La diputada Noemí Luna Ayala y el diputado Federico Döring Casar, del PAN, aplaudieron los mecanismos de diálogo establecidos con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, especialmente en vísperas de un periodo extraordinario en el que se discutirían iniciativas relacionadas con la seguridad.
En rueda de prensa, al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con el funcionario del Gobierno Federal, Luna Ayala reiteró el llamado a que exista seguridad en los procesos electorales del próximo 1 de junio, principalmente de Veracruz y Durango.
“Hemos visto que se replica lo que ya sucedió en el proceso electoral pasado, un clima de violencia, un clima de atentado en contra de nuestros candidatos, y de nuestra parte lo que le pedimos al secretario es que exista una mesa técnica de trabajo, en donde se tomen en cuenta las preocupaciones que nuestro grupo parlamentario tiene”, dijo.
En ese sentido, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN solicitó la creación de una mesa técnica de trabajo para que se atiendan las inquietudes de su bancada, en particular respecto a propuestas que podrían afectar derechos fundamentales, como el uso de un padrón único de nombres y el uso de biométricos en la reforma en materia de telecomunicaciones.
Por su parte, el diputado Federico Döring Casar pidió a García Harfuch que se realice una mesa técnica para encontrar una mejor redacción del artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que sea la única forma en la que se pueda acceder a las comunicaciones privadas.
Refirió que el artículo 16 de la Constitución Política señala que “no se puede acceder a nuestras comunicaciones ni posiciones si no es por mandato de un juez, y este artículo ya dice que en seis horas se tiene que resolver cualquier petición de la autoridad”.
Döring Casar recordó que el caso de espionaje telefónico de Ernestina Godoy Ramos cuando era fiscal de la Ciudad de México, en el cual “un servidor, el propio diputado Monreal, Higinio Martínez, Marcelo Ebrard, Alessandra Rojo de la Vega y muchos fuimos espiados con la simulación de un delito inexistente de secuestro en el estado de Colima.
“A través de esa supuesta denuncia anónima se intervinieron nuestros celulares para, en tiempo real, monitorear el posible paradero de la víctima, que nunca existió, y que después se determinó en un tribunal colegiado que se requirió la información directamente a las telefónicas, sin pasar por un juez de control”.
“Eso es lo que no queremos que se vuelva a repetir en este país y que a quien tenga indicios de autoridad de que se le debe de monitorear sus comunicaciones privadas, lo haga a través de un juez, como establecido en el 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, señaló.
