El dolor de las familias que buscan a sus desaparecidos se hizo sentir en el Congreso. Y es que las madres buscadoras fueron escuchadas por legisladores oficialistas, acostumbrados a imponer una narrativa que maquilla los problemas.
Con el argumento de que recibieron un país en ruinas, los morenistas y sus aliados han centrado sus energías en armar cuentos que les echan la culpa a “los neoliberales”. Es una clase política conformada por representantes emergentes, improvisados, cuadros del viejo PRI y algunos del PAN reciclados en el disfrute de una inédita hegemonía que López Obrador construyó.
Son diputados y senadores dedicados a exaltar “el legado del expresidente”, sabedores de que están ahí gracias al apoyo popular que él acumuló con una política social y salarial premiada en las urnas. Heredera del llamado nuevo régimen, la presidenta Sheinbaum goza del aval de una sociedad que bajo la conducción de AMLO terminó por normalizar el poder paralelo del narco.
Con ese telón de fondo, desde 2018 el discurso oficial venía trivializando el saldo de muerte de los arraigados códigos de violencia criminal que marcan la vida cotidiana en varias zonas del país.
El hecho que la Presidenta tenga una popularidad superior a 80% permite establecer la hipótesis de que el legado incluye la percepción colectiva de que problemas como el reclutamiento forzado y las desapariciones siguen siendo culpa del pasado.
Y aunque llegamos al primer medio año de gobierno de Sheinbaum con la exigencia de Trump de cortarle la cabeza a los operadores de la normalización de la violencia criminal, la fiesta patriotera continuó en el Congreso.
“A México se le respeta”, gritaban por el amago arancelario de EU y siguieron gritando esta semana los legisladores de la 4T en contra de Olivier Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, por haber señalado omisiones del Estado mexicano en esta tragedia.
El enojo morenista contra un lenguaje internacional de defensa de los derechos humanos no logró difuminar la realidad que obligó, el 4 de abril, a la presidenta Sheinbaum a pausar su reforma en materia de desapariciones. Esa realidad es que la legitimidad de cualquier cambio jurídico depende de la escucha y del diálogo que el gobierno tenga con las familias de los desaparecidos. De ahí los encuentros de la secretaria Rosa Icela Rodríguez.
El giro presidencial fue relevante después de semanas en que la propaganda 4T pretendió señalar a las madres como autoras “del montaje” en el rancho Izaguirre.
Hasta entonces, sólo la oposición había señalado que, sin las familias y sus colectivos, ninguna reforma tendría futuro. Ahí están las iniciativas de Manlio Fabio Beltrones, senador independiente; del diputado Rubén Moreira (PRI) y de las bancadas del PAN en ambas cámaras. Pero esta semana, los diputados del PVEM se sumaron al reconocimiento de la realidad con una iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes dentro del tipo penal de corrupción de menores.
Rompiendo la línea oficialista de ignorar a las madres, la bancada del PT venía organizando el foro Personas desaparecidas: lucha por la memoria y la justicia. Diagnósticos y propuestas legislativas, en el que este martes se escucharon llantos desgarradores sobre la carnicería humana que fue Teuchitlán, historias de terror que llevan a los familiares al silencio en Sinaloa, Michoacán, Jalisco y relatos de la indolencia de todas las autoridades.
“El Poder Legislativo no puede ser omiso e indolente ante una realidad dolorosa que hiere”, asumió el diputado petista Reginaldo Sandoval. “Estoy en búsqueda de mi hijo, desapareció el 12 de septiembre”, narró Silvia Guerra.
“¿Cómo puede tener más peso un grupo delincuencial organizado que desprestigia la noble labor que hacen las madres?”, reclamó Viridiana Remigio. “A veces no podemos hablar de más, porque nos están matando, no hay seguridad para las personas buscadoras”, contó Irma Arellanes.
En el Senado coexistieron la escucha y la sordera.
De un lado la presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez (Morena) y algunos de sus integrantes –Claudia Anaya (PRI), Ricardo Anaya (PAN), Karla Toledo (PRI)– están recibiendo las propuestas de los colectivos.
¿Qué piden? Que en la reforma se incorporen medidas para el resguardo de la cadena de custodia de sus hallazgos, reconocimiento a la figura legal de buscadoras y que la Guardia Nacional o corporaciones federales las acompañen.
Pero, desde la negación de la realidad, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el jefe de los morenistas, Adán Augusto López, escenificaron su postura cuando instruyeron el operativo de limpia de los rostros y las fichas de búsqueda que en señal de protesta montaron en las banquetas del recinto las madres que fueron a reclamarles el pronunciamiento en contra de Naciones Unidas. Exigían a Morena una disculpa por negar las desapariciones forzadas que, recordaron, son más de 120 mil. “Estamos encabronadas y lo que le sigue”, gritó Jaqueline Palmeros, de Una Luz en el Camino.
Y es que entre la escucha y la sordera se mueve hoy un Congreso al que llegaron las quejas en contra de Teresa Reyes Sahagún y Rosario Piedra Ibarra, titulares de las comisiones nacionales de Búsqueda y de Derechos Humanos, cuya remoción exigieron los legisladores del PAN la noche del jueves al manifestarse en la sede de la CNDH. Es un lugar común decir que la oposición no cuenta. Lo preocupante es que en el caso del Congreso se ha ignorado a la realidad, no les importa. Pero esta semana, por fin, se les coló con el dolor de las buscadoras.
P.D.: Tomamos una pausa y nos reencontramos el sábado 26 de abril.
