Jorge Enrique Terán, exservidor público capitalino, denuncia desde el exilio una red criminal penitenciaria que conecta con el doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz en Tlalpan.
Por Guadalupe Lizárraga…
Jorge Enrique Terán Carrillo era servidor público adscrito a la Subdirección del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. En 2024, con un sueldo mensual bruto de $7,364.00, se negó a entregar un cargamento de droga al interior del Reclusorio Norte y a regresar una camioneta cargada con cajas de dinero. Fue su último fin de semana laborando para esa área del gobierno capitalino. En una llamada a su superior, fue enfático: “Por ninguna circunstancia entro al reclusorio por la aduana de vehículos. Yo gano tres pesos y no me voy a arriesgar”. Dejó las llaves puestas y se marchó a su casa. La orden de llevar la camioneta —propiedad del gobierno— se la había dado Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, quien fue asesinada a balazos junto con el asesor de gobierno José Muñoz en la colonia La Moderna, sobre la Calzada de Tlalpan, el 20 de mayo de 2025.
La negativa de Terán a cumplir esa orden marcó un punto de quiebre en una estructura de poder que —según su testimonio— se sostenía mediante amenazas, favores y lealtades impuestas. La persona que le había dado la instrucción, Ximena Guzmán, no era una funcionaria menor: tenía acceso directo a la jefa de Gobierno y, junto con José Muñoz, formaba parte del círculo cercano de Clara Brugada.
Ximena Josefina Guzmán Cuevas, de 42 años, era socióloga con una maestría en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Se desempeñaba como secretaria particular en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. José Muñoz, de 40 años, era asesor político, con una carrera sólida en la administración pública. Formado en Ciencia Política y Administración Pública, su perfil técnico lo llevó a desempeñar funciones clave en diversas instancias legislativas y de gobierno. Ambos habían trabajado de cerca con Clara Brugada desde su gestión en la alcaldía de Iztapalapa.
La maquinaria detrás del poder, sin embargo, no se detenía. A principios de agosto de 2024, Jorge Enrique Terán descubrió que estaban amueblando con lujo el dormitorio 3 del Reclusorio Norte para un líder de la Unión de Tepito. Con frecuencia le pedían que hiciera diferentes traslados a los reclusorios de la Ciudad de México. Era parte de sus rutinas. Sin embargo, cuando le dio la orden un subdirector del penal y le dijo dónde recoger los muebles quedó impactado cuando los vio. “Eran muebles de marca alemana”, dice a Los Ángeles Press, y destaca: “lo sorprendente es que metieron muebles caros, nuevos, una cantina, una cama especial y una sala”, recuerda.
Existen fotografías y placas de los vehículos utilizados para el traslado de mercancía destinada a los miembros del grupo criminal La Unión de Tepito. La camioneta de uso más frecuente para entregas de víveres, alcohol, muebles, cajas y dispositivos electrónicos era la que él traía, una Ford Ranger con placas 7552CL. La recogía ya cargada o se trasladaba por las mercancías para recogerlas en diferentes puntos de la ciudad.
Pero poco después, otro de los funcionarios del penal le pidió que fuera a recoger unas cajas a una dirección en Ecatepec como un favor personal, y que las trasladara al reclusorio norte. Lo iba a compensar con dos días de descanso. Terán no lo pensó dos veces y aceptó encantado. Cuando llegó a la dirección, vio fotografías de policías uniformados, un lugar oscuro, “lúgubre”, refiere, y lo describe como “claramente mafioso”. Empezaron a subir las cajas cerradas a la camioneta, y él preguntó que traían. El hombre le respondió que para qué preguntaba, pero de una manera fuerte. Terán se incomodó y dijo que él no iba a trasladar esa droga al penal. Que prefería renunciar. El hombre lo amenazó y señalándole el orificio de una bala en el cristal de un auto, aun así no obedeció. La orden la había dado Ximena Guzmán.
A partir de que se negó a llevar las cajas al reclusorio norte, recibió más amenazas y, de acuerdo con sus propias palabras, “me empiezan a hacer la vida imposible”.
Como forma de castigo, Jorge Eduardo Terán fue enviado a trabajar a un Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (CEVASEP) donde se encuentran los internos clasificados como de alta seguridad. Un penal psiquiátrico pobre. Allí conoció a Florentino Guzmán Arcos, un violador serial sentenciado por atacar a 19 adolescentes, entre 14 y 19 años. Operaba en Iztapalapa desde 2006, y dijo conocer bien a Clara Brugada y Ximena Guzmán. Le habían facilitado un laboratorio de lechugas hidropónicas que vendían como productos orgánicos a alto precio en establecimientos de la colonia Roma.
“Florentino me dijo: yo le puedo pedir a Clara lo que yo quiera, lo que yo quiera me lo trae, y eso ha sido desde con Claudia, la jefa de gobierno de antes”, cuenta Terán. Y apunta el entrevistado para Los Ángeles Press que tenían muchas consideraciones para verdaderos criminales.
El obligado diezmo
De acuerdo con el testimonio del exservidor público del sistema penitenciario, Jorge Enrique Terán, Ximena Guzmán —quien fuera secretaria particular de Clara Brugada— operaba desde los tiempos en que ambas estaban en la alcaldía de Iztapalapa, cobrando el “diezmo para el movimiento”, incluso a trabajadores del gobierno local. Si algún empleado solicitaba un préstamo con aval institucional, Guzmán lo acompañaba al banco para exigirle personalmente una comisión. Lo mismo ocurría en los penales.
