SERÍA de consecuencias negativas la posibilidad obvia de un aplazamiento o cancelación, en el peor de los casos, de la presa “Milpillas”, debido a presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios del sexenio pasado a los que aludió el Secretario de la Función Pública.
LAMENTALE la declaración de Ernesto González Romo refiriendo irregularidades por más de 215 millones de pesos porque nos enfrentaríamos a un obstáculo mayúsculo que impediría la concreción de una obra que necesitamos urgentemente en Zacatecas.
FRUSTRAR el avance aprovechando la buena disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum sería lo peor que pudiera pasarle a un estado donde la necesidad de agua es la constante y “Milpillas” representa enorme oportunidad de atender el tema.
EL PROYECTO no ha pasado de eso con la agravante de supuestos malos manejos además de la inconformidad de propietarios de terrenos que se sienten afectados al construirse la presa. En todo caso estamos ante una situación esperada y desalentadora.
“MILPIILLAS” representa una opción de hondo calado para una amplia región de la entidad de modo que los responsables ahora de eliminar obstáculos y avanzar tienen que demostrar amplia capacidad para lograrlo y llevar los trabajos a una realidad.
POR IRREGULARIDADES que honestamente desconozco se acusa corrupción y eso, además de detestable, podría impedir retomar o bien aplazar la obra cuando, de suyo, se trata de uno de esos planes que suelen llevar mucho tiempo en su ejecución.
DEL PASADO lo que correspondería, supongo, es actuar y aplicar todo el rigor de la ley pero me temo que eso no traería consigo la recuperación de dinero como si se tratara de un trueque simple. El tema es de fondo y de una evidente situación anómala.
CUALQUIER alternativa debe ponerse sobre la mesa con el ánimo de destrabar el problema. Decirlo es muy sencillo, hacerlo todo un trámite burocrático y complicado que requiere, obviamente, la intervención de autoridades en caso de tratarse de malversación de fondos públicos.
TEMA complejo el de Milpillas. La declaración estridente no sirve de nada y ya se perdieron tres años en los que la Secretaría, hoy a cargo de González Romo, debió actuar legalmente, sin embargo no ha sido así y estamos atrapados sólo en la retórica.
DEBE haber alguna opción para casos como este, porque está clara la viabilidad de la presa y la enorme necesidad de contar con ella con la ventaja de que está en los planes del gobierno federal. Sería patético que una vez más se dejara pasar la oportunidad de lograrla.
ATENDERSE y resolver cualquier impedimento requiere voluntad política que no significa claudicar ante posibles actos irregulares, pero si la posibilidad de subsanar lo que sea necesario para avanzar hacia el objetivo específico de la presa que anhelamos.
