El Congreso lleva desde septiembre que inició la actual legislatura sacando a destajo iniciativas del Poder Ejecutivo, primero el llamado plan C y ahora las iniciativas de la presidenta Sheinbaum.
La coalición Morena, PVEM y PT pasó las reformas heredadas por el expresidente López Obrador y, en el caso de las enviadas por la mandataria, podría decirse que casi intactas.
Y es que cuando llegó la propuesta de prohibir el nepotismo electoral a partir de 2027, los coordinadores morenistas y verdes de ambas cámaras pospusieron ese veto para 2030.
A no ser por ese ajuste donde los legisladores metieron mano, el resto de las reformas que se vienen aprobando fueron de la autoría del Ejecutivo federal.
No es un fenómeno nuevo. En un país presidencialista, el gran legislador es el mandatario federal en turno. Pero esta vez ha sido escandalosa la ausencia de reformas formuladas por los propios legisladores. Claro que han presentado centenares de iniciativas.
Pero, hasta el momento, ninguna procedente de los 500 diputados y de los 128 senadores adquirió vida propia. Se trata de un fenómeno que ha convertido a los parlamentarios de las bancadas oficiales en levantadedos.
Mientras los representantes del PAN, PRI y MC carecen de fuerza para sacar adelante por sí solos un decreto.
En los próximos días, sin embargo, habrá una oportunidad relevante para que los diputados construyan aportaciones en un tema en el que se han formulado llamados de SOS por parte de las principales fuerzas políticas.
Nos referimos a la crisis de las personas desaparecidas, las colectivas buscadoras, las fosas de restos que se encuentran en distintas entidades, con el escalofriante caso del llamado “campo de exterminio” en Teuchitlán, Jalisco.
Y es que todo parece indicar que, si bien habrá señalamientos de la oposición en contra en algunos aspectos de militarización excesiva, todos los diputados arroparán las leyes que en materia de seguridad nacional envió el gabinete de seguridad, con el secretario Omar García Harfuch al frente.
El punto de inflexión es que nadie puede regatearle a la presidenta Sheinbaum, incluido el gobierno de Trump, que aun cuando falta mucho por hacer, la estrategia de los abrazos quedó atrás. El debate de las leyes de coordinación, inteligencia, plataforma tecnológica e informativa y la nueva distribución estratégica de tareas entre los tres niveles de gobierno, en la prevención y la persecución de delitos, entrará en los próximos días a su punto álgido.
Dos cuestionamientos de una misma moneda serán parte de esta discusión, aun cuando desde el discurso oficial se pretenda ningunearlos: el manejo del registro de homicidios y desapariciones, y la deficiente atención del gobierno a éstas.
A inicios de marzo, antes del descubrimiento en Jalisco, el diputado Gibrán Ramírez (MC) llevó hasta San Lázaro la denuncia de buscadores de la existencia de un protocolo oculto y del descuido deliberado con el que actúan en las fiscalías de la CDMX y el Estado de México.
“Acuso al Gobierno de la Ciudad de México de tener un protocolo secreto para esconder los homicidios en los números de desapariciones. Lo primero que tienen que hacer es reconocerlo”, señaló el legislador emecista.
En la dirigencia de Acción Nacional, a cargo del diputado federal Jorge Romero, han centrado sus propuestas en cambios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para obligar a los gobiernos a reportar los delitos graves, de acuerdo con reglas y formatos estandarizados que sean auditables, con criterios uniformes.
Con la bancada panista coincide la priista al denunciar que el gobierno federal manipula las cifras para hacerle creer a la ciudadanía que la violencia disminuye cuando en realidad se está incrementando sin control.
Rubén Moreira, jefe del PRI en la Cámara, con la diputada Leticia Barrera plantearon este martes que uno de los reclamos de las madres buscadoras es la transparencia en el número de personas desaparecidas con respecto a los homicidios registrados.
Y en un acto de desesperación que muestra la gravedad del problema, la exdiputada federal y ahora presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, llegó hasta la Cámara el miércoles para presentar una reforma que permita el registro con identificación oficial de las personas que se trasladan en autobuses.
La morenista contó: “En la Central Camionera de Guadalajara, conocida como Central Nueva, ubicada en San Pedro Tlaquepaque, se ha identificado el modus operandi: mediante ofertas de trabajo falsas, reclutan a jóvenes que, lamentablemente, muchos de ellos son desaparecidos”.
Los morenistas Alfonso Ramírez Cuéllar e Irma Juan Carlos y la diputada Claudia Salas, de MC, respaldaron la propuesta.
Son acciones que muestran una preocupación común que bien podría romper el desgastado recurso de repartir culpas y la vulgar competencia parlamentaria para documentar en qué sexenio estuvimos peor.
El horror que nos ha estallado en los últimos días es un buen motivo para que los legisladores se sacudan el letargo y hagan, por fin, lo que les corresponde.
Y le ayuden al gobierno a reconocer esta crisis humanitaria sin recurrir a la grotesca comparación de cuándo hubo más o menos sufrimiento por desconocer dónde se encuentran los seres queridos.
