Las elecciones judiciales de 2025 marcarán un antes y un después en la historia del país. Por primera vez, los ciudadanos elegirán directamente a quienes ocuparán cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros tribunales. En este contexto, Sergio Javier Molina figura como uno de los candidatos más controvertidos.
Aunque ha centrado su campaña en la bandera de la austeridad, su trayectoria y estilo de vida parecen contradecir su discurso. Actualmente, Molina percibe un salario mensual de 300 mil pesos y – recientemente – adquirió una propiedad valuada en 4 millones de dólares, en la zona del Pedregal, la cual fue demolida y completamente remodelada.
Más allá del tema económico, también se han señalado posibles prácticas de nepotismo en su entorno cercano. Su esposa, actualmente magistrada del Sexto Tribunal Colegiado, también figura como candidata en este proceso judicial. Además, su cuñada forma parte del mismo circuito, mientras que su hermano ocupa una magistratura en el Estado de Chihuahua.
Molina también ha sido señalado por presumir una supuesta influencia sobre jueces laborales en todo el país, aunque fuentes internas aseguran que esto no solo es falso, sino que varios sectores del poder judicial rechazan su estilo de liderazgo, detestan su manera de conducirse al amedrentar a quien no esté con él.
Asimismo, su campaña ha levantado cuestionamientos por el origen de los recursos que la financian. Se le vincula con líderes sindicales y presidentes municipales que, presuntamente, estarían cubriendo gastos como la operación de su casa de campaña y viajes en avión para su equipo, que lo acompaña cada fin de semana a eventos proselitistas en distintos Estados del país.
En una elección inédita, donde los perfiles de los aspirantes están bajo mayor escrutinio público que nunca, el caso de Sergio Javier Molina abre la conversación sobre congruencia, la falta de ética y de transparencia en quienes buscan ocupar el máximo tribunal del país.
