Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron por mayoría de votos las reformas que envió este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum, que detallan cómo va a ser la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio de 2025.
Los cambios a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y a la Ley de Medios de Impugnación, son para reglamentar lo que no viene establecido en la Constitución.
Además de que se establecen las reglas que el Instituto Nacional Electoral (INE), deberá seguir para organizar estas elecciones.
La morenista Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, defendió las iniciativas:
“La elección de los integrantes del tercer poder de la nación, no debe de ser vilipendiada sin aún saber de su resultado. Conceder el derecho a la gente de ser partícipe de la integración de este en su paso en la consolidación de un México más democrático, pero sobre todo, menos injusto, sin dispendios del erario, con un mejor esquema de revisión de su actuar, y lo más importante que en los hechos aplique la justicia sin distingos de clase social”.
Las modificaciones especifican que el Senado se encargará de emitir la convocatoria general a los tres poderes de la Unión para integrar el listado de las candidaturas de jueces, magistrados y ministros.
“Los procesos serán públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y deberán garantizar la participación de todas las personas interesadas que cumplan los requisitos”.
Se señala que cada poder de la Unión instalará un comité evaluador, conformado por cinco personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, observando la paridad de género.
Estos comités publicarán dentro de los 15 días naturales posteriores a su integración, las convocatoria para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones.
Una vez concluido el plazo para inscribirse en las convocatorias, los comités publicarán la lista de las personas aspirantes que hayan reunido los requisitos constitucionales de elegibilidad.
Luego, procederán a calificar la idoneidad de los perfiles para desempeñar el cargo al que aspiran, tomando en cuenta su perfil curricular, los antecedentes profesionales y académicos.
El último paso de esta etapa son entrevistas públicas a las personas aspirantes para evaluar su competencia y sus conocimientos técnicos.
La oposición se pronunció en contra de estas reformas.
Néstor Camarillo, del PRI, criticó el “fast track” para procesar estos cambios.
“Es un hecho preocupante que debemos de señalar, es que el lunes se entregaron las iniciativas y así sin más ni menos salieron a decir que el miércoles se iban a votar en el pleno. ¿Por qué ?, si es in tema de gran importancia, y México merece un tiempo adecuado para discutirlo y debatirlo, y hacer los ajustes necesarios, porque en unas cuentas horas hacer esto si merece días largos de debate. Que la justicia sea pronta y expedita no significa que reformarla debe de llevar el mismo camino”.
En el dictamen se establece que los aspirantes podrán participar de manera simultánea en dos o más convocatorias emitidas por otros poderes de la Unión por el mismo cargo y circuito judicial o circunscripción plurinominal.
Al final del proceso, los comités elegirán a 10 candidatos por cada cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado electoral y magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina, y 6 candidatos por cada cargo a magistrados colegiados de distrito y por cada juez de distrito.
Finalmente emitirán las listas a cada poder de la Unión para que determinen su conformidad.
Mediante la insaculación pública quedarán sólo tres candidatos por cada cargo de ministro, magistrado electoral y del Tribunal de Disciplina y dos candidaturas por cada cargo de magistrados colegiados y jueces de distrito.
A más tardar del 1 de febrero los poderes podrán remitir las listas al Senado.
En las reformas se establecen cuáles serán funciones que tendrá el INE:
1.- Aprobar el modelo de la boleta, documentación y materiales electorales.
2.- Administrar y distribuir el tiempo que correspondan al Estado en radio y televisión y emitir las reglas y pautas para garantizar este derecho.
3.- Organizar y desarrollar, en su caso, foros de debate entre las personas candidatas y establecer las bases para que las instituciones del sector público, privado o social puedan brindar dichos espacios de manera gratuita, garantizando condiciones de equidad.
4.- Vigilar que ninguna persona candidata reciba financiamiento público o privado en sus campañas.
5.- Determinar los topes máximos de gastos personales de campaña previstos y establecer las reglas de fiscalización.
6.- Garantizar que ninguna persona candidata contrate por sí o por terceras personas espacios en radio o televisión, internet o cualquier otro medio de comunicación para promocionar su candidatura.
7.- Supervisar que ningún partido político o persona servidora pública realice actos de proselitismo o posicionamientos a favor o en contra de candidatura alguna, entre otras.
El dictamen se envió a la Mesa Directiva para ser puesta a discusión y en su caso aprobación en la sesión de este miércoles.
Fechas importantes para la elección en el Poder Judicial
16 de octubre de 2024: El Senado de la República emitirá la convocatoria general dirigida a los tres Poderes de la Unión.
31 de octubre de 2024: Instalación de los Comités de Evaluación encargados de seleccionar a los candidatos.
4 de noviembre de 2024: Publicación de las convocatorias para la ciudadanía interesada en participar.
24 de noviembre de 2024: Inicio del proceso de inscripción para los aspirantes a los cargos judiciales.
15 de diciembre de 2024: Los Comités de Evaluación verificarán los requisitos de elegibilidad, revisando los documentos de los aspirantes.
31 de enero de 2025: Los comités llevarán a cabo entrevistas públicas y seleccionarán a los finalistas idóneos.
4 de febrero de 2025: Los Poderes de la Unión determinarán la conformidad de los finalistas y devolverán los listados a los comités.
5 de febrero de 2025: Los comités insacularán y depurarán los listados definitivos y los remitirán nuevamente a los poderes.
7 de febrero de 2025: Los poderes de la Unión aprobarán los listados depurados y los enviarán al Senado.
12 de febrero de 2025: El Senado integrará, revisará y enviará los listados finales al Instituto Nacional Electoral (INE).
