La forma en que se depuró y se votó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión mostró en el Congreso mexicano tres maneras diferentes de coexistir con el gobierno.
El caso resulta relevante, porque es innegable que la presidenta Claudia Sheinbaum atendió las críticas que se le hicieron a la iniciativa original que envió al Senado en abril.
Entonces, haciendo suyo el reclamo ciudadano, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que aquella propuesta podía calificarse como ley censura y reclamaron abrir el diálogo.
La presidenta Sheinbaum accedió a que el tema se analizara en un espacio de consulta, un ejercicio consustancial a la democracia del que Morena prescindía porque, con sus aliados, tiene los votos para cambiar la Constitución y sus leyes.
Y a diferencia de la consigna de AMLO de que a sus iniciativas no se les moviera ni una coma, hubo disposición presidencial para que se realizaran en mayo cinco conversatorios con especialistas, académicos, empresarios y defensores de audiencias.
Ese ejercicio fue conducido por el senador Javier Corral (Morena), quien como legislador del PAN reclamaba la democratización del sector de telecomunicaciones. Quienes siguieron el cabildeo del documento final relatan que el exgobernador de Chihuahua fue el interlocutor determinante con la Presidenta y la oposición.
Se sabe que varios cambios que Corral impulsó se quedaron en camino y la ley votada es producto del jaloneo entre sus ajustes y los de José Merino.
Según el relato de opositores que arrastraron el lápiz para mejorar el dictamen, el expanista hizo labor de convencimiento con la Presidenta, asumiendo que había que honrar los conversatorios.
Para expertos, como Irene Levy, las modificaciones a la propuesta original “son muchas y son todas buenas”, valoración que permite decir que esta vez la política parlamentaria rindió frutos.
PAN, PRI y MC hicieron evaluaciones diferentes, en un momento en el que la estrategia de ir juntos, que tuvieron antes, ya no tiene sentido y les resulta indispensable singularizar sus respectivas apuestas. El sábado 28, los senadores del PRI que encabeza Alito Moreno votaron en contra. El martes, de nueva cuenta, los diputados priistas fueron los más duros, desplegando un ataúd en señal, dijeron, de que la libertad había muerto.
El coordinador Rubén Moreira sostuvo que la ley era parte de “una campaña para acallar a la prensa”. Y sin conceder que la propuesta había mejorado, advirtió que la futura Comisión Reguladora de Telecomunicaciones era violatoria al capítulo 18 del T-MEC por no ser un órgano autónomo. “Se trata de engañar a nuestros dos socios comerciales”. E insistió el exgobernador de Coahuila en que “veremos al Estado espiar y a los delincuentes, con la información del Estado, extorsionar a la gente”.
Hace una semana en el Senado, el PAN sí celebró que se quitara el bloqueo a cualquier plataforma digital y la censura previa para contenidos extranjeros; y que se le diera carácter colegiado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, salvando así las reglas del T-MEC.
“No podemos acompañar una legislación que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos. No podemos acompañar una legislación que le va a poner una pistola en la cabeza a las televisoras y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda”, anunció el senador Ricardo Anaya.
“Los dobló la presión ciudadana. Nuestro trabajo fue simplemente denunciar la trampa vulgar”, sostuvo el jefe de los senadores del PAN. Dio cuenta el panista de lo sucedido en el proceso político parlamentario: “Aunque no tengamos los votos para ganar en el tablero, sí podemos señalar errores, desviaciones, pero también reconocer que alguien hizo un esfuerzo serio por convencer al gobierno de rectificar”.
El senador Anaya también ventiló sus sospechas: “Mi impresión es que ha habido un debate al interior del gobierno y que los técnicos sensatos han logrado avanzar, pero hay por ahí una vena autoritaria que se resiste a hacer los tres cambios que hacen falta para que este dictamen sea digno de ser aprobado por unanimidad”.
Esto es lo que el PAN reclamaba eliminar el artículo que permite solicitar a las compañías telefónicas la geolocalización en tiempo real de los ciudadanos, sin que se requiriera una orden en judicial y el poder de la comisión de suspender transmisiones si considera que en el contenido no hay “pluralismo ideológico”.
Movimiento Ciudadano optó por respaldar el dictamen reconociendo la rectificación gubernamental y haciendo suyo el eslogan que Morena desplegó: “Ni censura ni espía”.
El coordinador de la bancada naranja en la Cámara alta, Clemente Castañeda, metió el cuerpo en defensa de lo ganado y acusó que había desinformación en torno a la Ley de Telecomunicaciones.
Al fijar postura ante el pleno, la senadora Alejandra Barrales realizó el subrayado: “Hoy vemos, con gran ánimo, que la mayoría legislativa rectificó. Y queremos reconocerlo, porque no es algo que se dé con frecuencia”.
Los naranjas jugaron a visibilizar lo ganado por la presión opositora que sus legisladores y los del PAN y PRI canalizaron.
Y después de reconocer los buenos oficios de Corral, Barrales concluyó: “Vamos a votar a favor, porque, por primera vez, en lo que va de nuestra legislatura, se hizo política en el Senado”.
Independientemente de los votos en favor o en contra, la oposición está obligada a seguir defendiendo el derecho a la privacidad.
Frenar al Big Brother del Bienestar es tarea de quienes como MC se asumen artífices de haberle quitado a la ley sus aspas autoritarias y de quienes como el PAN y el PRI seguirán impugnándola.
Frente a las pulsiones autoritarias, se necesitan política y resistencia democrática.
