La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados no debe replicarse en otros países de América Latina, tras constatar deficiencias graves en el primer proceso de este tipo celebrado en México el pasado 1 de junio.
Según el informe preliminar de su Misión de Observación Electoral (MOE), el modelo “podría debilitar la imparcialidad, independencia y eficacia” del sistema judicial, en lugar de fortalecerlo.
La Misión —integrada por 16 observadores desplegados en territorio mexicano— documentó una participación electoral de apenas el 13 %, además de un alto porcentaje de votos nulos y no marcados (10.80 %), lo que a juicio del organismo refleja la falta de información clara y el apremio con el que se organizó la jornada. También expresó preocupación por presuntas prácticas de coacción al voto, como el reparto de “acordeones” con listas de candidatos sugeridos por operadores partidistas.
Reformas sin precedentes y con graves implicaciones
El proceso observado fue resultado de una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), que transformó por completo el sistema de selección judicial en México. Por primera vez en su historia, el país eligió mediante voto directo a más de 880 cargos judiciales, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Según los resultados preliminares, los candidatos afines al oficialismo dominan la nueva estructura del Poder Judicial, lo que ha generado inquietudes sobre la independencia del máximo tribunal mexicano.
La MOE subrayó que seis de los nuevos ministros fueron propuestos por una comisión del Poder Ejecutivo, mientras que otros tres ya formaban parte de la SCJN, lo que cuestiona la separación real de poderes.
“La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”, advierte el documento, que también critica la ausencia de criterios técnicos y de evaluación estandarizada para validar la idoneidad de los candidatos.
De acuerdo con el informe, la estructura actual incentiva una justicia electoralizada, en la que jueces y magistrados podrían condicionar sus resoluciones a las expectativas del electorado en busca de reelección.
Alertas por coacción
Uno de los puntos más delicados señalados por la Misión de la OEA es la distribución de “acordeones” o listas de candidatos recomendados en zonas con fuerte presencia partidaria. De confirmarse estas acciones, serían violaciones directas a la libertad del sufragio, por lo que el organismo pidió a las autoridades mexicanas investigar a fondo los hechos denunciados.
Además, el reporte advierte que los mandatos de nueve años para jueces de distrito y magistrados de circuito, sumado a la posibilidad de reelección, podrían derivar en decisiones judiciales tomadas con fines políticos. “La necesidad de reelegirse podría llevar a los jueces y juezas a fallar de acuerdo con lo que estiman que son las preferencias de su electorado y no con base en criterios jurídicos”, apunta la MOE.
El organismo regional recordó que tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado preocupaciones similares, sobre todo en lo relativo a la compatibilidad de la reforma judicial mexicana con los estándares internacionales de independencia, integridad y autonomía del sistema de justicia.
“La Misión tomó nota de que organismos como la ONU y la CIDH también expresaron sus preocupaciones sobre la compatibilidad de la reforma con los estándares internacionales de independencia judicial”, indica el informe.
Riesgos hacia 2027
Con las próximas elecciones judiciales programadas para 2027, la OEA advirtió que podrían coincidir con los comicios federales y estatales en todo el país, lo que incrementaría significativamente el riesgo de influencias partidistas en las candidaturas judiciales.
El informe sugiere que, de mantenerse el modelo actual, será necesario al menos revisar el calendario electoral y establecer salvaguardas mínimas para evitar que la elección de jueces y magistrados se vea contaminada por dinámicas de campaña.
Por el momento, la Misión se mantendrá atenta a las investigaciones en curso, y reiteró que su evaluación final dependerá del comportamiento institucional posterior a la elección. Sin embargo, su mensaje inicial fue contundente: el experimento mexicano, en su forma actual, no debe ser exportado .
