Por Victor Hugo Celaya Celaya..
“Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Esta célebre frase, atribuida a Voltaire, encapsula uno de los pilares de cualquier democracia funcional: la libertad de expresión. En las sociedades abiertas, los medios de comunicación y la voz ciudadana actúan como un contrapeso esencial al poder, un espejo que, aunque a veces incómodo, es indispensable para la rendición de cuentas y el progreso.
Sin embargo, en México, un país cuya Constitución consagra este derecho, observamos una tendencia preocupante. Desde la esfera del poder, se impulsa una narrativa que busca desacreditar, intimidar y, en última instancia, silenciar el pensamiento crítico. Lo más alarmante es que no se trata solo de un discurso: vemos cómo las propias instituciones diseñadas para proteger nuestros derechos son utilizadas como herramientas para coartar la libertad.
Esta situación nos ha llevado a un debate que debería avergonzarnos como nación, uno donde se discute si la opinión de un ciudadano puede ser castigada o si un gobierno tiene derecho a decidir qué se puede publicar. Esta no es una discusión teórica; está ocurriendo ahora, y se manifiesta en acciones concretas que sientan un precedente peligroso.
Dos Casos, una Misma Alarma
Para entender la gravedad del momento, basta con mirar dos casos recientes que ilustran perfectamente esta tendencia:
- En Sonora, una ciudadana expresó en redes sociales su opinión sobre el desempeño de una diputada federal. La legisladora, sintiéndose agraviada, lo denunció por “violencia política de género”. Sorprendentemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no solo validó la acusación, sino que impuso una sanción ejemplar. Instituciones como el INE y el propio Tribunal, que deberían ser árbitros imparciales, terminaron actuando como un brazo ejecutor contra la opinión de un ciudadano.
- En Campeche, la situación escaló a otro nivel. La gobernadora del estado demandó a un periodista por haberla criticado en su medio de comunicación. Un juez local, en una decisión polémica, le dio la razón a la mandataria. El resultado fue inmediato y desolador: el medio de comunicación, por temor a represalias mayores, dejó de publicar. Aquí, la censura no llegó por una orden directa, sino por la vía de la intimidación judicial, un método igual de efectivo.
El Patrón Detrás de los Hechos
Estos casos no son eventos aislados. Son el reflejo de un ambiente político donde la crítica no se tolera y la disidencia se persigue. Representan la culminación de un proceso de hostigamiento constante contra periodistas, analistas y ciudadanos que se atreven a cuestionar las narrativas oficiales. El verdadero peligro ya no es solo que el poder se moleste, sino que ahora utiliza activamente el aparato del Estado para castigar la libertad de palabra.
Esta estrategia erosiona la confianza y siembra el miedo. No es casualidad que organizaciones internacionales pongan a México en el foco rojo. Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras ha clasificado consistentemente a México como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, a la par de países en guerra (Fuente: Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024, RSF). Cuando el gobierno mismo se convierte en el principal litigante contra la prensa y los ciudadanos, la democracia se encuentra en una situación de extrema fragilidad.
Todo esto ocurre bajo la gran sombra de una inminente reforma al Poder Judicial, lo que añade una capa de incertidumbre y preocupación sobre el futuro de los contrapesos en nuestro país.
¿Cuál es el Camino? Voluntad Política, no Censura
Frente a este panorama, la solución no es, y nunca debe ser, limitar la libertad de expresión. Regular es necesario, sí, pero regular no es sinónimo de censurar. El objetivo debe ser garantizar un uso imparcial y responsable de los medios y las plataformas digitales, fomentando un debate público sano, no silenciándolo.
No necesitamos nuevas leyes restrictivas. Lo que se requiere con urgencia es voluntad política. Como señalan académicos y defensores de la democracia, la clave está en que los gobernantes entiendan y acepten una realidad fundamental: el poder es temporal, pero una sociedad libre, informada y vigilante es permanente.
El reto que enfrentamos hoy definirá el México de las próximas generaciones. Proteger la libertad de expresión no es defender a una persona o a un medio en particular; es defender el derecho de todos a pensar diferente, a cuestionar y a participar en la construcción de nuestro futuro. Porque un país que teme a las palabras de sus ciudadanos es un país que ha empezado a renunciar a su propia libertad. El silencio, simplemente, no puede ser una opción.