“Básicamente, lo que ella hacía era pasar la charola, el obligado diezmo. Es una cultura que viene desde el PRD, desde que estaba Arce (René Arce Círigo), cuando incluso se heredaban los puestos… Yo la vi. Iba y recibía dinero de los comandantes; iba y recibía dinero de los directores de los penales. Y era muchísimo, pero muchísimo dinero”, afirma Terán.
El exfuncionario también relató que el control del sistema penitenciario comenzó a deteriorarse cuando, según él, “la gente de Clara” empezó a exigir cantidades cada vez más altas, rompiendo los acuerdos previamente establecidos. “La gente que conozco y que todavía está allí en los penales dice que se avorazaron. Empezaron a pedir cuotas exageradas, cuando ya había un arreglo previo. Pero la gente de Clara dijo que tenían que dar más, que ese cacho lo iban a poner ellos. Eso era lo que hacía esta chica. Por eso, el asesinato artero”, sostiene Terán, en referencia a Ximena Guzmán.
Terán agregó que el grupo cercano a Brugada abrió demasiados frentes y acumuló enemigos. “Su actitud no ayudaba, porque eran muy prepotentes. Pero lo que me consta es que iban al reclusorio y se llevaban todo el dinero, en cubetas, en ollas de tamales. No exagero: es mucho dinero lo que se junta en cada turno”, enfatizó.
También respondió anticipadamente a quienes pudieran cuestionar el papel de Guzmán en el sistema penitenciario: “Alguien puede rebatirme que Ximena Guzmán no trabajaba en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo les respondería: ¿Y qué carajos hacía allí, en los centros penitenciarios, si no trabajaba ahí? Ella hizo su carrera con Clara Brugada desde la alcaldía. ¿Por qué iba a esos centros? No tenía relación con Harfuch, y sin embargo, me la encontré varias veces en diferentes instituciones penitenciarias. Desde la alcaldía extorsionaba a mucha gente. El obligado diezmo. En la alcaldía se dedicaba a eso. Es una práctica que traen desde el PRD y la institucionalizaron”.
Según Terán, durante las últimas tres semanas antes del atentado del 20 de mayo, los directores de distintas dependencias del gobierno comenzaron a recibir escoltas para acompañarlos a sus casas y regresar con ellos al día siguiente a sus oficinas. Sin embargo, las víctimas de ese día —Ximena Guzmán y José Muñoz— no contaban con protección. Eran considerados “de bajo perfil”. Para Terán, esta clasificación no era coherente, ya que ambos mantenían trato directo tanto con Clara Brugada como con los directores de los penales.
El encubrimiento tecnológico del crimen
La opinión del experto Rómulo Catalán, exdirector del C5 en Campeche, señaló a Los Ángeles Press que el doble homicidio fue ejecutado con apoyo de altos mandos, dado que las cámaras del C5 fueron manipuladas y los policías de la zona removidos para facilitar la huida del asesino. Según el experto, esto sugiere una operación planeada con respaldo institucional.
Catalán explicó que los PMI (Postes de Monitoreo Inteligente) suelen contar con al menos cuatro cámaras de videovigilancia activas, y en este caso no se registraron imágenes nítidas del ataque. Además, detalló que los disparos fueron de calibre .380, una munición que indica precisión, y que el sicario mostró un alto nivel de profesionalismo desde el punto de vista criminal. Como exdirector del C5, conoce a fondo el funcionamiento tanto de los PMI como de las cámaras PTZ, dispositivos robóticos capaces de girar horizontal, verticalmente y con capacidad de zoom, operados en tiempo real desde el centro de control.
Este nivel de coordinación, tanto en la ejecución del crimen como en la manipulación tecnológica, coincide con lo denunciado por Jorge Enrique Terán, quien advierte que detrás de estos actos hay una estructura criminal consolidada y protegida desde diversas esferas del poder.
El exservidor público también señaló que una prima de Clara Brugada, de la que se reservó el nombre, con un cargo en la Fiscalía de la Ciudad de México, controlaba los ingresos generados por la renta de teléfonos celulares a internos relacionados con redes de extorsión. Un sobrino de Brugada, también con reserva de nombre, estaría involucrado en estas operaciones. La estructura, según Terán, fue heredada del gobierno de Miguel Ángel Mancera y retomada por la administración de Claudia Sheinbaum, sin que se desmantelara. El objetivo era el mismo: extraer dinero desde el interior de los penales.
Una red que sobrevive a los gobiernos
El testimonio de Jorge Enrique Terán no describe un caso aislado de corrupción, sino un sistema operativo incrustado en las entrañas del gobierno capitalino. Según su relato, se trata de una red heredada, institucionalizada y, finalmente, sostenida por el silencio y el miedo.
Una situación que ya había sido denunciada por el periodista Héctor Valdez Hernández, encarcelado desde 2020 por delitos fabricados. Desde prisión, Valdez continuó ejerciendo el periodismo y documentó para Los Ángeles Press los negocios ilícitos dentro de los centros penitenciarios: tráfico de drogas, cobros por protección, extorsiones y el uso de miles de celulares por internos ligados a redes criminales. Tras sus reportes, fue víctima de dos episodios de tortura. Sus denuncias involucraron a altos funcionarios penitenciarios, incluido el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y revelaron una estructura de extorsión protegida desde los niveles más altos.
Hoy, con dos personas ejecutadas y decenas silenciadas por miedo, la red criminal incrustada en los centros penitenciarios de la capital no solo sigue intacta: sigue operando con protección institucional.
