CNN.- La Corte Suprema permitió el lunes al presidente de EE.UU. Donald Trump aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros por ahora, otorgando a la Casa Blanca una victoria significativa que permitirá a los funcionarios de inmigración confiar en una amplia autoridad de tiempo de guerra para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas.
La decisión sin firmar en el caso, la apelación de emergencia en la Corte Suprema, permite a Trump invocar la ley de 1798 para acelerar las deportaciones mientras el litigio sobre su uso se resuelve en tribunales inferiores. El tribunal enfatizó que las personas deportadas en adelante deben recibir una notificación de que están sujetas a la ley y la oportunidad de que se revise su deportación.
Los tres jueces liberales de la corte discreparon de la decisión, y la jueza Amy Coney Barrett, miembro del ala conservadora de la corte, discrepó parcialmente.
Trump presentó su apelación de emergencia como una disputa sobre el poder judicial y, específicamente, la orden del juez federal de distrito James Boasberg que impidió temporalmente que el presidente aplicara la Ley de Enemigos Extranjeros contra cinco venezolanos que demandaron y un grupo más amplio de personas que podrían verse afectadas; en otras palabras, cualquier otra persona. Al acceder a la solicitud del presidente, la Corte Suprema anuló las órdenes de Boasberg.
Fundamentalmente, el tribunal dejó claro en su orden sin firmar que los funcionarios deben notificar adecuadamente a los migrantes sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros de Trump sobre su expulsión en virtud de la autoridad en tiempos de guerra, para que tengan tiempo de presentar demandas de hábeas corpus.
Una preocupación clave entre los abogados que representan a los migrantes ha sido que la prisa del gobierno por expulsarlos en virtud de la ley les deja poco o ningún tiempo para presentar dichas demandas.
“La notificación debe proporcionarse en un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar el hábeas corpus en la jurisdicción correspondiente antes de que se produzca dicha expulsión”, escribieron los jueces, y añadieron: “Los detenidos sujetos a órdenes de expulsión en virtud de la ley tienen derecho a ser notificados y a tener la oportunidad de impugnar su expulsión”.
