El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y sus grupos parlamentarios en las Cámaras de Diputados y Senadores expresamos nuestra profunda preocupación ante la creciente evidencia de vínculos entre actores clave del partido Morena y la delincuencia organizada.
Es inadmisible que, en un país golpeado por la violencia, la corrupción y la impunidad, quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de las y los ciudadanos aparezcan relacionados con redes delictivas.
Una muestra clara y reciente de esta preocupante situación es el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, hoy prófugo de la justicia, cuyo historial y presuntas conexiones con grupos criminales deben ser investigados a fondo y con toda seriedad. La ciudadanía merece saber la verdad, y el gobierno debe rendir cuentas.
Es evidente que el crecimiento desbordado del crimen organizado en México no sería posible sin la complicidad de autoridades. El caso Tabasco ha sido un escándalo desde hace años. Según información periodística, los vínculos criminales del exsecretario eran conocidos desde antes de su nombramiento por todas las autoridades locales y federales, incluidos el entonces Gobernador y entonces Presidente de la República, Adán Augusto López y Andrés Manuel López Obrador.
Años más tarde surgieron incluso señalamientos oficiales que confirmaban esas sospechas, sin que se tomara ninguna medida para removerlo del cargo. Por el contrario, el gobierno permitió que el hoy señalado funcionario permaneciera en funciones y, al mismo tiempo —presuntamente— al frente de la principal organización criminal del Estado.
Pese a toda esta información pública, en 2023 el partido Morena decidió aceptar su afiliación. Hoy, ante el escándalo, intenta deslindarse sin asumir responsabilidad con su pretendida “expulsión”.
El Partido Acción Nacional exige a las autoridades correspondientes investiguen a fondo no sólo sobre las acciones del exsecretario, sino también sobre todos los servidores públicos potencialmente relacionados ya fueran superiores jerárquicos o subordinados. Se deben conocer las razones exactas que le permitieron su permanencia en el cargo.
Este caso es solo uno entre muchos señalamientos existentes en distintos gobiernos estatales encabezados por Morena, como Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, entre otros. Todos comparten un patrón alarmante: el encubrimiento sistemático y la ausencia de consecuencias reales para quienes traicionan al Estado mexicano al colaborar con el crimen organizado.
Acción Nacional reitera su exigencia de que se realicen investigaciones exhaustivas, imparciales y con consecuencias legales claras para quienes resulten responsables.
No podemos permitir que la delincuencia organizada siga controlando gran parte del país, ni que el poder público se utilice como escudo de protección para quienes delinquen.
Es momento de defender a México con firmeza y valentía. Desde Acción Nacional seguiremos trabajando para construir un país donde la justicia, la transparencia y la seguridad sean una realidad para todas y todos.
