En una mañanera de “no me van a vencer”, el presidente saca todos los recursos a favor de la reforma al Poder Judicial ante la posibilidad de que los ministros la congelen permanentemente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inició ayer con dos consultas para saber si ella como presidenta de la Corte está facultada para poner revés a la reforma Judicial.
En su conferencia mañanera, el mandatario afirmó que la consulta en la Corte no tendría fundamento constitucional, “sería una arbitrariedad y afectaría la vida pública”.
“Si se aprueba la Reforma Judicial se devolvería su validez a la Constitución, si entre todos logramos eso, será un día de fiesta el día que se apruebe. El pueblo va a elegir, en la democracia el pueblo manda y decide como dice el artículo 39…” Además, sentenció que si la misma SCJN frena dicha reforma, “Sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis discusión y aprobación… seria una arbitrariedad y esto afectaría la vida publica, afectaría desde luego lo que debe ser un autentico estado de derecho seria como optar por a ley de la selva, terminar de dejar de manifestó que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente…”
Aprovechó para “pedir” a los diputados: “estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores veo que Claudio X que es como el jefe de a mafia del poder, el defensor de los intereses de las minorías corruptas del país está abiertamente hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma, quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia y libertad y pongan por delante del interés personal partidista el interés del pueblo, de la nación, no le conviene a México mantener un poder judicial sometido a la delincuencia, el Poder Judicial está podrido”.
Finalmente, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, prefirió acusar a la Fiscalía capitalina por los abusos cometidos contra manifestantes de Xochimilco y evitó decir alguna solución.
