- La iniciativa amplía el concepto de víctima directa para incluir legalmente a familiares y colectivos de personas desaparecidas.
- Entre 2021 y 2024, 22 personas buscadoras fueron asesinadas; 15 de ellas durante la actual administración, y 8 eran mujeres.
El senador priista Pablo Angulo Briceño, presentó una iniciativa para reformar los artículos 4 y 9 de la Ley General de Víctimas, con el objetivo de reconocer legalmente a las Madres Buscadoras y sus colectivos como víctimas directas de delitos y violaciones a derechos humanos.
La propuesta de reforma busca que los familiares de personas desaparecidas —como madres, padres, hijos, abuelos y hermanos— sean considerados víctimas directas, y que los colectivos de familiares también gocen de un reconocimiento legal pleno, con acceso a medidas integrales de protección, atención y reparación por parte del Estado mexicano.
“Es necesario que el Estado brinde efectividad a las madres en su reconocimiento como víctimas, en un entendido eficiente y capaz de brindarles las medidas necesarias, como se acredita en el marco jurídico”, señala el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La exposición de motivos enfatiza el papel fundamental que han jugado las Madres Buscadoras en visibilizar la desaparición forzada en México y denuncia la violencia sistemática en su contra. Solo entre 2021 y 2024, 22 personas buscadoras fueron asesinadas; 15 de ellas durante la actual administración, y 8 eran mujeres.
Entre los cambios propuestos, destaca el reconocimiento de la víctima directa no solo como la persona desaparecida o afectada, sino también de sus familiares consanguíneos y por afinidad, sin limitación de grado en línea recta.
Asimismo, se plantea que: “Las víctimas familiares tendrán las medidas de asistencia y atención más amplias por parte de la Federación y de las Entidades Federativas. Los colectivos gozarán del conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, de protección y de seguridad”.
La iniciativa también se inscribe en los compromisos de México con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
