Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
La pérdida de 417,000 empleos en la industria manufacturera durante el último año no es un dato aislado ni un traspié menor que pueda resolverse con optimismo discursivo. Es el síntoma de un problema estructural que amenaza con minar las bases de la recuperación económica y exacerbar desigualdades sociales y de género que ya son lacerantes. El gobierno federal ha hecho de la creación de empleo en sectores estratégicos la piedra angular de su Plan México, cuyo ambicioso objetivo de generar 1.5 millones de puestos en manufactura especializada hacia 2030 hoy luce cada vez más distante.
Los datos del INEGI no dejan lugar a interpretaciones complacientes. Mientras se contrae el empleo manufacturero, la informalidad alcanza al 54.9% de la población ocupada, el nivel más alto en más de un año. La desocupación, que se mantiene en 2.7%, solo parece contenida por un fenómeno preocupante: menos personas están buscando trabajo, por desaliento o por el refugio de los programas de apoyo social. La caída de la Población Económicamente Activa a 59.5% no puede considerarse un logro en materia de bienestar si se interpreta a la luz de un mercado que expulsa a quienes no encuentran oportunidades formales ni ingresos suficientes.
Este panorama no es únicamente un problema económico. Es, sobre todo, un desafío social. La informalidad implica que millones de trabajadoras y trabajadores carecen de seguridad social, prestaciones y acceso al crédito formal. La subocupación afecta a más del 7% de quienes tienen empleo y, en condiciones críticas, trabaja un tercio de la población ocupada. Así, la informalidad opera como un “amortiguador” que, lejos de estabilizar el sistema, profundiza la precariedad y erosiona la capacidad del Estado de recaudar impuestos y fortalecer el gasto público.
La dimensión de género añade un matiz doloroso a este estancamiento. Mientras la población ocupada masculina aumentó en 436,000 personas, la femenina se redujo en 282,000. La tasa de participación de las mujeres cayó 1.2 puntos porcentuales. Este retroceso es reflejo de un mercado que sigue expulsando a las mujeres ante la falta de políticas que garanticen condiciones equitativas y entornos laborales compatibles con las responsabilidades de cuidado. No hay desarrollo pleno si la mitad de la población continúa enfrentando barreras estructurales para acceder y permanecer en el empleo digno.
Frente a esta realidad, la respuesta no puede limitarse a la retórica de la recuperación futura. Si bien analistas como Banamex proyectan que la mejora llegará recién en 2026, el costo social de esperar sin actuar será demasiado alto. La desaceleración manufacturera amenaza con dejar rezagados sectores completos de la economía y consolidar una tendencia de informalidad que, en el largo plazo, es insostenible.
Para revertir esta inercia, el gobierno federal y los poderes legislativo y estatal deben asumir con seriedad que el problema exige una agenda amplia y coordinada. Es necesario impulsar un plan de rescate manufacturero que combine incentivos fiscales, financiamiento público-privado y modernización de infraestructura industrial, con la finalidad de reactivar plantas que hoy operan a media capacidad o han reducido su plantilla. La inversión pública en sectores estratégicos puede ser un detonante real del empleo formal si se acompaña de certeza jurídica, reglas claras y evaluación rigurosa del impacto.
La formalización laboral requiere un rediseño profundo que no se base en sanciones indiscriminadas a pequeños negocios. Deben implementarse programas de acompañamiento, subsidios temporales al costo de la seguridad social y simplificación administrativa, con especial énfasis en micro y pequeñas empresas que generan una parte sustancial del empleo nacional. A su vez, urge atender la brecha de género con políticas de promoción activa del empleo femenino, redes de cuidado comunitario y esquemas de corresponsabilidad familiar, así como mecanismos eficaces de reinserción laboral para miles de mujeres que abandonaron el mercado ante la falta de oportunidades.
La actualización de los programas de apoyo social es otro eje indispensable. Estas políticas deben operar como una red de protección sin convertirse en un desincentivo permanente a la búsqueda de empleo. El tránsito ordenado del subsidio al ingreso derivado del trabajo requiere reglas transparentes, seguimiento puntual y evaluación de resultados. En paralelo, la diversificación productiva debe acelerarse para que la economía no dependa exclusivamente del desempeño manufacturero tradicional, tan vulnerable a los ciclos externos. La transición energética y la digitalización representan áreas de oportunidad que no pueden seguir esperando.
Ningún gobierno puede revertir por sí solo las fuerzas globales que inciden sobre la economía. La volatilidad comercial, la robotización y la competencia internacional seguirán siendo retos ineludibles. Pero la capacidad de anticiparse y adaptarse con políticas públicas eficaces es la diferencia entre una economía resiliente y una sociedad atrapada en la precariedad.
El país no puede resignarse a contemplar la erosión de su mercado laboral mientras la desigualdad se profundiza. Si de verdad se aspira a un México con desarrollo inclusivo, la creación de empleo formal y digno debe dejar de ser una promesa de campaña para convertirse en prioridad inaplazable de gobierno. La historia juzgará no solo los resultados económicos, sino la voluntad política de enfrentar, con decisión y empatía, este desafío.
APUNTES CLAVESEGURIDAD: El diputado federal del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso Que, durante el debate de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acusó a representantes del oficialismo de tener vínculos indirectos con actividades ilícitas y mencionó supuestas operaciones financieras relacionadas con Alfonso Romo. También cuestionó la política exterior al señalar que Estados Unidos clasificó a México como país de “riesgo extranjero” y denunció un endeudamiento federal que estimó en “7 billones de dólares”. En materia de seguridad, afirmó que la estrategia de “abrazos, no balazos” ha derivado en más de 230 mil homicidios y 130 mil desapariciones. Finalmente, destacó que Morena perdió alrededor de 900 mil votos en Veracruz y Durango, llamando a reorganizar a la oposición rumbo a 2027. // LIBERTAD: La vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, aseguró que su partido siempre defenderá el derecho a la libertad de expresión y el periodismo independiente. La legisladora acusó a Morena de usar las instituciones públicas para intimidar y censurar a quienes tienen opiniones distintas. Criticó que, al igual que Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum recurre a prácticas de propaganda oficial y presiones contra periodistas y ciudadanos críticos. Luna mencionó casos recientes como las sanciones a comunicadores en Campeche y Puebla, y denunció que el actual gobierno impulsa leyes y castigos que vulneran los derechos humanos a la información y la expresión. //MALTRATO: La diputada federal Fuensanta Guerrero Esquivel propuso crear un Padrón Nacional de personas sancionadas por maltrato animal, que estaría incluido en el Código Penal Federal como parte de una reforma legal. El registro sería público y administrado por la SEMARNAT junto con la Fiscalía General, permitiendo consultar datos de quienes hayan causado sufrimiento o muerte a animales. También establecería restricciones para impedir que estas personas trabajen o adopten en criaderos, zoológicos, clínicas veterinarias o refugios. La legisladora afirmó que proteger a los animales es un compromiso con una sociedad más ética y justa, y subrayó que el respeto a la vida debe reflejarse en las leyes del país.
