Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
La reciente decisión del Senado de posponer la votación de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, programada originalmente para el 28 de abril, marca un momento crucial en el debate sobre cómo equilibrar la soberanía nacional con la defensa de la libertad de expresión. La solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum de revisar el artículo 109, en respuesta a críticas sobre posibles riesgos de censura, parece ser una maniobra estratégica que busca abordar preocupaciones legítimas mientras se mantiene una postura contra la injerencia extranjera en medios mexicanos. Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos, y sus implicaciones políticas y sociales merecen un análisis detallado.
En específico, el catalizador de esta iniciativa fue el anuncio sobre migración, protagonizado por la secretaria de Seguridad estadounidense Kristi Noem, que se transmitió en horarios centrales de radio, televisión y plataformas digitales. Aunque el contenido no fue considerado agresivo hacia el gobierno mexicano, la compra de espacios publicitarios por parte de una entidad extranjera tocó una fibra sensible en el oficialismo.
La preocupación no es infundada. En un mundo donde la desinformación y la propaganda cruzan fronteras con facilidad, los gobiernos buscan proteger sus espacios mediáticos de influencias externas que puedan desestabilizar el orden interno. En el caso de México, la relación con Estados Unidos, especialmente bajo la sombra de figuras como Donald Trump, añade una capa de complejidad. La presidenta Sheinbaum, consciente de esta dinámica, optó por una estrategia preventiva, evitando fricciones innecesarias.
La decisión de posponer la votación y abrir un proceso de consulta es un movimiento políticamente astuto. Por un lado, responde a las críticas de quienes temen que el 109 otorgue al gobierno poderes excesivos para bloquear plataformas digitales; y, por otro, permite a Sheinbaum proyectar una imagen de diálogo y valores democráticos.
Esta táctica recuerda las estrategias de Andrés Manuel López Obrador, quien a menudo proponía iniciativas estrictas para luego matizarlas, logrando avances en sus objetivos sin alienar a amplios sectores de la población. En este caso, la propuesta inicial de una ley dura sirvió para enviar un mensaje claro a Washington: México no tolerará injerencias mediáticas. Al moderar la reforma tras consultas, el gobierno puede lograr la meta de regular la propaganda extranjera mientras mitiga las críticas de autoritarismo.
Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos. Si el proceso de consulta se percibe como una simulación o si la versión final de la ley sigue conteniendo ambigüedades, el gobierno podría enfrentar –de nuevo– acusaciones de manipulación o falta de sinceridad. Además, en el contexto de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, la reforma debe manejarse con cuidado para evitar tensiones que puedan afectar la cooperación en áreas como el comercio o la seguridad. La ausencia calculada de Sheinbaum en Roma, donde Trump estaba presente, evidencia su enfoque preventivo para evitar interacciones impredecibles que puedan complicar la relación bilateral.
Si la reforma se hubiera aprobado sin revisión y contuviera disposiciones que permitieran la censura, los costos políticos habrían sido significativos. A nivel nacional, podría haber desencadenado protestas de medios de comunicación, organizaciones civiles y partidos de oposición, quienes ya han expresado preocupaciones sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión. Sin embargo, sectores de Morena rechazado estas críticas, acusando a la oposición de tergiversar la iniciativa, pero la percepción pública es un factor crítico. Una ley mal diseñada reforzaría las narrativas de autoritarismo, dañando la legitimidad del gobierno de Sheinbaum y de Morena.
Internacionalmente, una reforma que restrinja la libertad de expresión e información podría tensar relaciones con países y organizaciones que priorizan este derecho, como la Unión Europea o Estados Unidos (en un contexto no trumpista). Esto podría complicar negociaciones comerciales o diplomáticas, especialmente en un momento en que México busca fortalecer su posición en la economía global. Además, en la era digital, intentar controlar contenidos puede ser técnicamente desafiante y potencialmente ineficaz, lo que podría llevar a una percepción de un gobierno que sobrepasa sus límites sin resultados tangibles.
La consulta abierta y la revisión del artículo 109 son pasos cruciales para mitigar estos riesgos. Al involucrar a diversos sectores, el gobierno puede demostrar su compromiso con la transparencia y el diálogo, fortaleciendo su legitimidad. Sin embargo, el éxito dependerá de que el proceso sea genuinamente inclusivo y de que la versión final de la ley sea precisa y equilibrada.
