Por Victor Hugo Celaya Celaya..
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«Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla». Esta frase, atribuida a diversos pensadores, resuena con una fuerza particular cuando observamos el dificil camino de México en las últimas décadas. Recientemente, el país fue invitado, junto con otras naciones, a la reunión del G7 en Italia. Este gesto diplomático, si bien es un reconocimiento a nuestro peso en el escenario global, también nos coloca de nuevo frente al espejo y nos obliga a enfrentarnos a una pregunta tan incómoda como necesaria: ¿por qué, después de décadas de ser una «promesa», seguimos anclados en la categoría de «país en vías de desarrollo»?
La respuesta es compleja, pero se resume en una realidad ineludible: México se ha estancado. Más allá de los discursos triunfalistas, carecemos de una ruta clara, de un proyecto nacional que trascienda los ciclos políticos de seis años y que goce del consenso social indispensable para movilizar a la nación entera. Nos hemos acostumbrado a vernos como una economía emergente, pero la verdad es que no estamos emergiendo con la fuerza que nuestro potencial, historia y gente demandan. Este no es un problema exclusivo de la administración actual; es el resultado de una tendencia de más de cuarenta años en la que no hemos logrado dar el salto cualitativo hacia el Desarrollo, con mayúscula.
Si nos comparamos con otros países que partieron de condiciones similares, la fotografía es aleccionadora y confirma este estancamiento. Mientras que entre 1980 y 2024, economías como China, India, Corea del Sur, Vietnam o Irlanda lograron tasas de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) de 9.1%, 5.8%, 5.7%, 5.4% y 4.7% respectivamente, México apenas alcanzó un modesto 1.8%. Nos hemos quedado dramáticamente rezagados, no solo frente a las potencias consolidadas, sino también frente a nuestros pares, aquellos que sí encontraron la fórmula para transformar su realidad.
Desde mi experiencia en el servicio público y el análisis económico, este freno no es casualidad. Es el resultado directo de lo que hemos hecho y, sobre todo, de lo que hemos dejado de hacer, desgastando poco a poco las dos palancas clave para cualquier nación: una economía fuerte y una democracia que funcione.
El lastre del centralismo y la asfixia federal
En los últimos años, hemos visto un regreso a un presidencialismo que lo controla todo, concentrando el poder y el dinero de forma alarmante. Este fenómeno ha debilitado el pacto federal, esa columna vertebral de nuestra República que reconoce la diversidad y la fortaleza de las regiones. Las entidades federativas y los municipios, que son los órdenes de gobierno más cercanos a los ciudadanos y, por ende, los que mejor conocen sus problemas y necesidades, han visto mermada su capacidad de acción hasta casi la parálisis.
El gasto federalizado, que agrupa los recursos que la Federación está obligada a transferir a los estados y municipios para atender rubros esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura local, se encuentra en un punto crítico. Según análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), para 2024 este gasto representará solo el 34.5% del gasto neto total. Esta es una de sus proporciones más bajas en la historia reciente, consolidando una tendencia a la baja que asfixia el desarrollo regional y nos hace más dependientes del humor y las prioridades de la capital.
Al mismo tiempo, esta concentración de poder viene acompañada de un panorama fiscal preocupante. El gobierno ha propuesto un endeudamiento público que, según sus propias estimaciones, alcanzará el 50.2% del PIB para el cierre de 2024, junto con el déficit fiscal más alto en más de tres décadas (Fuente: SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2024). La deuda no es intrínsecamente mala cuando se utiliza como palanca para la inversión productiva. Sin embargo, se convierte en un lastre peligroso cuando no se traduce en un crecimiento económico tangible ni en un mayor bienestar para la población, sino que simplemente financia el gasto corriente o proyectos cuya rentabilidad social es, por decir lo menos, cuestionable.
Sin contrapesos no hay paraíso democrático
Paralelamente a la asfixia financiera de las regiones, hemos asistido a un debilitamiento sistemático de las instituciones y los contrapesos democráticos. Un desarrollo sólido, equitativo y duradero es simplemente imposible sin un Poder Judicial plenamente independiente, sin órganos autónomos que vigilen y regulen al poder, y sin un Poder Legislativo que funja como un verdadero espacio de deliberación y construcción de acuerdos, en lugar de ser una mera oficialía de partes del Ejecutivo.
Cuando el disenso se califica como traición y la crítica constructiva se desprecia como un ataque, se anula la posibilidad misma de la política democrática. Un país que aspira a la grandeza necesita pluralidad, debate técnico, deliberación informada y la capacidad de corregir el rumbo. La certidumbre jurídica, la confianza ciudadana y el respeto a las reglas del juego son el oxígeno de la inversión, la innovación y la cohesión social. Hoy, lamentablemente, ese oxígeno escasea en el ambiente público.
El camino de regreso: Federalismo, consenso y visión de Estado
Entonces, ¿cuál es el rumbo? ¿Cómo podemos finalmente cumplir esa promesa de desarrollo que se nos escapa entre las manos? La solución no reside en fórmulas mágicas, atajos populistas ni en liderazgos mesiánicos. El camino de regreso está en retomar y fortalecer los principios fundamentales que nos dieron viabilidad como nación.
Primero, reconstruir nuestro pacto federal. Es urgente y prioritario convocar a una Convención Nacional Hacendaria seria y profunda, que rediseñe por completo la forma en que se recaudan y distribuyen los recursos públicos en México. Necesitamos un sistema más justo, transparente y equitativo, que otorgue a estados y municipios la autonomía y los fondos necesarios para impulsar sus vocaciones productivas, resolver sus problemas de seguridad y atender las necesidades de su gente. Solo así se podrá desatar el inmenso potencial que yace latente en cada rincón del país.
Segundo, recuperar la política como un espacio de consenso y visión de Estado. El desarrollo exige metas que trasciendan un sexenio. Es imperativo forjar un gran acuerdo nacional por la productividad, la innovación y la competitividad. En este acuerdo deben participar, sin exclusiones, gobiernos de todos los niveles, empresarios, trabajadores, académicos y la sociedad civil organizada. Necesitamos un plan con objetivos claros y medibles en áreas críticas como la educación de calidad, la infraestructura estratégica, el fortalecimiento del Estado de derecho y la ineludible transición energética.
Tercero, fortalecer nuestra democracia en toda su extensión. Esto significa defender activamente la división de poderes, la labor de los órganos autónomos y las libertades que tanto trabajo y sacrificio costaron conseguir a generaciones pasadas.
El momento político que vive México, tras el ciclo electoral, representa una oportunidad histórica para la generosidad y la visión de futuro. La invitación al G7 no debe ser un motivo para la autocomplacencia, sino un doloroso recordatorio de la enorme brecha que existe entre lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Dejar atrás la parálisis y el estancamiento no es una opción; es una obligación moral con las nuevas generaciones. Para lograrlo, es indispensable dejar de lado la polarización que nos envenena y empezar a construir, con la altura de miras que la historia demanda, el proyecto de un México próspero, justo y, finalmente, desarrollado.
