Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
La reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que se pretende discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo 1° de febrero tiene el potencial, al menos en el papel, de redefinir el acceso a la vivienda en México. Sin embargo, como ocurre con cualquier iniciativa de gran alcance, plantea importantes interrogantes sobre su viabilidad e impacto en los derechos de las y los trabajadores.
Entre las propuestas más significativas está la creación de una empresa filial del Infonavit, paralela, enfocada en la construcción y mantenimiento de viviendas sociales, con el ambicioso objetivo de edificar un millón de viviendas para finales del sexenio; es decir, cerca de 170 mil viviendas al año. Este planteamiento responde a una necesidad apremiante: más de 9 millones de trabajadoras y trabajadores enfrentan barreras para acceder a una vivienda digna; especialmente entre los más jóvenes. El modelo de arrendamiento social, que limita el costo del alquiler al 30% del salario y ofrece la posibilidad de compra tras un año, lo que busca ser una alternativa accesible.
Otra modificación importante es la implementación de auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Este paso, en teoría, refuerza la transparencia y la rendición de cuentas, dos áreas históricamente cuestionadas en el manejo de los recursos del Infonavit. Asimismo, la propuesta de reducir los requisitos para acceder a créditos hipotecarios, como bajar el puntaje mínimo y eliminar restricciones por antigüedad laboral, abre la puerta a más trabajadores, aunque plantea dudas sobre la sostenibilidad financiera del fondo.
Uno de los puntos más controvertidos es el manejo de los 2.4 billones de pesos acumulados en las subcuentas de vivienda. Aunque se asegura que estos recursos seguirán siendo patrimonio exclusivo de las y los trabajadores, la posibilidad de utilizarlos para financiar proyectos de vivienda genera inquietudes legítimas. Este fondo representa no solo un ahorro, sino un respaldo patrimonial para millones de trabajadores, y su uso inadecuado podría comprometer su estabilidad a largo plazo.
La reducción del número de integrantes en el Consejo de Administración del Infonavit también ha despertado críticas. Aunque se argumenta que esto mejorará la eficiencia en la toma de decisiones, podría alterar el balance tripartito entre trabajadores, empresarios y gobierno, afectando la representación de los sectores involucrados.
Por otro lado, la exclusión del Infonavit de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un cambio significativo que, combinado con las nuevas reglas financieras dictadas por la Secretaría de Hacienda, genera preocupaciones sobre el equilibrio entre autonomía operativa y control gubernamental.
El objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada es incuestionablemente justo y necesario. Sin embargo, las críticas apuntan a la necesidad de establecer salvaguardas que eviten que los cambios en la gobernanza y el uso de los recursos pongan en riesgo el ahorro de los trabajadores.
El enfoque hacia el arrendamiento social y la reducción de barreras para acceder a créditos hipotecarios responde a las necesidades de una población laboral cada vez más heterogénea. No obstante, estas propuestas requieren de una implementación cuidadosa para evitar desequilibrios financieros y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan.
El debate sobre esta reforma debe centrarse en equilibrar las legítimas demandas de acceso a vivienda digna con la protección de los derechos laborales y patrimoniales de los trabajadores. Es crucial que el proceso legislativo considere las múltiples voces involucradas y que las modificaciones finales refuercen tanto la viabilidad económica del Infonavit como su compromiso con los trabajadores.
Solo así podrá consolidarse como una reforma transformadora y sostenible, en lugar de un riesgo para el patrimonio laboral de millones de mexicanos.
APUNTES CLAVE:
DISCUSIÓN: Durante la reunión de Comisiones Unidas de Vivienda, y Trabajo Previsión Social, en la Cámara de Diputados, el diputado Erubiel Alonso Que criticó la administración del Infonavit, señalando falta de transparencia en el manejo de los recursos y advirtió sobre riesgos en proyectos habitacionales. Argumentó que ni los estados ni los municipios tienen recursos para construir viviendas, calificando las estrategias del gobierno como inviables y peligrosas para la clase trabajadora. También destacó fracasos en otros proyectos públicos, como Pemex y el Tren Maya, y acusó ausencia de fiscalización externa en el instituto. //CASAS VIOLETA: El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta anunció la instalación de 15 Casas Violeta en los primeros 100 días de su gobierno para proteger a mujeres víctimas de violencia. La primera se abrirá en Acatlán de Osorio el 27 de enero. Estos espacios brindarán asesoría legal, atención psicológica, médica y apoyo integral, priorizando comunidades indígenas y marginadas. Coordinados con el DIF y la Fiscalía, buscarán garantizar justicia y seguridad para todas las mujeres. //INSEGURIDAD: El diputado federal Rubén Moreira criticó la gestión de los gobiernos de Morena en materia de seguridad, señalando que según la ENSU del Inegi, 61.7% de la población en 91 ciudades percibe mayor inseguridad. Destacó casos como Villahermosa, Culiacán y Uruapan, con altos índices de percepción de inseguridad, mientras que ciudades gobernadas por la oposición, como Piedras Negras y Saltillo, reportan mayor tranquilidad. Además, mencionó que la percepción de inseguridad es mayor entre las mujeres (67%) //GENTRIFICACIÓN: La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó medidas para combatir la gentrificación en la capital. Estas incluyen la rehabilitación de viviendas en Tlatelolco y la creación de opciones de renta accesibles para jóvenes. El objetivo es garantizar el acceso a la vivienda para sectores vulnerables y preservar inmuebles históricos en riesgo.
