Las comisiones unidas de Radio y Televisión, Comunicaciones y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, para expedir una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Esta reforma contempla la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATD), organismo que asumirá sus funciones.
La iniciativa busca modernizar los procesos regulatorios y facilitar el despliegue de infraestructura tecnológica, promoviendo el acceso a servicios como el Internet de banda ancha.
También, establece restricciones para evitar la injerencia extranjera en medios y plataformas digitales, prohibiendo la transmisión de propaganda política o comercial proveniente de gobiernos extranjeros, salvo fines culturales o turísticos.
Sin embargo, la oposición calificó la ley como un intento de censura y un retroceso en materia de libertad de expresión.
Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, afirmó que se trata de un “asalto a las redes sociales” y denunció que la ATD tendrá el poder de decidir qué plataformas bloquear, sin procedimientos claros ni mandatos judiciales.
“Lo que hoy se está haciendo con esta ley es centralizar todas las atribuciones de esta materia en la Presidencia de la República a través de la tan citada Agencia de Transformación Digital (ATD), eso es lo que hoy se está pretendiendo.
(…) Un claro asalto a las redes sociales, un claro asalto a la libertad de expresión en redes sociales, es sumamente peligroso porque la misma agencia debe emitir los lineamientos y la misma agencia es la que va a decidir qué redes sociales bloquear y qué redes sociales no bloquear, y los antecedentes que conocemos más parecidos a esta propuesta fueron los que se vivieron en 2024 en Venezuela y en Brasil”, afirmó.
En la misma línea, el senador priista Manuel Añorve acusó que el artículo 109 permite al gobierno bloquear contenidos digitales “sin orden judicial, sin límites y sin contrapesos”.
“El artículo 109 le da al gobierno el poder de bloquear, censurar, es un retroceso, es un autoritarismo las plataformas digitales, redes sociales, sitios web, aplicaciones sin necesidad de orden judicial, sin mandato judicial, sin límite de tiempo, sin sin contrapesos, ni procedimientos claros.
“¿Quién decide que se bloquea?, la Agencia y quién controla a la Agencia, el gobierno de Morena, es decir, si alguien del Ejecutivo no le gusta una critica en redes, un portal incómodo, un canal informativo rebelde puede desaparecerlo con un ‘click’ , así de fácil y de peligroso porque viola la libertad de expresión. Es la agencia para quitarle al pueblo la libertad de expresión”, afirmó.
Por su parte, Ricardo Anaya, coordinador del PAN, calificó la aprobación como un “albazo legislativo” y comparó la medida con prácticas autoritarias de otros países.
“¿Cuál es la versión mexicana, de este truco, de esta trampa que tiene tres pasos. Paso uno, identificar un problema y claro que había un problema, una bola de anuncios racistas, discriminatorios que el sinvergüenza de Trump decidió venir a pautar a nuestro país. (…) Ah, pero ahí viene el paso dos, la manipulación de la información, y entonces el régimen inventó dos grandes mentiras: la primera es no podemos quitar los anuncios, (…) entonces, ni modo aunque no lo hayan leído: vótenlo con los ojos cerrados, hay que pasar esta ley, porque con esta ley vamos a poder quitar los anuncios de Trump. (…) Esto es una mentira, es una farsa, es una manipulación”, señaló.
Lisbeth Sánchez García, senadora del Partido del Trabajo, defendió la ley.
Argumentó que busca proteger la soberanía nacional y frenar la injerencia extranjera.
Dijo que la ley no busca censurar, sino de garantizar el respeto a los derechos humanos y la cohesión social.
“La televisión, la radio, la prensa, las redes sociales tienen un poder inmenso, son espejos de nuestra sociedad. Pero, también son herramientas para transformarla, y el Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir a nuestro pueblo”, explicó.
La nueva legislación contempla además un nuevo régimen de sanciones, que incluye multas de hasta el 10% de los ingresos del infractor por conductas como interceptar comunicaciones sin orden judicial, obstaculizar el acceso a Internet o presentar información falsa.
Las sanciones podrán duplicarse en caso de reincidencia.
El decreto establece que las concesiones vigentes se respetarán, aunque se prevé la transición de títulos habilitantes previos a 2014 al nuevo régimen.
La ley también introduce mecanismos innovadores para el uso del espectro, como plataformas de gran altitud y redes inteligentes.
La iniciativa aún debe pasar al pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación definitiva.
