La jueza ordenó cerrar el medio digital Tribuna de Campeche y vinculó a proceso al periodista de 71 años por presunta incitación al odio contra la gobernadora Layda Sansores.
Los Ángeles Press
En un fallo que podría tener amplias repercusiones para la libertad de prensa en México, una jueza de control vinculó a proceso penal a un periodista y ordenó el cierre de un medio digital, luego de considerar que se habrían cometido delitos de incitación al odio y a la violencia contra una funcionaria pública.
Según reportó el diario La Jornada, la jueza Guadalupe Martínez Taboada resolvió procesar al periodista Jorge Luis González Valdez, de 71 años, exdirector del medio digital Tribuna, por publicaciones dirigidas contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. La audiencia, que se extendió por más de 12 horas, culminó con una resolución sin precedentes en la que también se le prohibió al comunicador ejercer su labor mientras esté vigente el proceso judicial.
De acuerdo con los registros judiciales, la jueza ordenó además el cierre de la plataforma Tribuna y la vinculación a proceso de Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste, empresa editora del medio. Los presuntos delitos se relacionan con la publicación de materiales considerados como incitadores de violencia en contra de una figura pública.
Los acusados han rechazado las imputaciones y afirman que el caso representa una amenaza directa contra el periodismo independiente. “Esta decisión sienta un ominoso precedente para todos los que ejercemos el periodismo fuera de las estructuras oficiales”, dijo una fuente cercana al equipo legal de González Valdez, que pidió no ser identificada por temor a represalias.
Aunque el caso gira en torno a una figura política estatal, especialistas en derecho constitucional y libertad de expresión lo ven como parte de una tendencia creciente en México, donde el poder judicial es utilizado para sancionar o inhibir voces críticas. “Lo preocupante aquí no es solo el cierre de un medio, sino la señal que se manda al resto de la prensa: la crítica puede costarte la carrera o incluso la libertad”, explicó a Los Ángeles Press un académico de la UNAM con experiencia en litigios de derechos humanos.
La Fiscalía del Estado de Campeche no ha hecho públicos los elementos de prueba que sostienen la acusación. Tampoco se han revelado detalles sobre las publicaciones específicas que habrían motivado la acción judicial, lo que ha generado mayor inquietud entre organismos defensores de la libertad de prensa, tanto nacionales como internacionales.
