La Policía Federal de Brasilrealizó este viernes un registro en la casa de Brasilia del expresidente Jair Bolsonaro, a quien se señala como responsable de financiar una red en Estados Unidos para defender la aplicación de sanciones contra autoridades del país, incluidos los jueces del Tribunal Supremo.
Los investigadores sostienen que Bolsonaro utilizó hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, Eduardo, en Estados Unidos desde marzo, en favor de estas sanciones, todo ello en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, mostró un inusitado interés por su situación.
“Bolsonaro fue parte central de todo lo que está ocurriendo, algo que ha tenido un efecto determinado contra el país, en una clara interferencia en la independencia de los poderes y en la soberanía”, señalaron fuentes de la investigación al portal de noticias G1.
Es por ello que la Policía decidió tomar medidas cautelares contra Bolsonaro, quien deberá llevar una tobillera electrónica y no podrá acercarse a embajadas ni utilizar redes sociales, así como comunicarse con otros implicados en el caso. Medidas que se suman a la retirada de su pasaporte que se le aplicó durante el proceso judicial que enfrenta por el supuesto intento golpista de 2022.
Bolsonaro deberá pernoctar en su residencia y no tener contacto con embajadores ni diplomáticos extranjeros, en un momento en el que algunas informaciones sugerían la posibilidad de que solicitara asilo a Trump, que en las últimas semanas ha lanzado una cruzada en redes sociales en favor de él.
Los registros se han realizado en su casa de Brasilia y en su oficina de la sede del Partido Liberal (PL). La Policía informó de que encontraron dinero en efectivo -reales y dólares-, una memoria electrónica escondida en el cuarto de baño, mientras que su abogado ha confirmado que le han requisado el teléfono móvil.
“SUPREMA HUMILLACIÓN”
Ya con la tobillera electrónica puesta, Bolsonaro volvió a insistir en que esta investigación tiene motivaciones políticas y negó que tuviera intención alguna de salir de Brasil o de buscar refugio en ninguna embajada.
“Nada me coloca en un plan golpista que nunca existió (…) las sospechas son una exageración. Soy expresidente de la República, tengo 70 años, es una suprema humillación”, dijo en declaraciones a los medios.
Por su parte, el juez del Tribunal, Alexandre de Moraes, recordó sus “varias publicaciones en redes sociales y declaraciones en los medios de comunicación que han atentado contra la independencia del sistema judicial”.
En la decisión que ha emitido para dar luz verde a esta operación, el juez hace una recopilación de algunas de estas “graves e impúdicas” aseveraciones ante los medios con las que cuestiona la soberanía nacional e incluso “condiciona el fin de los aranceles a su propia amnistía”.
“GÁNGSTER CON TOGA”
Los hijos mayores del expresidente brasileño, Flávio, Carlos y Eduardo, salieron en defensa de su padre, de quien dijeron “que no se merece pasar” por todo esto, al mismo tiempo que han arremetido contra De Moraes, a quien han reprochado haberse “convertido de manera descarada en un gángster con toga”.
Para Eduardo, el juez “usa el Supremo con arma personal de persecución política” y utiliza a Bolsonaro como “rehén” de sus intentos por “criminalizar” al gobierno de Estados Unidos y Donald Trump. “Mantente firme, no nos van a callar”, instó por su parte, Flávio, el mayor de sus hijos.
Carlos, a su vez, señaló que la “persecución” y “censura” que está sufriendo su padre es una más de las que están padeciendo “miles de brasileños” por el hecho de “está en desacuerdo con este sistema podrido”.
Mientras tanto, esta semana, la Fiscalía solicitó en sus alegaciones finales en el juicio por golpe de Estado que Bolsonaro sea declarado culpable, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado de manera indefinida para ostentar cargos públicos.
Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central del presunto intento golpista con el que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.
