La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció que su gobierno será para todos los mexicanos. Es una definición que, tomada de manera literal, nos permite preguntarnos si la mandataria tiene en mente hacer una pausa a la polarización en algún momento de su sexenio.
Por lo pronto y sin embargo, la comunicación gubernamental y la agenda legislativa siguen sustentadas en la demonización de presuntos adversarios que el presidente López Obrador etiquetó así. Esta continuidad es explicable porque la conversación presidencial y parlamentaria desde el 1 de octubre a la fecha se ha centrado en defender el plan C que el exmandatario heredó a los suyos desde febrero.
Un plan diseñado para modificar 51 artículos de la Constitución mediante 18 reformas que estarán casi completadas en los próximos días, con excepción de la electoral que queda pendiente. Pero las modificaciones más relevantes se concretaron esta semana, en el Senado, con el entierro de siete organismos autónomos y el registro de los aspirantes a renovar el Poder Judicial.
De manera que con noviembre se consuma el fin de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como funcionó en las últimas tres décadas, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la carrera judicial de más de mil 600 jueces y magistrados
Consecuentemente, a dos meses de iniciada la gestión de la primera Presidenta de México, es prematuro pretender una evaluación del estilo propio de gobernar. Porque, además, ante el peso de la agenda heredada, resulta ocioso esperar que la actuación de Claudia Sheinbaum será ajena a la de su antecesor, quien encabezó y mantiene un inédito liderazgo político y social.
“Somos un mismo movimiento”, ha dicho la Presidenta y la reivindicación de ese concepto implica continuidad en proyectos sociales, en la deliberada búsqueda de una buena relación con la iniciativa privada y socios comerciales y en el rechazo al diálogo con la oposición.
Llama la atención que los escasos intentos por matizar esa polarización estén permanentemente naufragando en expresiones que parecerían profundizar ese legado.
Es el caso del manejo en el relevo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde al dejar correr el proceso de evaluación de aspirantes a ocupar la presidencia, se abrió la ventanilla del intercambio con organizaciones de la sociedad civil, después de seis años de estigmatización y veto.
Una presunta reapertura que se abortó cuando se impuso, en el Senado, la reelección de Rosario Piedra Ibarra, aun en contra de las opiniones de activistas y defensores y de la baja calificación obtenida en el proceso que los propios legisladores realizaron. Fue un episodio que terminó enviando un mensaje presidencial de desdén a esas organizaciones, confirmando que en los gobiernos de Morena lo que cuenta es la militancia partidista, requisito que podría convertirse en la llave de ingreso al futuro Poder Judicial. En contraste con esta continuidad en la que pareciera no existir margen para la aceptación de la crítica, el cuestionamiento y las contrapropuestas, el nuevo gobierno registra algunas medidas de diferenciación.
Nos referimos a definiciones obligadas por la terca realidad en dos rubros: la necesidad de enviar señales de certidumbre a los mercados y el reconocimiento implícito de que la narcopolítica es un enjambre, tal es el nombre del operativo que en contra de la violencia criminal se aplicó en el Estado de México, el viernes 22 de noviembre.
En el primer caso, fue evidente el deliberado discurso dirigido a los inversionistas que los diputados de Morena lanzaron el martes anterior, durante la aprobación del proyecto de ingresos para 2025, aclarando en varias ocasiones que el endeudamiento registrado este año fue una situación atípica que ahora comenzará a revertirse.
“El compromiso del gobierno es de finanzas sanas, de responsabilidad fiscal, de un manejo disciplinado del gasto, para dar certeza a las inversiones, para que los mercados mundiales sepan que en este país se manejan las finanzas con mucha disciplina y eficiencia”: Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena).
“Ante los escenarios volátiles que vive el mundo con presiones proteccionistas, incluso riesgos de guerra, la presidenta Sheinbaum y el secretario Ramírez de la O están apretando el cinturón al gobierno y haciendo un esfuerzo por disminuir el déficit en dos puntos del PIB”: Carol Antonio Altamirano (Morena).
Y en cuanto al tema de la seguridad, si el Operativo Enjambre va en serio, éste deberá extenderse a Guerrero, Michoacán, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Chihuahua y un largo etcétera, donde el retórico cierre de filas sería indispensable para que las complicidades entre delincuencia y autoridades locales, con alcaldes incluidos, no se quede en humo mediático.
Los que conocieron en el sexenio de Felipe Calderón las tripas del denominado Michoacanazo saben que el tejido fino del secretario de SPC federal Omar García Harfuch, viene de la escuela policial del tan defenestrado Genaro García Luna, blanco preferido de la 4T. Asumir que la narcopolítica nos está corrompiendo y que no tiene partidos ni ideología resulta fundamental en un tema en el que, evidentemente, la Presidenta está rompiendo con los abrazos, no balazos.
Cumplido ya el plan C de López Obrador y frente a la imprescindible defensa de los intereses nacionales en la coyuntura que viene con el presidente Donald Trump, la presidenta Sheinbaum tendría una gran oportunidad para bajarle a la belicosidad política interna. A menos que prefiera el engrudo de la división eterna.