Socialmente, la reforma tiene el potencial de influir en la confianza pública hacia el gobierno y los medios de comunicación. Una ley que proteja efectivamente contra la propaganda extranjera sin restringir la libertad de expresión podría reforzar la percepción de un gobierno que defiende los intereses nacionales. Sin embargo, cualquier indicio de censura podría generar escepticismo, reduciendo la diversidad de opiniones y limitando el debate público sobre temas cruciales.
El artículo 109, que permite el bloqueo temporal de plataformas digitales a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, es particularmente sensible. Sin criterios claros y supervisión judicial, esta disposición podría generar un efecto de autocensura en los medios, donde los outlets eviten ciertos contenidos por temor a sanciones. Esto sería detrimental para la democracia mexicana, que depende de un espacio mediático plural y vibrante.
Por otro lado, la reforma también promete beneficios sociales como la promoción de la conectividad en comunidades marginadas. Este objetivo, destacado por la senadora Chavira, podría reducir la brecha digital y mejorar el acceso a información y servicios en regiones desatendidas. Si se implementa efectivamente, esta medida podría tener un impacto positivo en la inclusión social y el desarrollo económico.
La regulación de la propaganda extranjera no es exclusiva de México. En Estados Unidos, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) exige que los individuos que actúen en nombre de gobiernos extranjeros revelen sus actividades (FARA). En la Unión Europea, se han implementado iniciativas como redes de verificación de hechos y regulaciones sobre plataformas digitales para combatir la desinformación (EU vs Disinfo). Sin embargo, en países con regímenes autoritarios, como Rusia, las leyes que permiten bloquear plataformas digitales han sido utilizadas para suprimir la disidencia, lo que sirve como advertencia sobre los riesgos de disposiciones mal diseñadas.
En el caso de México, es crucial que cualquier poder otorgado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones esté sujeto a controles y equilibrios, como la revisión judicial, para prevenir abusos. La independencia de los organismos reguladores también es un factor clave. La transferencia de funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones a una nueva agencia más cercana al gobierno podría generar preocupaciones sobre la politización de las decisiones regulatorias, un tema que debe abordarse en el proceso de consulta.
La posposición de la votación de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones es una oportunidad para que México desarrolle un marco legislativo que proteja la soberanía nacional sin comprometer los principios democráticos. La estrategia de Sheinbaum de proponer una ley estricta y luego moderarla puede ser efectiva si se ejecuta con transparencia y compromiso genuino con el diálogo. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad del gobierno para abordar las preocupaciones sobre la libertad de expresión y garantizar que la reforma beneficie a la sociedad en su conjunto, desde la protección contra la injerencia extranjera hasta la promoción de la inclusión digital. En un mundo donde la información es poder, México debe encontrar un equilibrio que fortalezca su democracia y su autonomía.
APUNTES CLAVE:
DURANGO: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, afirmó que la alianza con el PAN ofrece una posibilidad real de ganar en los 39 municipios de Durango el 1 de junio de 2025. Desde Gómez Palacio, Moreno respaldó a las candidaturas locales y denunció supuesta intervención de funcionarios de Morena, exigiendo la salida de Jonathan Jardines. El PRI competirá en 34 municipios junto al PAN y en cinco de forma independiente. La estrategia se basa en la cercanía ciudadana y liderazgos locales. La gira de apoyo culminará en Durango capital. //MORENA: La diputada federal Selene Ávila destacó su compromiso con la transformación y la construcción del «segundo piso» de la 4T. En Durango capital, agradeció la apertura de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y del secretario general, Andy López Beltrán. Ávila también resaltó el liderazgo de Claudia Sheinbaum y su fortalecimiento como estadista, reafirmando su respaldo a los trabajos de Morena. //ESTRATEGIA: La diputada federal Noemí Luna afirmó que México necesita estrategia y no una copia del sexenio anterior. Criticó la aprobación, por mayoría de Morena, del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 de Claudia Sheinbaum, señalando que no atiende las crisis actuales ni plantea soluciones claras. Luna indicó que el PAN, junto con PRI y MC, rechazó el documento por considerarlo un panfleto ideológico, continuidad de los errores del gobierno de López Obrador. //INCENDIOS: El diputado federal Rubén Moreira alertó sobre el desinterés del gobierno de Morena ante los incendios forestales en México. Señaló que el presupuesto de la Conafor ha tenido un recorte mayor al 50 % desde 2018, dificultando la prevención y el combate del fuego. Propuso que el programa Sembrando Vida también se destine a proteger los bosques. Ambientalistas advirtieron que el 64.2 % del país enfrenta algún grado de sequía, agravando la situación.
