La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno interpondrá una demanda por difamación en contra del abogado estadounidense Jeffrey Lichtman, representante legal de Ovidio Guzmán, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum calificó de “inadmisibles” las declaraciones emitidas el pasado viernes por Lichtman, quien acusó a la mandataria de actuar “más como el brazo de relaciones públicas de una organización criminal que como la Presidenta de México”.
Declaraciones que generaron polémica.
Jeffrey Lichtman, conocido por defender a figuras de alto perfil dentro del crimen organizado, realizó estas afirmaciones tras la audiencia en la que Ovidio Guzmán se declaró culpable en una corte de Chicago. El abogado criticó duramente al gobierno mexicano por, según él, mostrarse más preocupado por la imagen pública que por aplicar la ley de forma imparcial.
Sus palabras encendieron la polémica y generaron reacciones inmediatas tanto en México como en Estados Unidos, especialmente por el trasfondo político y diplomático que implica mencionar una supuesta cercanía entre el gobierno mexicano y grupos criminales.
Sheinbaum responde con acciones legales.
En respuesta, Sheinbaum aseguró que no permitirá “acusaciones infundadas” que dañen la investidura presidencial ni la integridad del Estado mexicano. La presidenta confirmó que será la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal la encargada de interponer la denuncia formal por difamación en los próximos días.
“Mi gobierno no tiene vínculos con ningún grupo delictivo, y no vamos a permitir que se nos calumnie con fines políticos o mediáticos”, sentenció la mandataria, reafirmando su compromiso con la transparencia y el combate frontal al crimen organizado.
La controversia también revivió viejos señalamientos sobre otros casos sensibles, como el del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien fue arrestado en EE.UU. en 2020 y devuelto a México, donde fue exonerado. Lichtman utilizó este antecedente para reforzar sus críticas, insinuando falta de firmeza judicial por parte del gobierno mexicano.
Sin embargo, la administración de Sheinbaum ha reiterado en múltiples ocasiones su postura de cero tolerancia al crimen y la corrupción, destacando una reducción sostenida en los índices de homicidios dolosos durante su mandato.
Un precedente legal e institucional.
Este caso marca un precedente inédito en la política nacional: es la primera vez que un Presidente o Presidenta de México emprende acciones legales por difamación contra un abogado extranjero involucrado en un proceso penal de alto perfil. Especialistas en derecho internacional analizan ya las posibles implicaciones legales y diplomáticas del caso.
