La administración de Donald Trump está presionando a México para que investigue, procese y extradite a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, incluso si ocupan cargos públicos, en un movimiento que podría tensar aún más la relación bilateral.
Según cuatro fuentes cercanas a las negociaciones, funcionarios estadounidenses han planteado la exigencia en al menos tres ocasiones, encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante reuniones bilaterales con representantes del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las conversaciones, que no se habían hecho públicas hasta ahora, incluyeron amenazas de imponer nuevos aranceles a productos mexicanos si no se toman acciones concretas contra la narcopolítica.
Funcionarios estadounidenses habrían mencionado a cinco miembros actuales del partido Morena, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como a un exsenador, según dos de las fuentes.
Amenazas comerciales
La estrategia de Trump de condicionar el comercio a medidas de seguridad no es nueva, pero esta vez apunta directamente a la estructura política mexicana. Durante una reunión en Washington el pasado 27 de febrero, encabezada por Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, se discutió el endurecimiento de las extradiciones, la designación de un “zar del fentanilo” estadounidense que se coordine directamente con Sheinbaum y un mayor control fronterizo del lado mexicano.
En dicho encuentro participaron también la fiscal general de EU, Pam Bondi, así como altos representantes de los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Tesoro. Por parte de México asistieron el fiscal general Alejandro Gertz y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El gobierno de EU considera que la creciente influencia de los cárteles en la política mexicana justifica no solo las medidas comerciales, sino también una reconfiguración de la cooperación bilateral. En febrero, México extraditó a 29 líderes criminales a EU, el mayor número en años, tras amenazas de Trump sobre aplicar aranceles generalizados a las importaciones mexicanas.
