Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
La reciente declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán, conocido como «El Ratón», ante una corte federal de Estados Unidos representa un hecho inédito y de gran trascendencia en la lucha contra el crimen organizado en México. Al admitir su responsabilidad en cuatro cargos relacionados con el narcotráfico, Ovidio no sólo reconoce su liderazgo en una de las facciones más relevantes del Cártel de Sinaloa, sino que también abre la puerta a una posible exposición de las redes políticas y de corrupción que durante décadas han sostenido el poder de estas organizaciones criminales.
Este hecho, que ocurre en un contexto de fractura interna del Cártel —entre Los Chapitos y la facción de Ismael «El Mayo» Zambada—, podría traducirse en una reconfiguración de los equilibrios de poder en Sinaloa y, por extensión, en la política y seguridad nacionales. La cooperación de Ovidio con las autoridades estadounidenses, marcada por un acuerdo millonario de decomiso de bienes, sugiere la disposición de revelar información sensible sobre las conexiones del cártel con actores políticos, empresariales y funcionarios en distintas regiones del país.
Desde una perspectiva política, este momento puede ser considerado como un desafío mayúsculo para el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, quien enfrenta presiones internacionales, especialmente del gobierno estadounidense, para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales y sus vínculos institucionales. En Sinaloa, la sustitución del mando policiaco local por el Ejército y el nombramiento del General Oscar Rentería como responsable de la seguridad estatal evidencian una estrategia clara para romper con las redes locales vinculadas al crimen organizado, donde la figura del gobernador Rubén Rocha queda cada vez más relegada.
Esta dinámica política se complejiza con los intentos de Rocha por mantener influencia mediante alianzas partidistas, en un escenario donde la fuerza de Los Chapitos parece menguar frente al resurgimiento de la facción de El Mayo. La desarticulación de estas estructuras podría alterar la tradicional distribución del poder político en Sinaloa, afectando tanto a actores locales como nacionales.
En materia de seguridad, el reconocimiento de culpabilidad de Ovidio Guzmán representa un riesgo y una oportunidad. Por un lado, la posible revelación de vínculos corruptos y complicidades podría profundizar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Por otro, si el gobierno mexicano utiliza esta información para implementar reformas contundentes y acciones focalizadas contra la corrupción y el crimen, podría marcar un punto de inflexión en la recuperación de la legitimidad del Estado.
Este escenario también tensiona la relación bilateral con Estados Unidos. La cooperación en materia de seguridad y la extradición de narcotraficantes fortalecen la colaboración, pero también generan cuestionamientos sobre la soberanía y el control del país sobre sus propios procesos judiciales y políticos. La administración de Sheinbaum deberá equilibrar estas presiones para evitar un desgaste político interno que podría poner en riesgo la gobernabilidad.
En suma, la confesión de Ovidio Guzmán es mucho más que un episodio judicial; es un momento crucial para que México enfrente las raíces estructurales de la violencia y corrupción que han perpetuado el dominio de los cárteles. El resultado de esta coyuntura dependerá de la voluntad política para transformar el aparato de seguridad y política, desmantelando las redes de complicidad y estableciendo mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El reto está sobre la mesa: la gestión de esta crisis definirá no solo el futuro inmediato de Sinaloa, sino la capacidad del Estado mexicano para reconstruir la confianza ciudadana y garantizar la seguridad como base para la estabilidad democrática. La clave será que esta oportunidad no se convierta en otro capítulo más de impunidad y simulación.
APUNTES CLAVE:
IMPUNIDAD: La diputada Noemí Luna del PAN exigió la presencia del canciller y del embajador de México en EE.UU. ante la presión del gobierno de Donald Trump, que acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de pactar con el crimen organizado. Lamentó que Ovidio Guzmán haya colaborado con EE.UU. mientras en México no se actúa, y criticó la visita de la presidenta a Culiacán justo cuando se hacen señalamientos internacionales. Reprochó la falta de respuesta del gobierno mexicano y pidió dignidad, respeto y un alto a la impunidad. //DESPILFARRO: El diputado Rubén Moreira criticó el Tren Maya por su alto costo, baja utilidad y daño ambiental. Afirmó que el proyecto ha desviado más de 200 mil millones de pesos que debieron usarse en salud, campo e infraestructura. Denunció que se subsidia una obra que no es rentable ni sostenible, mientras millones de personas siguen sin servicios básicos. También alertó sobre el recorte de programas clave para 2026. //SEGURIDAD: El gobernador Alejandro Armenta inauguró el segundo Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT) en la Central de Abasto de Puebla, con videovigilancia, ambulancia, patrullas, consultorio y servicios para visitantes y comerciantes. El objetivo es reforzar la seguridad y brindar atención inmediata en zonas clave para el turismo y la actividad comercial.
