En medio de acusaciones recíprocas de ser representantes de la narcopolítica, diputados de la coalición gobernante y de la oposición dejaron testimonio de vivir en un país de extorsionadores, presos sin sentencia y mercaderes del fentanilo.
Ocurrió en la sesión del 13 de noviembre, en la aprobación de la reforma al Artículo 19 de la Constitución, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Enviado a los senadores para continuar con el proceso parlamentario, el dictamen incorpora la extorsión y la producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas, como el fentanilo, a esta figura penal que permite llevar a la cárcel a los presuntos culpables, sin un juicio de por medio.
Morena, PT y PVEM siguen en la narrativa de que el México actual es culpa del neoliberalismo y del gobierno de Felipe Calderón.
“Ustedes piensan que nosotros somos el narco Calderón y García Luna, con los Vallarta y Florence Cassez, o que somos Peña con los presos políticos de Atenco o con Lord Montajes, porque ustedes acá vienen a hablar de lo que conocen, de utilizar la prisión preventiva en contra de sus enemigos”, señaló la petista Lilia Aguilar Gil.
PAN, PRI y MC criticaron la fallida estrategia de abrazos, no balazos y la falta de seriedad en las medidas gubernamentales, al obviar los problemas de las fiscalías y debilitar a las policías locales.
“Se dedicaron a lavarle el dinero del fentanilo al narco. Son unos farsantes que combaten a la inseguridad con propaganda y que, como partido del fentanilo y del huachicol, ganan elecciones con el narco y luego los traicionan, como en Sinaloa y pretenden que nosotros les ayudemos a arreglar un problema que ustedes generaron”, recriminó Federico Döring (PAN).
Si bien los votos de la oposición son insuficientes para frenar una reforma, el diagnóstico quedó ahí: casi 100 mil personas están en la cárcel bajo la figura de prisión preventiva oficiosa; 45% de esos presos aún no ha recibido una sentencia; más de 60% tiene menos de 35 años.
En el sexenio que acaba de concluir, la población en prisión preventiva aumentó en 25%.
Tres de cada 10 personas en prisión preventiva oficiosa pasan más de dos años encarceladas. Y cinco de cada 10 mujeres en prisión están esperando una sentencia.
Ese abuso, señaló la oposición, pinta de cuerpo entero el fracaso del sistema de procuración de justicia en México.
Lo peor: en la reforma de 2019 se incluyeron en el catálogo, entre otros delitos, el robo de transporte de carga. Éste aumentó en 380% y el huachicol se duplicó. Entonces se dijo que en cinco años se evaluaría si la medida funcionó. Nunca sucedió.
“Estas reformas buscan meter a cualquier persona a la cárcel”, acusó la diputada Annia Gómez (PAN).
“Han matado la presunción de inocencia, han matado los derechos humanos”, dijo el diputado César Alejandro Domínguez (PRI).
En varias intervenciones se citó el criterio emitido hace cinco años por el ministro Arturo Zaldívar: la prisión preventiva oficiosa es una pena adelantada que contraviene los derechos humanos. Y es que, según las estadísticas, sólo tres de cada 10 personas sujetas a esta medida son declaradas culpables, mientras que 70 por ciento resulta inocente.
Marcelo Torres Cofiño (PAN) resumió: “Hubo 199 mil 619 personas asesinadas durante el sexenio obradorista, un promedio de 94 por día, ¿es lo que lograron con la ampliación de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa y la militarización del país?”.
Los defensores de la reforma también ofrecieron datos contundentes. Hablaron de la urgencia de frenar la producción, fabricación, transporte y exportación de fentanilo que, se reconoció, ha causado muertes incrementadas en el último año por el mil 40 por ciento, según reclamos de Estados Unidos.
José Alejandro Peña Villa (Morena) dijo: “En 2022 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión; 5 mil 375 extorsiones por cada 100 mil habitantes. Entre enero de 2018 y octubre de 2023, la incidencia aumentó 26 por ciento”.
El diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, exsubsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, admitió la gravedad: “La extorsión es un impuesto criminal. Los criminales confiscan ingresos legítimos de millones de mexicanos. Hay organizaciones delictivas que han construido un imperio criminal, cobran extorsión por el huevo, por el pollo, por la carne, por el refresco, por el cemento”.
Se dijo que las entidades federativas más afectadas son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Morelos e Hidalgo. Pero también se habló de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
De Baja California, Ana Erika Santana González (PVEM) describió: “Este delito rige el precio del limón, del aguacate, de la pesca en mi estado”.
Celia Fonseca Galicia (PVEM) reveló que, tan sólo en abril, este delito subió 17%.
Y no dejó de ser paradójico el cuestionamiento de Sandra Anaya Villegas (Morena) al sexenio de Calderón por el cobro de piso, que actualmente afecta a Morelos, cuando el exgobernador de la entidad es su compañero de bancada, el diputado Cuauhtémoc Blanco.
Pero más allá de las leyendas negras que llegan a la tribuna de San Lázaro, los datos y las declaraciones que se ventilaron este miércoles dieron cuenta de una realidad de violencia y de la incapacidad estructural e institucional para frenar al crimen organizado.
