- Se impedirá que el partido en el poder siga operando el Estado como centro de afiliación partidista.
- Con la primera iniciativa se prohíbe que servidores públicos realicen afiliaciones dentro de instituciones y sanciona su participación en actividades partidistas usando recursos del Estado.
- Y la otra, busca blindar al Congreso, para impedir que MORENA utilice oficinas legislativas como centros de militancia, preservando su carácter imparcial y autónomo.
Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, presentó dos iniciativas para poner fin al uso criminal del poder público por parte de MORENA para fines partidistas. Se trata de una respuesta directa, jurídica y frontal contra el oficialismo que ha desvirtuado las instituciones del Estado y las ha reducido a herramientas de propaganda, chantaje y control político.
“La denuncia es clara: MORENA ha convertido escuelas, oficinas públicas y hasta los espacios del Congreso en centros de afiliación partidista, donde se obliga a los más necesitados a entregar su dignidad a cambio de un apoyo social”, señala el senador del PRI.
“Cuando el Estado se convierte en instrumento de una causa partidista, cuando sus espacios se confunden con los de una facción política, se erosiona la frontera entre lo público y lo privado, y con ella, la esencia misma de nuestra convivencia democrática”, agrega.
“La práctica no es nueva, pero ha sido sistemática y descarada bajo el régimen actual: servidores públicos que en horario laboral promueven la afiliación a MORENA; programas sociales que se ofrecen a cambio de credenciales firmadas; y oficinas públicas que se han transformado en cuarteles del partido oficial”.
Ante estos abusos, el senador de Campeche propone una ofensiva legal estructurada: por un lado, una reforma profunda a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y a la Ley de Austeridad Republicana, que prohibirá y castigará con penas de hasta nueve años de prisión la participación de cualquier servidor público en actos de afiliación partidista dentro de instituciones del Estado. Y por otro, una modificación tajante a la Ley Orgánica del Congreso General, que impedirá que los grupos parlamentarios —en
particular los de MORENA— sigan utilizando las oficinas del Poder Legislativo como si fueran casas de campaña.
MORENA ha desafiado la Constitución con total impunidad. Ha violado el artículo 134 que obliga a usar los recursos públicos con honradez y equidad. Ha ignorado el principio de imparcialidad del artículo 41. Y ha degradado el servicio público, utilizándolo como herramienta para manipular, coaccionar y reclutar bajo amenaza a quienes más necesitan al Estado.
Estas iniciativas no son una advertencia, son un freno. Un alto legal al avance autoritario de un gobierno que se ha dedicado a destruir la línea que separa al partido del gobierno. Son un llamado al resto de las fuerzas políticas para que no se normalice el abuso de poder, ni la coacción del voto, ni el uso clientelar del presupuesto público.
Con estas reformas, Alejandro Moreno coloca al PRI como el único partido que está enfrentando con valor y fundamento jurídico el proyecto totalitario de MORENA.
