- Urge que el Presidente del Senado publique la reforma constitucional de salarios; 31 congresos locales ya la aprobaron
Del paquete de reformas constitucionales aprobadas en los últimos seis meses, destaca la que establece el salario base de maestras, maestros, personal de salud y personal de seguridad pública equivalente al salario promedio del IMSS (actualmente $ 18,000), y que el salario mínimo de todas y todos los trabajadores nunca podrá estar debajo de la inflación.
Esta reforma constitucional fue aprobada entre septiembre y octubre por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y está documentado por la propia Secretaría de Gobernación que ya fue avalada por 31 congresos estatales, cumpliéndose el requisito constitucional para que sea promulgada. (Se cuenta con los acuses de recibo del Senado provenientes de 23 Congresos estatales).
Aunado a ello, el 1 de octubre, la Presidenta de la República sostuvo el compromiso de ejecutar este incremento salarial en su discurso ofrecido en el Zócalo de la Ciudad de México.
No obstante, el Senado de la República, como cámara receptora de los votos de las entidades federativas, no ha emitido la declaratoria de constitucionalidad correspondiente, lo cual constituye una anomalía inédita e injustificada.
Es por ello que hemos realizado las siguientes acciones:
- En la Cámara de Diputados denunciamos el hecho en dos ocasiones y exigimos realizar un extrañamiento a la Presidencia del Senado, cosa que no fue avalada por el Presidente de la Cámara de Diputados en ninguna ocasión.
- Acudimos al Senado de la República, en compañía del Coordinador de Movimiento Ciudadano, Sen. Clemente Castañeda, a entregarle copias de los votos de las entidades federativas al Presidente del Senado para evidenciar que no hay ningún pretexto para que no se emita esta declaratoria de reforma constitucional.
- Informamos a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum, de esta anomalía injustificada, y de su Secretaría Particular, al día siguiente, turnaron el asunto a la Secretaría de Gobernación, misma que nos informó que lo único que hace falta es que el Senado de la República les remita el proyecto de decreto. (Se anexan copias de las 4 comunicaciones).
Lo que estamos atestiguando es una distorsión de la voluntad popular arbitraria por parte del Presidente del Senado de la República, Sen. Gerardo Fernández Noroña, y una violación flagrante al proceso legislativo establecido en la Constitución, aunado a que se está impidiendo la posibilidad de incrementar los salarios de millones de servidores y servidoras públicas de México.
No está de más señalar las implicaciones de esta arbitrariedad de la Presidencia del Senado. Sólo por citar un ejemplo, la mayoría de las y los integrantes de la Fuerza Armada Permanente, incluida la Guardia Nacional, perciben, en promedio, $11,000 mensuales, quienes en muchos casos pueden ser objeto de reclutamiento por parte de los grupos de la delincuencia organizada.
La dignificación del servicio público es un paso fundamental para construir un México más fuerte y es una causa central de Movimiento Ciudadano. La mejora salarial de quienes realizan labores docentes, de salud pública y de seguridad pública es un propósito loable, una política viable que nos beneficia a todas y todos, y un acto de justicia social, por lo que resulta inexplicable que, después de casi seis meses, el Presidente del Senado de la República no quiera emitir la declaratoria de reforma constitucional.
No existe una sola justificación para que la Mesa Directiva del Senado de la República no emita, de inmediato, esta declaratoria de reforma constitucional, por lo que una vez más le exigimos a su Presidente que lo haga en la próxima sesión ordinaria de esa cámara.
