Las niñas, los niños y los adolescentes (NNA) de México son blanco del crimen organizado; la captura de sus mentes, cuerpos y expectativas avanza cotidianamente. Las manifestaciones de ese fenómeno son materia de iniciativas que se acumularon este 2025 en el Congreso, evidenciando que las bandas delincuenciales se meten hasta en los videojuegos.
El cyberbullying ha generado propuestas que van desde la prohibición del uso de celulares en las escuelas hasta la penalización de la indiferencia. Los relatos de que el reclutamiento forzado que los grupos criminales practican tiene nexos con trata y desaparición de niñas y adolescentes llegó a la Cámara de Diputados sin que prosperara hasta ahora el exhorto al gobierno para que se diseñe un plan de atención al respecto.
Quiero destacar el testimonio de dos mujeres que se han dado a la tarea de construir respuestas ante los estragos de la violencia en las nuevas generaciones: la exdiputada Julieta Fernández (PRI) y la exsenadora Josefina Vázquez (PAN). Sus respectivos proyectos, siendo diferentes, convergen en el propósito de visibilizar las tragedias que, silenciadas, están destruyendo la vida de niñas, niños y adolescentes.
“No tienen voz, aunque tengan padre y madre siguen siendo huérfanos de mil maneras”, relata Julieta. La expresidenta del DIF de Acapulco recuerda que en 2012 se hizo una ley que habla sobre los derechos de los niños, “pero el problema es que no tiene claridad de quién es el depositario de sus derechos”.
Activista contra la trata y conocedora de decenas de casos exitosos y fallidos de rescate, Fernández asegura que la desaparición de los niños crece porque se pierden en la delincuencia organizada, trasladando armas, drogas o sufriendo la esclavitud sexual. Después de haber confirmado la inutilidad de diversas instituciones cuando hay que salvar a una niña de un padrastro o de un abuelo pederasta o de rescatar a una adolescente que se llevó algún jefe de plaza en el palenque, Julieta habla de la existencia en México de “una infancia que se rompe, una infancia que se quiebra porque la delincuencia ha aprovechado los vacíos y los engaña, los arrastra y luego los despedaza”.
Sostiene la política guerrerense que 49% de los hogares enfrenta algún tipo de violencia, incluida la negligencia frente a ésta. “Tenemos un problema muy grave, generacional”, afirma y asegura que hay entidades como Tlaxcala y Veracruz donde la deserción escolar se ha disparado en 500 por ciento.
De noviembre a la fecha, Josefina Vázquez estuvo al frente de más de 60 mil niñas, niños y adolescentes, encontrando vivencias de infierno. “Estamos frente a una emergencia nacional que tenemos en nuestros propios hogares”, dice.
Ella ha sido cercana al proceso que en Querétaro impulsó el gobernador Mauricio Kuri para que no se utilicen los celulares en las escuelas. “Tenemos que hacer mucho más, porque la destrucción es a pasos agigantados. Las redes sociales tienen que ser redes de paz, no de odio ni de muerte. Necesitamos una preparación en el sistema judicial frente a los ciberdelitos”.
Como integrante de un equipo que asiste a primarias, secundarias y bachilleratos a conversar con alumnos, padres y profesores, ha escuchado historias de suicidio por cyberbullying; una niña que confiesa vivir “un poliamor” frente a pederastas que detrás de la pantalla la ven desnudarse; niños que suben fotos íntimas en apps; un adolescente que paga en la madrugada “su deuda” por la compra de pornografía transmitiendo cómo se masturba, y decenas de manos levantadas como respuesta afirmativa a la pregunta de si se hacen cortes en el cuerpo.
Como presidenta de la Comisión de Niñez en el Senado (2018-2024), Vázquez se dedicó a documentar el abuso sexual, una realidad que ahora ve entrelazada con dos tragedias: México como principal distribuidor de pornografía y la infiltración del crimen organizado en los videojuegos.
La información obtenida por ella da cuenta de una generación de NNA que se divierte con imágenes de violaciones multitudinarias y mujeres descuartizadas que se arman cual LEGO; que hablan con extraños en videojuegos, convertidos en vía del crimen organizado para reclutarlos, y escuchar revelaciones escalofriantes como la de “a mi hermano ya se lo llevó el cartel”.
Es urgente una estrategia de Estado que reconozca estas realidades que desbordan a los maestros, cuya labor generosa y valiente no alcanza hoy para contender con ese monstruo al que la sociedad le canta apologías, porque lo ha normalizado como parte de nuestras vidas.
La verdad es cruda e irrefutable: la violencia criminal se infiltró tanto ya en la cotidianidad que ha logrado que gobernantes de diversos niveles busquen invisibilizar el daño que genera, trivializando los delitos de sus responsables. Antes lo hizo López Obrador; hoy el ninguneo de la gravedad persiste en legisladores del oficialismo y en mandatarios estatales.
Es importante subrayar que la presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch no hicieron suyos los abrazos del sexenio anterior.
Si ese giro es auténtico y las infancias que sufren la violencia criminal importan, será crucial la escucha que emprenderá el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) bajo el liderazgo de una destacada política, Lorena Villavicencio Ayala, exlegisladora que conoce el valor de las organizaciones de la sociedad civil y de sus activistas, quienes desde 2019 padecieron el portazo del desdén gubernamental.
Más allá de las presiones de Trump para desmontar la innegable narco política que México padece, debemos hacernos cargo de estas realidades cotidianas que están comprometiendo el futuro de las vidas que apenas comienzan.
