- Anuncia iniciativa para dar pensiones a huérfanos por la pandemia COVID
Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar un marco legal que facilita el espionaje a ciudadanos sin orden judicial, vulnera derechos fundamentales y representa una amenaza autoritaria comparable al “Big Brother” de la novela de George Orwell.
El legislador dr Guerrero calificó como un “despropósito” y un “exceso” la narrativa del Ejecutivo Federal respecto a la supuesta necesidad de una orden judicial para intervenir comunicaciones privadas.
Añorve aseguró que, pese a lo que sostiene la presidenta, el conjunto de reformas recientemente aprobadas —que incluyen leyes de seguridad, telecomunicaciones, inteligencia y población— permite la recolección masiva de datos personales sin supervisión judicial efectiva.
“Es una ley espía, es una ley Big Brother del bienestar. Aunque digan en la narrativa que se necesita orden judicial, eso no es cierto. En la ley de lavado de dinero, por simple sospecha pueden intervenir cuentas bancarias. ¿Dónde queda el debido proceso?”, señaló.
El senador advirtió que los datos biométricos, ubicación, historial financiero e incluso datos sensibles de los hijos de los ciudadanos podrían ser vulnerados y utilizados por la delincuencia organizada o por actores políticos para el chantaje y la presión.
Afirmó que el andamiaje legal aprobado permite un “control absoluto” del Estado sobre la vida privada de las personas.
Añorve también criticó que, con Morena al frente del Poder Ejecutivo, y con su virtual control del Poder Judicial tras las reformas al sistema de jueces, será “imposible” negar una solicitud de intervención telefónica o de datos digitales.
“Van a tener el control del WhatsApp, del internet, del Instagram… y si el juez es de Morena, ¿quién va a decir que no?”, expresó.
Asimismo, el senador priista cuestionó la reciente designación de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), y reiteró que, desde su punto de vista, el exsubsecretario de Salud “debería estar en la cárcel, no en Ginebra”, por su responsabilidad en el manejo de la pandemia de COVID-19.
“López-Gatell permitió más de 800 mil muertes. Debería estar en el Altiplano, no premiado con una representación internacional”, añadió, tras recordar que el gobierno federal minimizó el uso del cubrebocas, lo que agravó el número de contagios.
Anunció que el PRI promoverá una iniciativa para otorgar pensiones a los huérfanos por COVID-19, calculados en más de 215 mil, “porque el Estado tiene una deuda moral con ellos”.
