*La lista de mexicanos que podrían ser objeto de restricciones de visa por parte de EEUU incluye a líderes del partido de la presidente Claudia Sheinbaum, gobernadores estatales y exministros del gabinete, así como militares.
Por Tim Golden
(Los Angeles Press).-En lo que podría representar una escalada significativa de la presión de EEUU sobre México, la administración Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a destacados políticos mexicanos que, según afirma, están vinculados a la corrupción relacionada con el narcotráfico, según dijeron funcionarios estadounidenses.
Hasta ahora, dos figuras políticas mexicanas han reconocido haber sido vetadas para viajar a Estados Unidos. Pero los funcionarios estadounidenses señalaron que esperan que más mexicanos sean objeto de estas medidas, ya que la administración está revisando una lista de varias docenas de figuras políticas identificadas por agencias de inteligencia y del orden como vinculadas al narcotráfico.
La lista incluye a líderes del partido gobernante de la presidente Claudia Sheinbaum, varios gobernadores estatales y figuras políticas cercanas a su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijeron los funcionarios. Estos insistieron en mantener el anonimato para poder hablar sobre planes de política sensibles.
La gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que tanto ella como su esposo, un exdiputado, fueron informados de que sus visas estadounidenses habían sido revocadas debido a “una situación” relacionada con su esposo. “El hecho de que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo”, dijo en una conferencia de prensa el lunes.
Sheinbaum señaló que su gobierno solicitó a funcionarios estadounidenses una explicación sobre la revocación de la visa de Ávila, pero se les informó que esos asuntos son privados y no se proporcionó más información.
Estas acciones en torno a las visas representan el más reciente desafío político para la nueva líder mexicana y su partido que se presenta de izquierda, el Movimiento Regeneración Nacional, conocido como Morena. A pesar de la histórica sensibilidad del país frente a cualquier señal de injerencia estadounidense, Sheinbaum ha fortalecido hasta ahora su apoyo interno al afirmar la soberanía de México en conversaciones con el presidente Donald Trump, mientras también toma medidas para satisfacer sus demandas de actuar contra los principales narcotraficantes.
Periodistas mexicanos informaron que funcionarios de inmigración de EEUU también retiraron la visa del gobernador de otro estado fronterizo, Américo Villarreal, de Tamaulipas, una afirmación que el portavoz del gobernador calificó como “no confirmada”. (Villarreal ha sido acusado frecuentemente de tener vínculos con el narcotráfico, acusaciones que él ha negado). El mes pasado, el alcalde de la segunda ciudad más grande de ese estado, Matamoros, fue impedido de cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, aunque él también insistió en que no se le había notificado formalmente que su visa hubiera sido revocada.
Un portavoz del Departamento de Estado declinó hacer comentarios, señalando que los registros de visas son confidenciales según la ley estadounidense.
Tres funcionarios de EEUU indicaron que las acciones relacionadas con las visas probablemente serán acompañadas, en algunos casos, por sanciones del Departamento del Tesoro que impedirán a los individuos hacer negocios con empresas estadounidenses y congelarán los activos financieros que tengan en Estados Unidos. Ávila afirmó que no posee cuentas bancarias en EEUU y que no enfrenta ninguna sanción de ese tipo.
Un portavoz del Departamento del Tesoro también declinó hacer comentarios sobre el plan de sanciones.
La revisión sobre la corrupción vinculada al narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca, que solicitó información a las agencias del orden y a la comunidad de inteligencia de EEUU sobre figuras políticas, gubernamentales y militares mexicanas con presuntos vínculos criminales.
Funcionarios señalaron que el grupo ha estado dando forma a la política de seguridad de la administración con respecto a México, bajo el liderazgo de Anthony Salisbury, asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca. El grupo está supervisado por el subjefe de gabinete, Stephen Miller.
Un portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios en respuesta a preguntas sobre el papel del grupo en la implementación de las sanciones de viaje.
Un funcionario familiarizado con la lista del equipo dijo que ésta se superpone con un expediente de aproximadamente 35 funcionarios mexicanos que fue compilado por investigadores de la Administración de Control de Drogas (DEA) en 2019, después de que López Obrador comenzara a desmantelar la cooperación de México con Estados Unidos en programas antidrogas.
Ese esfuerzo anterior buscaba identificar a funcionarios del gobierno mexicano que pudieran ser procesados penalmente por ayudar a narcotraficantes. Condujo a la acusación en 2019 en EEUU del exjefe de seguridad de México, Genaro García Luna, y a su condena por cargos de narcotráfico tres años después en un tribunal federal de Nueva York.
Los dos exfuncionarios de la DEA en Ciudad de México que supervisaron la elaboración de la lista de 2019, Terrance Cole y Matthew Donahue, también propusieron que el Departamento de Estado cancelara las visas estadounidenses de algunos de los políticos mexicanos incluidos en la lista. Altos diplomáticos estadounidenses rechazaron esa propuesta.
Cole está actualmente a la espera de la confirmación del Senado como nuevo administrador de la DEA en la administración Trump.
Algunos funcionarios estadounidenses, tanto actuales como anteriores, expresaron su preocupación por el nuevo plan encabezado por la Casa Blanca. Señalaron que el estándar de prueba requerido para la cancelación de visas y las sanciones del Departamento del Tesoro es mucho menor que el de un juicio penal, lo que podría alentar a los defensores de estas medidas a actuar basándose en información no del todo sólida.
Los funcionarios indicaron que las acciones sobre visas se están llevando a cabo bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que estipula que los no ciudadanos pueden ser considerados no elegibles para ingresar a Estados Unidos si el gobierno “sabe o tiene motivos para creer” que el extranjero “es o ha sido un colaborador consciente, asistente, cómplice, conspirador o aliado de otros en el tráfico ilícito” de drogas ilegales. La ley también permite al Departamento de Estado cancelar las visas de los familiares de un funcionario sancionado que puedan haberse beneficiado de sus ganancias ilícitas.
Un funcionario estadounidense dijo que, si bien las revocaciones de visas podrían enviar una señal contundente sobre la nueva disposición de Estados Unidos a enfrentar la corrupción en México, también podrían provocar nuevos conflictos entre ambos gobiernos.
“Deberíamos estar utilizando todos los recursos del gobierno para ir tras estas personas”, dijo el funcionario, refiriéndose a los funcionarios mexicanos corruptos. “Pero la gran pregunta es: ¿Esto funciona con la presidente Sheinbaum? ¿Vas a perder ahora una oportunidad con un gobierno mexicano que ha sido muy colaborador en el tema del narcotráfico?”
El exembajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, señaló que nuevas acciones de cancelación de visas contra figuras destacadas del partido de Sheinbaum dificultarían que ella siga afirmando que mantiene una “buena” relación con Estados Unidos, especialmente considerando el tono abiertamente de confrontación que Trump ha mostrado en muchas ocasiones.
“Pero al mismo tiempo” —añadió Sarukhán— “esto le da a ella, una presidente nacionalista con un partido muy chauvinista detrás, la excusa perfecta para decir que todo lo malo que está ocurriendo en México con la economía y demás es culpa del imperialismo estadounidense.”
López Obrador, quien llegó al poder en 2018, había prometido combatir la corrupción como nunca antes. En cambio, presidió una administración que negaba tener cualquier problema de corrupción en sus propias filas, incluso cuando periodistas publicaban reporte tras reporte señalando que funcionarios cercanos al presidente —e incluso sus propios hijos— estaban involucrados en enriquecimiento ilícito y corrupción.
