Los nuevos aranceles del 30 % anunciados por Estados Unidos han puesto contra las cuerdas al gobierno mexicano. No se trata solo de una disputa comercial, como el gobierno lo quiere vender; se trata de una operación política quirúrgica, bien calculada y profundamente simbólica. Ya antes, con solo una amenaza similar, el gobierno de México extraditó a casi una treintena de narcotraficantes, que hoy están declarándose culpables como el caso de Ovidio Guzmán, quien cuenta con información exclusiva.
Aquella vez, la respuesta de la administración mexicana fue convocar a marchas en el Zócalo, intentando disfrazar de soberanía lo que en realidad fue una movilización política para respaldar a una presidenta que no sabía como actuar en ese momento y en la actualidad ante un gobierno de Estados Unidos que no está jugando si no actuando.
Ahora, tras la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán en una corte de Chicago, la estrategia estadounidense se intensifica: acusan directamente al gobierno mexicano de permitir que América del Norte se convierta en “el parque de juegos del narcotráfico”.
Mientras tanto, en Palacio Nacional y sus alrededores niegan la gravedad del problema, aseguran que llegarán a un “acuerdo”. Un acuerdo que no va a beneficiar al gobierno mexicano y que solo hace ver que el gobierno de Claudia Sheinbaum y sus aliados niegan lo evidente: que México está rebasado en seguridad, debilitado políticamente y bajo fuego mediático.
Las recientes declaraciones del abogado que lleva el caso de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, a quién le contesto la mandataria mexicana “algo inaudito” dejan claro que Washington tiene información de sobra y voluntad para usarla. No sería raro que nombres de políticos cercanos al poder aparezcan como «moneda de cambio», en temas como huachicol, crimen organizado o corrupción, sin importar que aún no haya pruebas públicas, ellos tienen el derecho de manejar la información a su antojo, y darle el curso que ellos quieran en favor de su país.
La cancelación de visas, las presiones sobre figuras estatales como el gobernador de Sinaloa, la tensión en Tamaulipas con El Universal, la pugna con Ricardo Salinas Pliego, el caso Aristegui con una jueza, el caso del hijo de Julio César Chávez, y hasta la orden de aprehensión del ex Secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno del hoy senador Adán Augusto López quien se mantiene en silencio, forman parte de un escenario donde el control narrativo ya no lo tiene México.
El aparato de seguridad nacional tambalea, y la estrategia encabezada por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, lejos de fortalecer al gobierno, lo expone aún más con los señalamientos directos del gobierno desde el gobierno de Estados Unidos. Todo esto se traduce en que viene una semana complicada para el gobierno de la Cuarta Transformación quien tendrá que desplegar toda su fuerza mediática para contener una ofensiva que no viene solo de la oposición, sino desde la Casa Blanca y los tribunales estadounidenses.
Estados Unidos ha dejado claro que no quiere vecinos que le generen inestabilidad. Y si México no puede resolver sus problemas de seguridad y migración, ellos sí están dispuestos a hacerlo… desde su territorio, con sus reglas, y con consecuencias directas.
