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10 de julio de 2025 5:58 am
ABM defiende solidez financiera ante embate de EEUU contra bancos mexicanos

ABM defiende solidez financiera ante embate de EEUU contra bancos mexicanos

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 La Asociación de Bancos de México (ABM), rechazó que los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de CiBanco e Intercam Banco por presuntas operaciones de lavado de dinero representen un riesgo para la estabilidad del sistema financiero mexicano.

En conferencia de prensa, Emilio Romano, presidente de la ABM, subrayó que se trata de una medida de carácter administrativo por parte de autoridades estadounidenses, la cual aún no ha sido judicializada ni comprobada.

“Hoy por hoy se trata de una medida administrativa… no ha llevado todavía un proceso judicial para poder aportar pruebas y concluir sin lugar a dudas que se dieron estas actividades ilícitas”, explicó.

El presidente de la ABM precisó que la instrucción del gobierno estadounidense es impedir que instituciones de ese país operen con CiBanco e Intercam, mientras se investigan los señalamientos contenidos en el documento emitido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).

En ese contexto, informó que, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitaron a FinCEN una extensión de 45 días al plazo inicial de la medida, con el objetivo de contar con tiempo suficiente para establecer nuevos mecanismos de operación.

Romano descartó que esta situación haya generado una pérdida de confianza en la banca nacional o una posible corrida bancaria.

Aseguró que no se ha registrado ninguna disrupción y destacó que ambas instituciones representan menos del 2% del sistema bancario mexicano.

“El sistema bancario en México está sólido, robusto, preparado para choques económicos y financieros”, afirmó.

Asimismo, garantizó que los ahorradores de CiBanco e Intercam no enfrentan ningún riesgo, ya que sus recursos están debidamente protegidos por las instituciones y los mecanismos de supervisión vigentes.

Finalmente, reiteró que será el curso legal en Estados Unidos el que determinará si los señalamientos tienen fundamento, e insistió en que, por el momento, se trata únicamente de un proceso administrativo.

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