A juzgar por las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el jefe de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ya no hay vuelta atrás en el entierro de los siete órganos autónomos constitucionales que Andrés Manuel López Obrador decidió extirpar del Estado mexicano.
Y para concretar el encargo del exmandatario este miércoles se activó en San Lázaro la etapa terminal del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo de Evaluación de Políticas Sociales (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Nos referimos a la publicación del dictamen aprobado en agosto por la anterior legislatura, es decir, al trámite que es la antesala del debate y la votación de la llamada Reforma de Simplificación Orgánica, lo cual podría darse en las sesiones del martes o miércoles de la siguiente semana.
Se trata del fin de una etapa en la que se consideró que el estructural y excesivo poder del Ejecutivo federal debía contar con contrapesos que delimitaran su actuar, obligándolo a rendir cuentas sobre sus actos de gobierno como el uso de los programas sociales, la eficacia de las estrategias educativas y el manejo de los recursos de la nación. Desde las concesiones del espectro radioeléctrico hasta los hidrocarburos.
Porque más allá de la eliminación de siete siglas, asistimos al cierre de un tramo de nuestra historia en la que a través del acuerdo entre gobiernos federales y fuerzas partidistas se edificó un andamiaje para regular el poder público en un sistema presidencialista frente a los intereses de los particulares. Desde la asignación de los negocios del transporte hasta los monopolios de la telefonía, pasando por farmacéuticas, productores de huevo o energía eléctrica.
Porque de eso se trata esta reforma, del aniquilamiento de órganos que, al margen de las instrucciones del Ejecutivo Federal, venían garantizando derechos constitucionales, como es el de conocer qué hacen con los recursos públicos nuestros gobernantes, cómo asignan obras y hacen compras y cuáles son sus resultados comprobables.
Como parte del denominado plan C del expresidente López Obrador, el decreto modifica los artículos tercero, sexto, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución, purgando de ésta uno de los conceptos más odiados por el nuevo régimen: la autonomía.
Y es que el diseño institucional que la Presidenta heredó busca, por el contrario, el alineamiento de todos los factores de poder, sean políticos, económicos o culturales. ¿Disentir? ¿Cuestionar? ¿Evidenciar? ¿Evaluar? ¿Transparentar? No son acciones bienvenidas en un proyecto político que, sin descanso, busca someter, asimilar y unificar. Por eso, aun cuando ha trascendido que parlamentarios del PVEM tienen dudas frente a la destrucción de instituciones que, en su momento, contribuyeron a diseñar, a la hora de votar se habrán de disciplinar al discurso de Morena y PT: el pueblo nos dio los votos para tirar al basurero de la historia —ésas son sus palabras— las partes del Estado que los gobiernos neoliberales le incrustaron.
Producto de esa determinación política, ahora mismo centenares —acaso unos cinco mil— de profesionales que se desempeñan en los siete organismos condenados a muerte se encuentran en la incertidumbre laboral. Si bien la retórica oficialista ha prometido que sus derechos serán preservados, una generación de expertos en distintas materias será defenestrada, como sucede ya con jueces y magistrados, a partir de la reforma judicial.
¿Qué hicimos mal?, se preguntan los trabajadores de los autónomos. Al reconocer sus errores, evidencian que cometieron pecados capitales: sus comisionados y responsables decidieron ejercer la independencia; no cedieron a ocurrencias de López Obrador; optaron por cumplir la ley, se rigieron por criterios técnicos más que políticos, continuaron con sus labores a pesar de los recortes presupuestales y de la falta de nombramientos de sus integrantes, callaron frente al golpeteo mediático desde la mañanera y no supieron comunicar los beneficios que aportan a los ciudadanos.
Resignados a una liquidación que no habrá de valorar los bienes públicos —incluso intangibles— que se acumularon en estos siete organismos, sus integrantes serán, además, víctimas de las malas noticias presupuestales para 2025 y que obligarán a los diputados a reducir el déficit fiscal, como la Secretaría de Hacienda se los pide.
Por eso la prisa de darle sepultura a los autónomos, con el propósito de excluirlos del próximo proyecto de egresos.
Es una prisa incompatible con la petición que les hizo la presidenta Sheinbaum a los diputados, la de garantizar en el dictamen la autonomía técnica de las unidades que habrán de absorber en el gobierno las tareas de la Cofece y del IFT, a fin de no incumplir con el T-MEC. Una solicitud que suena a imposible, porque, ¿acaso puede haber tal cosa dentro de una estructura gubernamental?
¿En serio creen que se cumplirá con la transparencia del quehacer público desde las secretarías de Estado? Es preciso saber que con el adiós a los autónomos habrá que despedirse de la autonomía gubernamental frente a los monopolios.
