presidenta explicó que existen dos tipos principales de huachicol fiscal. El primero consiste en importar combustible disfrazado como otro producto para pagar menos impuestos, o bien mediante el uso de facturas falsas. El segundo modelo ocurre cuando entra menos combustible del que se reporta, o incluso se documenta una compra que nunca ocurrió. En ambos casos, se trata de fraude fiscal que será perseguido penalmente.
Además, destacó un tercer esquema revelado por la embajada: el crudo robado en México es llevado a Texas, refinado por empresas estadounidenses y luego reintroducido al país como si fuera legal, hasta llegar a los consumidores. Sheinbaum enfatizó que todos estos casos tienen implicaciones legales y están siendo investigados de forma exhaustiva.
En este contexto, el gobierno federal ha iniciado una revisión minuciosa de los permisos de importación de combustibles, con el fin de detectar irregularidades y posibles delitos fiscales. De encontrarse elementos, se impondrán sanciones administrativas y penales.
“El objetivo es claro: que todo sea legal. Si entra combustible, que pague los impuestos que le corresponden y que sepamos exactamente a qué gasolinería va a parar”, puntualizó.
Finalmente, la presidenta informó que todo el combustible incautado durante estas investigaciones se encuentra bajo análisis, y una vez terminado su proceso legal, es destinado a diversas instituciones para su uso. El mensaje, dijo, es contundente: no habrá impunidad para quienes han lucrado ilegalmente con el sector energético.
