La Cámara de Diputados aprobó sin cambios las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como modificaciones al Código Penal Federal para establecer que en caso “de conductas en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, el Ministerio Público estará en todo momento facultado para investigarlas. Para ejercer la acción penal se requerirá la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tendrá el carácter de víctima u ofendida”Senado.
Con 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones, estas reformas se quedan a disposición de la Presidenta de México para ponerlas en vigor a través de su publicación en el ‘Diario Oficial de la Federación’ (DOF).
Esta reforma tiene como objetivo recabar “elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para ello se establecen figuras o personas que serán el foco de este instrumento jurídico.
En principio, se define como beneficiario o contralor la persona o grupo de personas que, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio; o bien que, a través de la titularidad de valores, puede imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes; además de mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 50% por ciento del capital social o dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de ésta.
Y como beneficiario final, la persona o grupo de personas naturales que controlan a un cliente y en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas físicas que ejercen el control efectivo final sobre una persona u otra estructura jurídica.
