- La reforma no corrige: desmantela. El autoritarismo elimina la carrera judicial y se apodera de los contrapesos.
- No es elección: es castigo disfrazado. El poder somete a la justicia para callar a quienes aún la defienden.
La elección judicial del próximo domingo no es una expresión democrática: es un acto de revancha autoritaria contra los contrapesos institucionales. Así lo advirtieron especialistas en la tercera edición del Foro Impacto de la Elección Judicial, organizado por Somos MX, donde se reunieron voces como Sandra Karina Ibarra Carbajal, Javier Martín Reyes, Federico Reyes Heroles, Rodrigo Morales y Cecilia Soto.
Coincidiendo con el cierre de campañas de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, los participantes fueron claros: lo que está en curso es “una venganza” del poder autoritario contra el diseño constitucional que limita sus excesos.
“Es un experimento único en el planeta, uno que ninguna democracia avala y que condena a muerte a la República”, sentenció la juez Karina Ibarra. La elección judicial es la culminación de una reforma que, en palabras de Javier Martín Reyes, “purgan y debilitan a todos los poderes judiciales del país”, ya que el proceso se replicará en todas las entidades federativas.
Martín Reyes —investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor del libro La tormenta judicial— sostuvo que se trata de “una pésima reforma que no resuelve nada y que crea otros problemas”; advirtió que “van a quedar peores juzgadores que los que hay ahora” y denunció la “brutal pérdida de capital humano, porque se ha perdido la carrera judicial que se había ganado”.
Sandra Karina Ibarra Carbajal, jueza de Distrito en Jalisco, coincidió en que la eliminación del servicio de carrera representa el desmantelamiento de la “mejor inversión del Estado mexicano”. La sustitución por un modelo arbitrario responde, dijo, a un “experimento único en el planeta, uno que ninguna democracia avala y que condena a muerte a la República”.
La jueza denunció también que el Poder Judicial ha sido blanco de acusaciones interesadas, y recordó que “contra lo recomendado por diversos organismos internacionales, que hablan de que por cada 100 mil habitantes se deben tener al menos 65 juzgadores, en México tenemos apenas 4”. Además, advirtió que “se ha roto la cadena de confianza, eso que los juristas llamamos cadena de custodia”, y que voces internacionales han calificado el proceso como “aberrante, sin garantías”, completamente sometido al poder político y al arbitrio de “cuotas y cuates”.
El politólogo Federico Reyes Heroles explicó que este escenario es parte del “deterioro de la cultura democrática que venimos viviendo”. Afirmó que “el autoritarismo ha resultado atractivo, de la misma manera que la repartición directa de recursos”, y mencionó estudios que evidencian cómo amplios sectores de la población prefieren “la mano dura” por encima de los procesos democráticos, incluso aceptando “un golpe de Estado en un escenario de delincuencia desbordada”.
Reyes Heroles, llamó a fortalecer la pertenencia ciudadana a las organizaciones civiles como vía para proteger el respeto a la ley, “porque es la mejor fórmula para encaminarse a un sistema de vida democrático”.
Todos los participantes coincidieron en un mismo diagnóstico: la elección judicial representa un retroceso electoral flagrante, una farsa institucional, un ataque directo al sistema republicano. Lo dijeron también en foros anteriores otros especialistas como Jorge Alcocer, Lorenzo Córdova, María Marván, Rodrigo Morales y Amparo Casar. La evidencia es contundente: se ha orquestado una ofensiva autoritaria contra los contrapesos, disfrazada de elección popular.
